Ayer salió una publicidad que publicita un loteo con la siguiente frase: “¡El sueño de ser dueño de tu propia montaña, es posible!”. Ofrece terrenos de 2500 metros en un predio enorme que incluye cerros como el Minero y el División. El emprendimiento inmobiliario se estaría desarrollando dentro del Área Ambiental Protegida Municipal Potrerillos, en la zona de la Pampa de Tabolango, la cual fue creada para proteger el sistema de humedales de altura de la cuenca del río Blanco de Potrerillos. “Actualmente este ecosistema experimenta una marcada degradación ambiental, producto del avance no planificado y explosivo del uso del suelo residencial, relacionado a la especulación inmobiliaria originada a partir de la construcción del Dique Potrerillos en la década del 2000” (Rubio et al, 2014). Los humedales son de vital importancia por los servicios ecosistémicos que brindan, pero reviste una especial importancia en territorios como el mendocino que se caracteriza por su aridez. Por eso apremia avanzar en la ley de humedales.
Esto no nos sorprende, ya que no es la primera vez que se venden cerros y riberas de áreas protegidas a la especulación inmobiliaria. El pasado 6 de enero se promulgó la ley 9294 que autoriza “al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar en concesión, mediante los mecanismos de licitación o concurso público, las tierras fiscales situadas en la zona de influencia del Embalse Potrerillos (…) por el término de hasta cincuenta (50) años, para el desarrollo y la instalación de emprendimientos turísticos, recreativos y urbanísticos, de conformidad con los términos contenidos en la Ley N° 9088”. Esta ley, como denunció Lautaro Jiménez en la legislatura busca “destinar toda la rentabilidad extraordinaria que pueda tener Mendoza en materia paisajística, turística, productiva, sus beneficios del clima, para un único fin que es la valorización de la acumulación de capital que concentran pequeñísimos grupos de inversión inmobiliaria y pequeñísimos grupos empresarios que hacen inversiones que generan muy pocos puestos de trabajo y que no generan beneficios para la enorme mayoría de la población”.
En la página de la legislatura plantean que “deberán cumplimentar las condiciones de sustentabilidad ambiental […]”, pero el pueblo mendocino ya tiene experiencia en que intenten vendernos extractivismo disfrazado de compromiso ambiental, como el intento de modificación de la ley 7722 o el PMOT de Las Heras donde hablan de “minería sustentable”. Ninguna actividad económica que se base en la extracción de recursos naturales no renovables puede considerarse sustentable y menos aún la megaminería que utiliza sustancias químicas contaminantes. En este sentido, sin una planificación estratégica y con una ley que sólo da facilidades y beneficios durante décadas a la inversión privada, es difícil garantizar la sustentabilidad.
El dique Potrerillos es un lugar de gran valor paisajístico y de disfrute para gran parte de la población, por eso también es parte del Área Ambiental Protegida Municipal Potrerillos (área amarilla en el mapa). Por esa razón es necesario protegerlo, promover actividades sustentables y no permitir que la privatización del perilago vuelva restrictivo el acceso público al cuerpo de agua.
Es contradictorio que mientras salen paquetes de leyes en beneficio de privados, no se trata ni una ley para resolver el problema de la vivienda de la enorme mayoría de la población. Y no es porque falten propuestas, como mencionó Lautaro Jiménez, “hay proyectos de ley referidos a la necesidad de establecer un banco de tierras fiscales, de establecer la emergencia habitacional, de poder recuperar esa inversión de servicios básicos que el estado tiene que hacer para que las familias trabajadoras vivan mejor. Frente a eso no hay nada, sólo leyes a favor de que se le quiten los planes sociales a aquellas familias sin techo que están ocupando un terreno”.
La ley de privatización del perilago y la urbanización de la margen del río Mendoza contrastan con la realidad de aquellas familias que no tienen un metro de tierra para levantar su casa o con lo difícil que se le hace a cualquier familia trabajadora acceder a un crédito hipotecario o a un terreno donde levantar su casa.
