El juego cerrado de partidos políticos es una característica histórica del régimen bonapartista con una máscara democrático-burguesa, signado por el carácter autoritario del Partido de la Revolución Institucional (PRI), creado con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) por los caudillos triunfadores de la Revolución Mexicana, como Plutarco Elías Calles, con el fin de canalizar la disputa por el poder entre los diferentes generales. Desde entonces, la clase dominante le asigna a las clases subordinadas el papel de subordinados ante cada proceso electoral. [1] Esta idea alcanzó su máximo desarrollo con Lázaro Cárdenas, quien logró alinear en el Partido de la Revolución Mexicana —sucesor del PNR y antecesor del PRI— a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Central Nacional Campesina (CNC).
A lo largo de la historia, las políticas proscriptivas del régimen bonapartista en México fueron variando. Las restricciones para la participación de organizaciones obreras y de la izquierda tienen como uno de sus hitos la reforma político-electoral de 1946. Hasta ese año, para constituir un partido político el requisito era presentar al menos 100 personas afiliadas. Con la reforma, la exigencia subió a 30 mil integrantes en el país —con un mínimo de 1,000 en al menos las dos terceras partes de las entidades; y para su constitución, otro requisito era realizar una asamblea en presencia de un notario o funcionario como testigo, quien debía verificar la identidad de las personas que se afiliaban y su domicilio. En 1952, se aprobó otra reforma, la cual estableció que era necesario acreditar a 75 mil afiliados con un mínimo de 2,500 militantes en por lo menos las dos terceras partes del territorio nacional.
Décadas más tarde, las elecciones federales de 1976 fueron históricas porque la única candidatura que se presentó para presidente fue la de José López Portillo, candidato del PRI y apoyada por los votos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y del Partido Popular Socialista (PPS). [2] Ese año, el Partido Acción Nacional tuvo una gran crisis interna por la cual no participó oficialmente de los comicios. Pero con las restricciones para registrar partidos políticos, sumado a la situación del PAN, se llegó a un hito de las restricciones a las libertades antidemocráticas.
Así, en 1977, como una respuesta política “democratizadora” de las instituciones frente al proceso de 1968 y el periodo de luchas obreras y estudiantiles a inicios de la década de 1970, que marcaron un momento de gran pérdida de legitimidad de las instituciones del priato, se realizó una nueva reforma política que tuvo como uno de sus componentes más destacados la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). Esta ley incluía la figura de registro condicionado de partido, lo cual significaba que un partido podía obtener un registro definitivo si lograba por lo menos el 1.5% de los votos emitidos, para alguno de los cargos en los que había presentado candidaturas cuyo registro se había otorgado.
La irrupción del movimiento trotskista en el terreno electoral
En septiembre de 1976 se fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), [3] que se reivindicaba del movimiento trotskista y tenía inserción en el movimiento estudiantil y en sectores del movimiento obrero. En 1977, cuando era reconocida como sección mexicana de la autodenominada IV Internacional [4] y una de las organizaciones que se reclamaban del trotskismo, solicitó su registro como asociación política nacional, que le otorgaron en 1978. Esto lo habilitaba para constituir alianzas electorales con partidos con registro. Para junio de 1981 logró su registro como partido condicionado al resultado de las elecciones, una conquista que despertó el encono de figuras vinculadas al estalinismo, como Heberto Castillo, a cuya organización, el Partido Mexicano de Trabajadores (PMT) le fue negado su registro.
Así fue que para la campaña electoral de 1982 el PRT presentó como candidata presidencial independiente a Rosario Ibarra de Piedra, reconocida activista que tenía desaparecido desde hacía años a su hijo Jesús Piedra Ibarra, militante de la Liga 23 de Septiembre. La dirección del PRT planteó que la participación en las elecciones se concebía como una vía para constituir una alternativa clasista en el escenario político nacional, pero no estuvo exenta de contradicciones, como veremos después.
