Privilegiar la economía, ¿para quién?
El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, habló con La Nación y ratificó lo evidente: “No pensamos en volver a una cuarentena como en marzo y abril (…) Estamos privilegiando sostener la actividad económica”.
La pulseada del gobierno con el campo por las exportaciones del maíz da la pauta de quiénes son los privilegiados. Los amagues del oficialismo de tibias medidas terminan, otra vez, en negociaciones donde los empresarios sacan más tajada. Lo que empezó como una suspensión de exportaciones de maíz, seguido del paro agrario de sectores nucleados en la Mesa de Enlace, culminó volviendo atrás con el anuncio. Pero no sólo. En la negociación, el ministro Basterra les cedió directamente eliminar el límite de exportación de 30.000 toneladas diarias, a cambio de un monitoreo de los saldos exportables y que el gobierno asegure herramientas financieras para que los vendedores de maíz tengan un menor riesgo crediticio.
El gobierno busca mostrarse activo con un control de precios sobre los grandes empresarios, pero termina cediéndoles más beneficios y la inflación sigue escalando.
También es el caso de las automotrices. Luego del anuncio de Ford de su retirada de Brasil, la empresa reafirmó que se concentrará en invertir en la Argentina. Pero nada es gratis. Fue el propio Alberto Fernández quien se reunió en persona con el titular de la compañía en Argentina. Desde el viernes ya circula la información de la decisión del gobierno de eliminar las retenciones para la exportación de automóviles. Sí, llevarlas a cero.
Para Joaquín Morales Solá de La Nación, el retroceso del gobierno con los exportadores de maíz es una mala señal. En el polo opuesto de cuestionar que sean los ganadores de siempre, su preocupación es por la falta de previsibilidad y “reglas de juego” claras para hacer negocios. “El espectáculo de un gobierno que primero prohíbe las exportaciones de maíz, luego las permite parcialmente y, por último, las abre sin trabas de nuevo fue el peor mensaje posible a la inversión del sector agropecuario”, dice. Pero en la misma editorial reconoce que el aumento del precio de la soja, que alcanzó esta semana un nuevo récord de 520 dólares la tonelada, podría significar un ingreso adicional de dólares al país de entre 3000 y 4000 millones de dólares.
Lo que nunca ponen sobre la mesa estos editorialistas es cuánto se llevan de ganancia los empresarios del campo. Como dijo Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, en sus redes sociales “¿se imaginan por un momento qué ocurriría si se abren todos los libros de las empresas relacionadas con la producción, distribución y comercialización de alimentos, como las cadenas de supermercados?”. Sería interesante conocer las ganancias del sector agroexportador. En el caso del maíz por ejemplo, la tonelada pasó de 8.000 pesos a casi 17.000 pesos en apenas 8 meses, en un mercado donde sólo 5 empresas concentran el 62% de las exportaciones y la mayoría son extranjeras.
Alejandro Rebossio en El DiarioAr apunta que “no hay una sola madre de todas las batallas” sino tres. Son las “tarifas, precios de los alimentos y una pandemia que amenaza con dañar la recuperación de la actividad”.
Mientras los grandes empresarios obtienen más beneficios, esta semana se conocieron los datos de inflación de diciembre que fueron los más altos del año (4%), y el 2020 cerró con un acumulado de 36%.
En la misma semana hubo un nuevo aumento del 3,5% en la nafta por parte de la estatal YPF, que justifican por un aumento del componente impositivo. Siempre se traslada al bolsillo del las y los trabajadores, para preservar las ganancias empresarias. Desde agosto, las estaciones de servicio incrementaron los precios seis veces. El alza acumulado supera el 20% (y en la Ciudad llega al 30%), que opera presionando a una mayor inflación en las góndolas.
Mientras el avance inflacionario sigue golpeando a los bolsillos populares, el gobierno se prepara para definir las nuevas tarifas de transición en servicios como la luz y el gas que van a regir desde mediados de marzo. Entre el lunes y martes de esta semana el gobierno convocará oficialmente una serie de audiencias públicas que discutirán los montos de la suba de tarifas. Desde el gobierno dicen que quieren establecer un tope de aumentos que no supere el 10%.
Diego Genoud en su columna en el DiarioAr concluye que el índice de precios de diciembre “confirmó que el ajuste se impuso en 2020 y los jubilados perdieron en todas las comparaciones: no sólo con respecto a la fórmula inviable de Macri, que les hubiera permitido recuperar algo (…) también en relación a la inflación anual, donde hasta los jubilados que ganan la mínima cayeron derrotados”.
Quienes pierden con esta inflación ascendente son también las y los asalariados. Genoud agrega los datos del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma: “el salario real volvió a caer en noviembre (…) y marcó el segundo registro más bajo de los últimos 11 años”, sólo superado por el último diciembre del gobierno de Macri. Estos datos adelantan que, si se mantiene la tendencia, para el 2021 la nueva fórmula previsional que votó el oficialismo empeorará los haberes jubilatorios y asignaciones sociales, porque se calcularán en parte por ese indicador (el RIPTE, índice Remuneración Promedio de Trabajadores Estables).
