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22 de enero de 2021 Twitter Faceboock

REUNIÓN CON ARCIONI
Según Arcioni, a Fernández le sorprende que la megaminería no se haya aprobado en Chubut
Valeria Foglia | @valeriafgl

El gobernador de Chubut lo dijo tras su encuentro con Fernández y otros funcionarios en Casa Rosada. Insisten en imponer la zonificación minera, que no cuenta con licencia social en la provincia.

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Fuerte respaldo del presidente Alberto Fernández al proyecto minero”, dice exultante el comunicado del Gobierno de Mariano Arcioni tras la reunión de este jueves en Casa Rosada. El gobernador de Chubut viajó especialmente con una comitiva integrada por el vicegobernador Ricardo Sastre (ambos de Chubut al Frente) y el diputado provincial Carlos Eliceche (Frente de Todos) para asistir a un encuentro con el presidente y el secretario de Minería Alberto Hensel, a quien en San Juan recuerdan como lobista de Barrick Gold.

Fernández ya había dado luz verde a esta actividad extractiva y contaminante con su Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que implica el avance en varias regiones del país donde no hay licencia social, como sucede en Chubut y Mendoza, donde la minería contaminante está expresamente prohibida. Ahora Arcioni le presentó el Plan de Desarrollo Productivo, que incluye la zonificación minera de los departamentos de Gastre y Telsen que figura en el proyecto de ley 128/20. Esta iniciativa no pudo ser tratada el año pasado en la Legislatura provincial en ausencia de dictamen de comisiones y ante el enorme repudio popular.

La llegada de un nuevo año no cambió los planes de Arcioni. Si durante 2020 y en plena pandemia intentó imponer en la Legislatura la ley de zonificación minera, desatando masivas movilizaciones, el 2021 lo arrancó con el llamado a una semana de paneles para el “diálogo social” sobre el proyecto con el que quieren hacer frente a la Iniciativa Popular, de oposición a la ofensiva megaminera, cajoneada en la Legislatura pese a haber reunido más de cuarenta mil firmas. La coronación de esta nueva arremetida es el amplio aval obtenido por Arcioni por parte de Fernández, cuyo Gobierno está decidido a impulsar toda forma de extractivismo con la excusa de atraer dólares para el pago de la deuda externa.

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Al finalizar el encuentro, que el mandatario nacional no publicitó en sus redes sociales, Arcioni lo definió como “muy positivo y cordial”. Aunque se habló también de otros temas, la agenda estuvo marcada esencialmente por la ley de zonificación: “Expusimos los detalles del plan, y verdaderamente el presidente nos expresó su sorpresa por el hecho de que una iniciativa de integración y desarrollo productivo como esta no haya tenido tratamiento legislativo hasta el momento”, expresó el gobernador de Chubut.

¿De qué se sorprende Fernández?

Desde 2003 Chubut es una provincia emblemática en la lucha contra la megaminería, en defensa del agua del único río que alimenta el norte provincial y del que viven más de doscientas mil personas. Con el lema “No es no” siguen luchando por el tratamiento urgente y la aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular 2020. Las asambleas y las movilizaciones recorrieron toda la provincia durante el año pasado, reuniendo un apoyo masivo mucho más allá de los “quinientos ruidosos” de los que habló el gobernador.

Esta última semana se conoció el pronunciamiento de trabajadores del campo científico (del Conicet y la UTN, entre otras instituciones) contra lo que consideran una “puesta en escena”, en referencia a la “mesa de diálogo” convocada por el oficialismo en Chubut del 18 al 22 de enero. “El proyecto ya ha sido escrito y presentado a la Legislatura a pesar de no contar con licencia social”, advierten. En sucesivos reportes presentados a la Legislatura los científicos han dado cuenta de los graves perjuicios de la megaminería para la naturaleza y las comunidades. Ante la protesta de los trabajadores, las instituciones científicas no enviaron representantes a las jornadas convocadas por Arcioni.

La Asamblea de Comunidades de Chubut sigue en estado de alerta y movilización ante este nuevo zarpazo de la megaminería con aval del Gobierno nacional, para el que el extractivismo es política de Estado.

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