Al comienzo de la pandemia el Gobierno de Alberto Fernández firmó el decreto 961/2020, que ahora extendió hasta el 25 de enero, que impone la doble indemnización en el caso de despidos sin justa causa, y el 891/2020 que prohíbe despidos y suspensiones en el sector privado, prorrogado hasta el 29 de enero.
Las versiones que se conocen hablan de que la doble indemnización tendría un techo de $ 500 mil. Esto, de por sí, ya significa un límite para trabajadores y trabajadoras con varios años de antigüedad o con salarios altos. Es decir, es una ventaja para las patronales.
Sin embargo, Daniel Funes de Rioja, parte de la directiva de la Unión Industrial (UIA), fue el vocero de esta extorsión patronal, planteando que esta medida atenta contra la generación de nuevos empleos.
En la realidad, más allá de la letra de los decretos, el Gobierno no hizo cumplir, sobre todo la prohibición de despidos, cuando al correr del año las empresas comenzaron a desvincular personal. Uno de los casos más recordados tal vez sea el de Siderca, que despidió a trabajadores que eran parte de contratistas y en plena pandemia amenazó con lock out para forzar rebajas salariales y poder despedir.
También hay que recordar que el decreto de prohibición de despidos dejo afuera a todos los trabajadores no registrados, además que habilitó para suspender y por esta vía los empresarios aprovecharon para realizar rebajas salariales.
Ya en los primeros meses del 2020, el PTS en el FIT-Unidad frente a este escenario, planteó medidas para la defensa de la clase trabajadora.
Como aclaró en un twitt el periodista Ismael Bermúdez, estos decretos no regían para los trabajadores que se incorporaban después de la firma de los mismos, siempre los empresarios no solamente protestaban contra esta prohibición, también aprovecharon para seguir en la misma línea que Paolo Rocca, dueño de Tenaris Siderca.
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