Pablo Anino en el semanario de Ideas de Izquierda señala la contradicción del gobierno que, llamativamente, encuentra positivo datos que erosionan el poder de compra de las y los trabajadores y empeoran sus condiciones de vida. “El oficialismo se ufana de que el 36,1 % de inflación durante todo 2020 es un éxito frente al 53,8 % de 2019. Pero lo sorprendente es una inflación tan alta con la economía retrocediendo alrededor del 12 %.”.
La presión empresaria también se hace notar en el Ministerio de Trabajo. Claudio Moroni ya ordenó que se terminen las licencias por cuidado de hijos e hijas en edad escolar en el sector público y privado. Algo que ya venían pidiendo las empresas, y luego de conseguirlo siguen por más. Quieren que a fin de mes se deje de prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización por despidos.
Mientras tanto la dirigencia de la CGT sigue haciendo la plancha frente a la cruda realidad de trabajadores formales e informales. Su preocupación hoy está centrada en los recursos de las obras sociales, y el enojo de un sector con la vicepresidenta por la posibilidad de que haya cambios en el sistema de salud que afecte la caja que manejan los sindicatos.
Eduardo Van Der Kooy en Clarín parece entusiasmarse con la misiva de Antonio Caló contra Cristina Fernández: “El que manda es el presidente. Ella, que se dedique a la función legislativa”, dijo el dirigente de la UOM. Van Der Kooy termina su columna adelantando la posibilidad de conflicto del oficialismo con la CGT: “Primeros fuegos de una historia que está naciendo”.
El FMI y las ilusiones del gobierno
La madre central de todas las batallas sigue siendo la renegociación el FMI. El gobierno pone todas sus fichas al recambio del directorio del organismo internacional que se abrirá paso a partir de este miércoles con la asunción del nuevo presidente norteamericano: el demócrata Joe Biden. Las expectativas del ministro Martín Guzmán están en la nueva secretaria del Tesoro Janet Yellen, por las relaciones con su mentor Joseph Stiglitz.
El gobierno está a contrarreloj. Sin un plan de vacunación masivo y con la pandemia acechando, enfrenta un año electoral y tiene la necesidad de cerrar antes de marzo el acuerdo con el FMI. Letra P dialogó con un analista de Consultatio Financiar Services, Francisco Mattig, que afirma que el programa con el Fondo tienen que cerrarse sí o sí en marzo “porque en abril hay que empezar a negociar un vencimiento de más de 2.000 millones de dólares con el Club de París, dinero que el país no tiene”.
Pero ese horizonte de plazos parece difuminarse. Otros analistas ya hablan de la posibilidad de que la negociación el FMI se demore más allá de mayo. Sería un obstáculo para el gobierno que busca mostrar previsibilidad a los empresarios para que la economía se reactive en el segundo trimestre. Rebossio también dice que el recambio del directorio del organismo puede demorar más de lo esperado, y recuerda que “en 2001, George W. Bush tardó ocho meses en esa tarea”.
Marcelo Colombres en Tiempo Argentino abre algunos interrogantes de la negociación con el FMI. “El eje de las discusiones pasa por el monto del déficit fiscal y la manera de financiarlo”. Desde el Ministerio de Economía dicen que la receta será “la emisión de deuda, mayoritariamente en pesos”, y evitar una mayor emisión monetaria para cubrir el agujero de las cuentas públicas.
Colombres publica los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que calcula que durante el 2020 el Tesoro Nacional pagó en concepto de intereses de deuda el equivalente a 8.043 millones de dólares.
Un saqueo permanente de recursos del país, incluso en la pandemia. A la hipoteca que ya implica la renegociación con los acreedores privados que se hizo en el 2020, se le siguen sumando el Club de París y el FMI. Las contracara es el recorte que impuso el gobierno de Alberto Fernández en el presupuesto de este año: un 9,5% del gasto total en términos reales, y un ajuste de proporciones similares en los recursos para la salud en medio de la pandemia. Sin IFE y sin ATP.
En un año que estará atravesado por las elecciones legislativas, el gobierno necesita dar buenas noticias y signos de recuperación. Pero el mensaje de la vicepresidenta de “alinear precios, tarifas y salarios” parece un horizonte difícil y borroso. A cada paso se fortalecen los ganadores y perdedores de siempre, y una creciente desigualdad que parece no tener techo.
La urgencia de cerrar con el FMI y la necesidad de dólares llevan al gobierno a poner reglas de juego que le dan poder al empresariado más concentrado de la estructura productiva del país.
Si el gobierno aparece cruzado en los zigzags de anuncios y medidas que van y vienen, las prioridades siguen una línea recta y constante. Pagar el fraude de deuda externa sin investigarla fue la decisión de madre del gobierno del Frente de Todos desde que asumió. Una decisión que ata y condiciona gran parte de las variables económicas. Que la economía genere dólares para que se los sigan llevando afuera. La dependencia con los empresarios del campo, las petroleras y la gran industria, aceptando sus chantajes y otorgándoles más beneficios. Un esquema que profundiza el saqueo y la dependencia del país. Volcar todos los recursos disponibles para las necesidades sociales es la única salida a favor de las grandes mayorías.