Desde la década de 1960 el Estado había desplegado la Guerra Sucia, un operativo sistemático de represión para ahogar la protesta social, especialmente enfocado contra la guerrilla y los movimientos sociales. En paralelo a esto, durante el gobierno de José López Portillo, la lucha de clases en México floreció como parte del ascenso internacional de la década de 1970. Trabajadores de la educación media y básica, y de las universidades, de la aviación, de la industria alimenticia, de bebidas y automotriz protagonizaron huelgas y manifestaciones, como la huelga de Nabisco Famosa, o la de Refrescos Pascual. En ese contexto el PRT lanzó su campaña electoral, que fue ignorada por los grandes medios, con excepción de El Universal. [5] Nuria Fernández, intelectual que era parte de Cuadernos Políticos, [6] escribió:
Rosario Ibarra recorrió el país, y en cada lugar convirtió su campaña en un acto de lucha. Se reunió con colonos, campesinos, estudiantes; visitó las huelgas obreras, fue a la puerta de las fábricas a dialogar con los trabajadores; visitó las cárceles y denunció la situación de presos políticos y comunes; se reunió con los gobernadores de los estados para exigirles la amnistía y otras demandas. En cada lugar lanzó una propuesta de lucha concreta. La suya fue radicalmente diferente a otras campañas: una constante convocatoria a la lucha y la organización, a construir las bases para la lucha por el socialismo en México. [7]
Esa no fue la única experiencia electoral del PRT, que hizo de ese escenario el central para su desarrollo como organización, y al igual que la tendencia internacional de toda la izquierda que retrocedió ante el inicio del proceso de restauración burguesa [8] que inicia con la ofensiva reaganista-thatcherista contra la clase trabajadora, en los orígenes de la época neoliberal, dejó la lucha de clases y la estrategia socialista en un segundo plano. [9]
En 1985, el PRT perdió el registro como partido, pero logró ganar seis diputaciones plurinominales. Una de las expresiones políticas del extravío de la estrategia, aunque no la única, fue el financiamiento de sus publicaciones —el periódico Bandera Socialista y la revista La Batalla— y de sus locales sólo con las dietas de los diputados. Otra expresión se dio en 1988, cuando surgió el Frente Democrático Nacional, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ante la cual algunos militantes dejaron el PRT para ponerse a las órdenes del hijo del general. A pesar de ello, el partido mantuvo su propia candidatura otra vez con Rosario Ibarra de Piedra.
En el medio de este devenir, en 1986 hubo otra reforma electoral. Se creó el Código Federal Electoral, que suprimió la figura de registro condicionado. A ésta sucedió la reforma electoral 1989-1990, donde aparece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (Cofipe), que restableció el registro de partidos condicionado al resultado de las elecciones, pero canceló la figura de asociaciones políticas. Desde la implementación de esta reforma se ha registrado un creciente incremento al financiamiento público de los partidos con registro. En 1991, el PRT obtuvo un nuevo registro condicionado, pero lo perdió por obtener menos de 1.5% de los votos emitidos, una expresión evidente del carácter restrictivo de las instituciones electorales, que ponían todas las trabas a su alcance para la participación electoral de las organizaciones obreras y de izquierda.
En 1993, ya creado el IFE, este organismo no emitió convocatoria para el registro de partidos por considerar que “ya había suficientes opciones para la población”. También aquí se revelaba su función de proscripción de la izquierda y las organizaciones obreras, y de adepto incondicional del PRI. En 1996 se realiza una nueva reforma electoral por la cual desaparece la figura de registro condicionado. Previo a esta reforma, el PRT y el Partido Obrero Socialista Zapatista (POS-Z) habían presentado la solicitud de registro, pero el IFE se los denegó.
En la actualidad, mientras los partidos burgueses con registro no tienen ningún requisito que cumplir y reciben cifras cuantiosas para financiar sus campañas electorales que suman a la bolsa que obtienen de los sueldos millonarios de los altos funcionarios, para registrar un partido político nacional el INE exige contar por lo menos con 3 mil militantes en al menos 20 entidades, o 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, que deben tener credencial electoral, manifiesto, estatutos y elección de delegados propietarios y suplentes. Además, otro requisito es realizar asambleas en al menos 20 entidades, o en 200 distritos electorales en presencia de un funcionario del instituto que debe certificar la asistencia y registro de afiliados, así como la asistencia de los delegados. Es una de las expresiones de la proscripción electoral que enfrentan las organizaciones obreras y de izquierda.
