Foto Twitter: @galygoro
A principios de junio en Ciudad Juárez, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvo a María Guadalupe López Dorado y Antelma Irene Reyes de 27 y 36 años respectivamente, ambas trabajadoras de una maquila acusadas, una de abortar y la otra de ser cómplice.
Además de presentar cargos penales en su contra, la Fiscalía violó su debido proceso al exhibir a las mujeres como delincuentes ante los medios de comunicación, quienes haciendo uso del amarillismo y el machismo contribuyeron a la campaña de criminalización y estigmatización de las trabajadoras.
Justicia misógina en Ciudad Juárez
El pasado 9 de junio el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua sentenció a María Guadalupe y Antelma, a uno y dos años de libertad condicional por aborto e inhumación clandestina, a pesar de que la pena mínima para dichos delitos es de seis meses. El juez también les ordenó el pago de una fianza cuyo monto se desconoce, según informa el portal CIMAC Noticias.
Además de la campaña mediática y de criminalización, Antelma Reyes denunció con un visitador especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que los policías que investigaban el caso la torturaron para que admitiera su culpa. Por si fuera poco, durante su estancia en el Centro Estatal de Reinserción Femenil de Ciudad Juárez, Antelma sufrió una violación tumultuaria cuyas secuelas fueron tan graves, que tuvo que presentarse en silla de ruedas a su última audiencia.
Mientras el gobierno de Chihuahua y los medios de comunicación juarenses se empeñan en criminalizar a las mujeres que deciden abortar y a las que ayudan a hacerlo, Ciudad Juárez sigue siendo un bastión histórico de la violencia contra las mujeres, el feminicidio y la trata de mujeres a nivel nacional e internacional.
Campaña en redes sociales #YoAborté
Ante los indignantes casos de María Guadalupe y Antelma, diferentes colectivos y organizaciones feministas comenzaron una “Campaña en apoyo a todas las mujeres criminalizadas por abortar”.
Mediante los hashtags: #YoAborté, #DenúnciameÉsta y #NiUnaMenos, han circulado cientos de mensajes, imágenes, fotos y videos en apoyo a la maternidad voluntaria y a la legalización del aborto. Los participantes de la campaña mayoritariamente mujeres, explican que la lucha por el derecho al aborto legal es una demanda histórica de las mujeres, y que está forzosamente ligada a una cultura de prevención y educación sexual para decidir.
Por medio de Facebook y Twitter, también se han expresado opiniones en contra de dicha campaña. Destacan también los llamados grupos “pro-vida”, que mediante argumentos falaces y moralistas, intentan hostigar y violentar a aquellas mujeres que se solidarizan y deciden sobre sus cuerpos. Haciendo uso de los argumentos oscurantistas de la Iglesia, condenan a las mujeres a la cárcel y a morir por abortos clandestinos.
Más de 700 presas por abortar
En 2007 y como producto de muchos años de lucha de las mujeres, el Distrito Federal se convirtió en la primera entidad en despenalizar la interrupción del embarazo en México. Sin embargo esta conquista tuvo una fuerte oposición de sectores conservadores y fundamentalistas.
Después de 2007, se vino una serie de modificaciones a las constituciones estatales conocidas como “Leyes Antiaborto”. En más de 15 estados se recrudecieron las leyes que criminalizan a las mujeres con penas de hasta 35 años de cárcel por interrumpir sus embarazos. Detrás de estas reaccionarias iniciativas está la alianza entre la Iglesia y el Estado mexicano, que ha criminalizado a más de 700 mujeres por abortar.
Mientras en el mundo cada 11 minutos muere una mujer por aborto; los grupos “pro-vida” estallan de furia cuando una mujer aborta, pero que de forma canalla guardan silencio ante las más de 7 mujeres asesinadas al día, las decenas de secuestradas por las redes de trata y los cientos de crímenes de odio que imperan en el México de la “Guerra contra el Narco”.
En entrevista para La Izquierda Diario, Alejandra Toriz de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas explicó:
“El caso María Guadalupe y Antelma es una expresión muy cruda de la situación de las mujeres en México. Justo se dan en la ciudad conocida internacionalmente como el bastión de los feminicidios en donde las mujeres son consideradas por muchos, objetos desechables o mercancías y en donde este fenómeno expresa la misoginia y el odio que se tiene contra las mujeres, al mismo tiempo que se utiliza de forma aleccionadora. Sus casos son una cruel muestra del destino de las mujeres trabajadoras en nuestro país: el que las hayan encarcelado por el supuesto aborto y complicidad, así como la violación tumultuaria perpetrada contra Antelma, es un mensaje de escarmiento no solo para las mujeres juarenses, sino para el conjunto de las mujeres en nuestro país. Es por ello que desde Pan y Rosas nos sumamos a esta campaña, a la vez que nos parece muy necesario extender la solidaridad y pelear por aborto legal en todo el país. Porque esta prohibición condena a miles de mujeres amorir por abortos clandestinos, al tiempo que nos condena a la cárcel. Nos parece muy importante que las mujeres no nos quedemos calladas y salgamos a expresar nuestro más amplio repudio, contra las violaciones y atropellos que sufrieron estas dos trabajadoras. ¡Porque si nos tocan a una, nos tocan a todas!“ | 