En la clase trabajadora se desarrollan procesos de organización y reclamos por salarios y condiciones de vida. Como entre el personal de salud, que están en la primera línea de la pandemia, con conflictos en todo el país. Los tercerizados de Aerolíneas Argentinas anunciaron un corte para este martes por reclamos salariales y contra el ataque anti sindical de la empresa. Vienen confluyendo con las y los trabajadores de LATAM que continúan la pelea por defender los puestos de trabajo. La aerolínea está haciendo un verdadero fraude laboral y el gobierno lo deja correr. Cerró su filial de Argentina dejando 3.000 familias en la calle, pero sigue operando sus vuelos con personal de filiales de otros países. La juventud precaria de call center también defiende sus puestos de trabajo como en Hey Latam de Rosario. Son algunos ejemplos de los primeros síntomas de quienes no están dispuestos a perder otra vez.
Vacunas: el poder de la ciencia y el negocio capitalista
El debate que recorre el mundo sobre las vacunas contra el Covid-19 muestra uno de los nudos de la irracionalidad capitalista. De un lado, el desarrollo tecnológico y la investigación científica que tiene la capacidad de crear una vacuna en tiempo record, mostrando su potencial. Del otro lado, la desinteligencia y secretismo entre los grandes laboratorios y los estados que si socializaran sus investigaciones seguramente permitirían que la ciencia encuentre respuestas a la pandemia de manera más rápida y coordinada, e incluso se podría haber prevenido. La enorme desigualdad entre los países para acceder a la vacuna demuestra una vez más que ni la pandemia, una crisis sanitaria y humanitaria global, frena la irracionalidad capitalista.
“La valorización social de la ciencia, su valoración histórica, queda determinada por su capacidad para incrementar el poder del hombre y para armarlo con el poder de prever los acontecimientos y dominar la naturaleza. La ciencia es un conocimiento que nos dota de poder”, fueron las palabras de León Trotsky en 1925 en la celebración del segundo centenario de la Academia de Ciencias en Rusia.
Pero una herramienta tan poderosa para la humanidad, bajo el capitalismo es el poder de las ganancias de un puñado de corporaciones a costa de la salud y la vida de las mayorías, y para fortalecer el sometimiento de los países imperialista sobre los más pobres.
En todo el mundo se aplicaron más de 39 millones dosis de alguna vacuna al 16 de enero. Estados Unidos y China concentran el 56% de esas dosis. Pero el país que mayor proporción de vacunas aplicó por cantidad de habitantes es Israel, que espera tener el 70% de la población vacunada entre marzo y abril de este año.
Mientras muchas de las potencias ya adquirieron dosis para vacunar en promedio al menos tres veces a toda su población en el 2021, se calcula que unos 70 países pobres y de ingresos medios bajos sólo podrán vacunar este año a 1 de cada 10 personas.
Las grandes corporaciones farmacéuticas han recibido enormes sumas de financiamiento estatal para desarrollar la vacuna en tiempo record. Moderna recibió 2.500 millones de dólares, AstraZeneca 2.000 millones de dólares, Pfizer recibió 455 millones del gobierno alemán y otros 6000 millones por compras adelantadas de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero este financiamiento estatal garantiza un negocio capitalista de ganancias extraordinarias. Según Bloomberg, los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y BioNtech, Moderna, Johnson & Johnson, y Novavax ganarían 12.000 millones de dólares entre 2021 y 2022 con la venta de las vacunas. Financiamiento estatal y apropiación privada de las ganancias.
Otro ejemplo de las desigualdades de las vacunas es el de Israel, el país “modelo” de vacunación que muchos reivindican. Israel utiliza hasta la pandemia como herramienta de opresión contra el pueblo palestino. Por decisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la campaña de vacunación excluye a los casi 5 millones de palestinos que viven en territorio ocupado por Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza. A esto se agrega el bloqueo que le impone a Gaza hace 13 años para impedir la importación de equipos y suministros médicos.
En Argentina un grupo de investigadores del Conicet y UNSAM están cerca de finalizar la fase preclínica de una vacuna contra el covid. El límite que encuentran hoy los investigadores es la misma lógica de las ganancias. La política científica nacional se ha centrado en favorecer la asociación pública-privada, que termina transfiriendo el desarrollo científico para la apropiación privada de los grandes laboratorios. ¿No deberían ser declarados un bien público todos los laboratorios con capacidad de producir vacunas como es el caso de Mabxience perteneciente al magnate Hugo Sigman?
Las patentes de las vacunas en manos de los monopolios farmacéuticos son un límite absolutamente irracional que impone el capitalismo frente a la pandemia. ¿Por qué la vacuna no es declarada un bien público global, de acceso gratuito y universal? | 