Surgimiento del INE, un organismo del PRI
El Instituto Federal Electoral (IFE) fue creado en 1990 bajo las órdenes del presidente priista Carlos Salinas de Gortari. Antes de este año, la organización de las elecciones corría por cuenta de la Secretaría de Gobernación, a través de una Comisión Federal Electoral (CFE), encabezada en aquellos años por el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
La creación del IFE fue presentada por el régimen como un gesto "democratizador" con el cual buscaba legitimar un gobierno cuestionado por el fraude del 6 de julio de 1988, cuando una "caída del sistema" arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. También en 1990, una subcomisión de la CFE se encargó de la creación de un nuevo padrón electoral.
Salinas no sólo decretó la creación del IFE como parte de estos gestos, sino también de otros "organismos constitucionales autónomos" como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México. Todo con la finalidad de aparentar, pero nunca garantizar, una "distribución" o "descentralización" del poder. Así lo demuestran investigaciones citadas por medios como Proceso que, en una nota editorial publicada el 20 de octubre de 2010, destaca cómo durante el mandato de Salinas, al menos 17 gobernadores interinos o sustitutos fueron directamente designados por el jefe del Ejecutivo. A pesar de la creación del IFE, "dos terceras partes de la población estuvieron gobernadas por un delegado presidencial en algún momento de su administración", que culminó en 1994.
Además de buscar legitimación tras el fraude, el régimen creó el IFE como una forma de simulación, difundiendo la noción de que esta institución era independiente, mientras en realidad aquél seguía en control de las elecciones. Prueba de ello es que la dirección del IFE estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación, mientras que sus integrantes con voto estaban ligados al PRI y al gobierno en turno. Las pruebas llegaron de inmediato y, para 1992, reportajes de la época, como el de Pascal Beltrán publicado en Proceso, dieron cuenta de al menos 41 procesos electorales estatales desde julio de 1989 de los cuales 23 habían derivado en violencia ante la inconformidad popular.
Desde su creación, el órgano electoral ha percibido cuatro reformas, principalmente encaminadas a las atribuciones y funcionamiento en la organización de comicios, así como a la capacitación de personal y la difusión de una "cultura" cívica para alentar la participación ciudadana en elecciones. Así, en 1993 el IFE adquirió potestad para declarar la validez de las elecciones, expedir constancias de mayoría para los ganadores, así como para establecer los topes de los gastos de campaña para los partidos.
En 1994 se registró una crisis política importante, expresada en el fugaz levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la selva chiapaneca y en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en Tijuana. Como una medida de contención a los reclamos contra el autoritarismo priista, se puso en marcha una segunda reforma en el IFE que creó la figura de "consejeros ciudadanos", electos por los mismos partidos en el Congreso y dio "cheque en blanco" al financiamiento de los partidos. Ese mismo año el IFE encabezó sus primeras elecciones presidenciales, de las cuales resultó ganador el priista Ernesto Zedillo.
En 1996, bajo el gobierno de Zedillo, se llevó a cabo una tercera reforma que fue presentada por el Estado como un "refuerzo" de la autonomía e independencia del IFE del Poder Ejecutivo. Se creó un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que, sin embargo, no significó un cambio sustancial, toda vez que, aunque ya no estaban dirigidos por la Secretaría de Gobernación, los consejeros ciudadanos seguían siendo electos por el Congreso y actuaban como operadores del PRI.
Más tarde, la forma que tomarían estos esfuerzos por despresurizar el descontento popular y continuar al mando del país fue la de la "alternancia" que, en el año 2000, pactó la transición con el PAN. Bajo la presidencia en el IFE de José Woldenberg, que duró al frente del organismo de 1997 a 2003, se llevaron a cabo las elecciones que declararon ganador a Vicente Fox. Los acuerdos que permitieron la llegada de Woldenberg a la presidencia del IFE implicaron, según testimonios de ex consejeros que recoge Alonso Urrutia para La Jornada en su nota "Del IFE (1990-2014) al INE", publicada el 18 de marzo de 2014, acuerdos que condicionaron este nombramiento con la preservación de los operadores priistas y de gobernadores estatales en el área ejecutiva del Instituto. "Había una apuesta oficial por la simulación", recoge el periodista.
El sexenio de Fox impuso nuevas pruebas al IFE, que fijó sanciones millonarias al PRI, así como a la alianza PAN-PVEM tras los escándalos del Pemexgate y los "Amigos de Fox", que implicó una presunta investigación del presidente en funciones.
