Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en junio del año pasado el 51.6% de la población económicamente activa se desenvolvía en el sector informal. En Ciudad de México, millones de estas personas se dedican al comercio ambulante.
Sin seguro social, sin vacaciones o algún tipo de prestación salen a las calles todos los días para intentar vender sus mercancías que pueden ser de cualquier tipo: desde comida, o botanas hasta ropa o herramientas.
Desde una visión lejana pareciera una actividad sencilla, comprar por mayoreo algo para venderlo por pieza en algún punto de la ciudad, sin embargo los vendedores ambulantes están expuestos todo el tiempo a la extorsión y a la persecución.
Extorsión inevitable
Por un lado están las autoridades gubernamentales que los proscriben y persiguen en las zonas prohibidas con la única intención de cobrarles una multa por la falta administrativa. Después de pagada la multa, la detención preventiva se termina y, si la mercancía no fue incautada, el comerciante puede salir de nuevo a “torear” a los policías.
Las autoridades de cada alcaldía han extendido la práctica de extorsión en toda la ciudad con el cobro de impuestos ilegales. Gente enviada por las autoridades locales pasa a cada puesto que se establece en su jurisdicción y cobra una cuota semanal para que los comerciantes puedan seguir poniendo su puesto sin ser molestados; si se niegan a dar esta cuota a “la camioneta” (los recaudadores ilegales generalmente se transportan en vehículos de carga) de inmediato llegan los policías a llevarse en ella la mercancía, y quizás al vendedor.
Por otro lado, están los gestores de permisos. Organizaciones de comerciantes negocian con los gobiernos locales permisos provisionales para poder establecer los improvisados puestos en distintas zonas de la ciudad, estas organizaciones utilizan a los vendedores como moneda de cambio para los partidos políticos. Dependiendo la coyuntura, los comerciantes son obligados a participar en actos de proselitismo, engrosan los programas de apoyo social o son presentados como base social del mejor postor.
Las personas al frente de estas organizaciones cobran cuotas diarias a sus agremiados para poder ofrecer sus mercancías, se enriquecen con el trabajo de los comerciantes mientras ellos van subiendo en el escalafón político gracias a su base cautiva.
En el otro extremo están los grupos del crimen organizado que tienen dominio en distintas zonas de las ciudades y que cobran cuotas bajo amenaza de muerte a quienes pretenden comerciar en su territorio.
De esta forma el comercio informal queda atrapado en un círculo de extorsión del cual es imposible salir, el vendedor del semáforo, la señora de los antojitos, los vendedores de artesanías, todos y cada uno de ellos le pagan una cuota a alguien para intentar vender algo, por más pobre o humilde que parezca quien ofrece algo en la calle, es seguro que está siendo extorsionado.
La pandemia ha agravado la situación de estos millones de personas debido a que las restricciones sanitarias se han vuelto punitivas en contra de quienes sin ninguna otra posibilidad arriesgan su salud para intentar completar el gasto familiar o llevar algo de comida a sus hogares.
La salida es organizarse de forma independiente
El comercio en las calles desde antes de la época colonial ha representado una importante actividad económica para los habitantes de México. En la actualidad, el gobierno a través de los años ha diseñado estrategias para obtener ganancias de este sector. Al no tener la capacidad de ofrecer trabajos formales y que le den garantías de desarrollo a las familias de los trabajadores, ha colaborado en fomentar la extorsión.
Es necesario que los comerciantes ambulantes se quiten de encima a esos rapaces líderes lacayos del gobierno y que establezcan sus propias organizaciones de forma democrática e independiente a los partidos del régimen.
Desde estas organizaciones, es fundamental luchar de forma conjunta para conquistar el reparto de horas laborales entre empleados y desempleados sin reducción al salario, y que el Estado garantice a ambos sectores el acceso universal a la salud, la educación, la vivienda, la cultura y el deporte.
Que hagan suyas las consignas fundamentales de todos los trabajadores como el aumento al salario mínimo de acuerdo al costo de la canasta básica, en el caso de los que son empleados, el contrato colectivo de trabajo, el acceso a la seguridad social y que acompañen las luchas de las y los trabajadores.
El fenómeno del comercio ambulante es un síntoma de la precarización del trabajo y de la vida a nivel general, el ejército de reserva de desempleados en el país tiene que buscar la manera de llevar el sustento a sus casas y muchas veces esta es la única opción que tienen. | 