Luis Carlos Ugalde sucedió a Woldenberg en el cargo y fue bajo su administración que se llevaron a cabo las elecciones de 2006. Tras operar el fraude electoral que dio la victoria a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, Ugalde renunció a su cargo en 2007. La campaña enfurecida que desplegaron medios de comunicación y empresarios contra la candidatura de AMLO (cuando se acuñó aquel eslogan del "Peligro para México") derivó en una cuarta reforma en el IFE, que le dio poder para regular los tiempos de los partidos políticos en medios de comunicación.
A pesar de esta presunta regulación, los medios de comunicación operaron con gran impacto hacia las elecciones de 2012, organizadas por el IFE con Leonardo Valdés Zurita al frente del mismo. Aquel año estuvo marcado por la exigencia de recuento que, finalmente, devolvió el poder al PRI declarando presidente a Enrique Peña Nieto.
Estas transiciones son presentadas continuamente como un "éxito" para el sistema electoral mexicano. Asimismo, funcionarios han celebrado los presuntos avances en temas de "paridad y equidad".
En 2014, el gobierno de Peña Nieto emprendió una reforma político-electoral que derivó en la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), en cuya transición preservaron al consejero presidente Lorenzo Córdova, quien encabezó el IFE durante sus últimas semanas y sigue al frente de la institución.
Mientras que durante presidencias del PRI y del PAN todo fue miel sobre hojuelas, este organismo creado a la medida para solapar la compra de votos y “acarreos”, ha tenido sus roces con el gobierno de AMLO. El más sonado fue el referente a los salarios de los altos funcionarios.
El presidente había establecido como tope los 108 mil pesos que cobra mensualmente más prestaciones —alto, por cierto, aunque lo redujo respecto a los gobiernos previos— Lorenzo Córdova y su corte presentaron un amparo para seguir cobrando sueldos millonarios. Por ejemplo, el consejero presidente goza de una percepción bruta anual de 4,292,829 pesos y de un total de prestaciones que asciende a 1,140,021 pesos.
A su vez, el presupuesto 2021 del INE, aún con crisis pandémica, es de 27,689 millones, 60% más alto que los 17,000 millones que tuvo en 2020. Por su parte, el Tribunal Federal Electoral —cuya función es resolver conflictos en materia electoral y supuestamente proteger los derechos-político electorales de la población— para 2021 tiene un presupuesto de 3,225 millones de pesos para 2021, 13% más de lo que tuvo en 2020, cuando se le otorgó 2,739 millones de pesos.
Al cierre de este artículo, el presidente AMLO dio a conocer su intención de presentar una reforma el próximo 15 de febrero para desaparecer los organismos autónomos, entre los cuales se cuenta el INE. Está por verse si esta reforma se aprueba o no, pero la declaración presidencial da cuenta de los roces entre el gobierno del Morena y el organismo presidido por Lorenzo Córdova, como la disputa por el tope salarial a los altos funcionarios o las restricciones en torno a lo que puede o no decir el presidente en las conferencias matutinas durante el período electoral. Sin embargo, es innegable que López Obrador, durante toda su carrera política, se ha caracterizado por defender la institucionalidad de este régimen político, y en particular este carácter restrictivo para la participación en las elecciones de los trabajadores y la izquierda, más allá de algunas declaraciones encendidas, en particular durante el 2006.
Que se escuche la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud
Vivimos una crisis histórica del capitalismo. Desde antes de la pandemia y en particular desde la crisis del 2008, la globalización como proyecto de la gran empresa capitalista neoliberal ya estaba en crisis. Mientras la compra y distribución de las vacunas a nivel mundial es una competencia despiadada entre los países imperialistas y el resto de las naciones, millones de personas han perdido la vida, otros tanto se quedaron sin trabajo o enfrentan recortes salariales y de prestaciones. El gran capital se restriega las manos, para usar la crisis como una vía para incrementar la explotación.
En ese contexto se llevarán a cabo las elecciones intermedias en México, donde se elegirán más de 21 mil cargos de gobierno. La derecha y la centroizquierda opositoras —PRI, PAN y PRD—, hoy agrupada como muégano en Va por México, buscan recuperar espacios de poder en el concierto nacional. López Obrador —y su partido, Morena— que prometió gobernar para pobres y ricos, hasta ahora ha combinado el reparto directo de planes sociales, al tiempo que crece la pobreza, con la subordinación al imperialismo estadounidense —expresada en la acepción del T-MEC, que beneficia los intereses de las trasnacionales, y en la función de gendarme de la frontera estadounidense ante las y los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la miseria y la violencia de los países de la región—, esto sumado a las concesiones a los empresarios, para que mantengan actividades industriales o de servicios no esenciales durante la pandemia y apliquen recortes salariales y despidos por doquier.
Ante este escenario, la participación de la izquierda y la clase trabajadora en las elecciones se vuelve una necesidad imperiosa, [10] para hacer llegar a millones una perspectiva superadora de la crisis actual, que dé respuesta a los problemas que enfrentan las mayorías explotadas y oprimidas. Desplegar ahora las banderas del trotskismo en el terreno electoral nos prepara en mejores condiciones para el próximo período donde la lucha de clase se dinamice en distintos puntos del país, y se ponga a tono con las rebeliones y movimientos de trabajadores, mujeres y jóvenes que se dan en otros puntos del globo.
Como desarrollamos más arriba, a lo largo de la historia ha sido sistemático el bloqueo del régimen bonapartista mexicano a las organizaciones obreras y de izquierda, con excepción de un breve período en la década de 1980, cruzado por un intento del PRI de dar cierto aire democrático para desviar las críticas ante la represión desplegada contra las luchas obreras y los movimientos sociales desde 1968 hasta ese momento de apertura relativa. En nuestros días esta proscripción histórica se conjuga con una pandemia inédita. Pero no nos van a doblegar.
Por eso quienes integramos el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas, organización que forma parte del Frente de Izquierda Anticapitalista —conformado también por el Movimiento al Socialismo, la Liga de Unidad Socialista y el Grupo Socialista Obrero— estamos desplegando la campaña para obtener el registro de la candidatura independiente de izquierda de Flora Aco, una joven trabajadora estatal despedida que logró su reinstalación con una ardua lucha de ola que participaron varias organizaciones junto con trabajadoras y trabajadores de distintos sectores, cuya suplente es Leda Victoria, trabajadora de la educación. Esto tiene como antecedente, por parte del MTS, la participación en las elecciones de 2016 a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México con una candidatura independiente anticapitalista y, en 2018, con la fórmula anticapitalista encabezada por la maestra de secundaria Sulem Estrada y con Miriam Hernández, trabajadora de la UNAM como suplente. Nuestra campaña actual, que busca el registro de la candidatura para ponerla al servicio de las luchas obreras y dar voz a les trabajadores, las mujeres y la juventud, la desplegamos en las calles, en el terreno legal y en las redes sociales. Las y los invitamos a apoyarnos.
Fuentes consultadas
Alcocer Varela, Jorge; Rodrigo Morales. “Mitología y realidad del fraude electoral”. Nexos, 1 de octubre de 1991.
Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc. “6 de julio de 1988: el fraude ordenado por Miguel de la Madrid”. La Jornada, 2 de abril de 2004.
Castro Sánchez, Aída, “El día que ‘se cayó el sistema’ y ganó Salinas”. El Universal, 1 de agosto de 2018.
Fernández, Nuria. “La izquierda mexicana en las elecciones”, Cuadernos Políticos, México: Ediciones Era, núm. 33, julio-septiembre 1982: 46-58.
Flores Andrade, Anselmo. “Pasado y presente de los partidos nuevos y las asociaciones políticas nacionales en el sistema electoral mexicano”. Cuestiones Constitucionales, núm. 12, enero-julio 2005.
Gómez Lezama, Olivia. “Cuadernos políticos: debates coyunturales a partir de una izquierda no ortodoxa (1974-1990)”, tesis de doctorado, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2018.
Ortega Ortiz, Raymundo Yunuen; María Fernanda, Somuano Ventura. Confianza y cambio político en México: Contiendas electorales y el IFE. México: El Colegio de México, 2015.
Rodríguez Araujo, Octavio. Las izquierdas en México. México: Orfila, 2015.
“Salinas en el IFE”. Proceso, 20 de octubre de 2010.
Urrutia Alonso. "Del IFE (1990-2014) al INE". La Jornada, 18 de marzo de 2014. |
