Este lunes se puso en práctica el ajuste al transporte público que está llevando adelante la Municipalidad de Rosario. Aunque desde la secretaría de Movilidad aseguren a los medios que "ningún barrio pierde conectividad", en Rosario y alrededores son sectores muy grandes de la población que pierden la conexión con el centro o con el acceso a los hospitales públicos. Por un lado, esta “adecuación” del sistema implica la reducción del servicio en los barrios periféricos y populares de la ciudad. ¿Cómo harán los y las enfermeras con sus horarios nocturnos, empleados de comercios u obreros metalúrgicos con sus horarios rotativos? Por el otro, una transferencia de costos al usuario con un aumento de boleto que llega a 45 pesos a partir de febrero.
Finalmente, lo que ni Javkin ni los concejales que votaron la emergencia en transporte nombran: la incertidumbre de cientos de choferes y personal mecánico y administrativo que ven reducir la cantidad de trabajo, y que no está claro si van a hacer despedidos luego de la reestructuración. Redujeron casi a la mitad la flota: de las 798 unidades que debían circular por día según el pliego anterior se pasará a casi la mitad con 468 colectivos. Incluso hay ofrecimientos por parte de las patronales de retiros voluntarios que no son más que despidos encubiertos. Ante la crisis, a los empresarios no se les exigió que muestren los libros contables para que se vea qué hicieron con los subsidios millonarios que recibieron estos años por parte del estado municipal, provincial y nacional.
Los usuarios de los barrios y el Gran Rosario salen perdiendo
La ciudad que está en un aumento constante de casos por covid-19, que tiene dos millones de habitantes, y en la que los funcionarios piden mayor distanciamiento social, con el nuevo rediseño once líneas dejaran de funcionar y veinticinco pasaran a fusionarse para hacer menos recorrido en kilometraje y reducir el combustible. Antes donde había dos o tres líneas que superponían parte de sus recorridos pasan a funcionar como una sola, ahora los usuarios van a tener que caminar más cuadras, tener más tiempo de viaje y viajar como ganado en el colectivo. ¿Le van a echar la culpa a los jóvenes por la expansión de contagios cuando los colectivos se llenen de trabajadores, estudiantes y jubilados?
Como fue una reforma inconsulta con los trabajadores y usuarios, producto de distintas asambleas vecinales y movilizaciones en zona sur la Municipalidad tuvo que escuchar a los vecinos y se lograron algunas modificaciones para La Tablada, Saladillo, Hostal del Sol y Pichincha pero que de conjunto son absolutamente insuficientes, ya que son muchos los barrios discriminados con esta quita de recorridos y no tienen respuestas.
Desde el Concejo Municipal invitan a tener la “cultura del trasbordo”, que se mantiene durante una hora en el día y dos a la noche, además de los sábados y domingos a partir de las 14 horas. Pero veamos el caso de Villa Gobernador Gálvez, la empresa 35/9 de Rosario Bus reemplaza a la línea 143, allí el vecino va a tener que pagar con la SUBE y después en Rosario el trasbordo lo va a abonar con la tarjeta MOVI, con el aumento que corre a partir del primero de febrero el pasaje en Rosario va a costar 45 pesos, así van a ser casi unos 200 pesos por día lo que tenga que gastar el trabajador, jubilado, o joven que tenga que utilizar el colectivo desde esta localidad del Gran Rosario. El hospital Anselmo Gamen que está en estado de total precariedad es el único disponible para 100 mil habitantes en Villa Gobernador Gálvez, la mayoría viaja a Rosario al Hospital Provincial para hacerse atender.
La quita de las 116 para la zona oeste de Rosario es un golpe para muchísimas familias, ya que afecta a los barrios Fisherton sur, Tango, Antártida Argentina siendo esta línea la conexión directa de esa zona con el Hospital de Niños Dr. Víctor J. Vilela y con el Hospital Centenario. En barrio Acindar en el sur de la ciudad se quedan con una sola línea de colectivo para ir al centro.
Por un servicio público y de calidad
La UTA fue parte de todas las reuniones de la Comisión de Seguimiento para la Emergencia del Transporte Urbano de Rosario. Para no ser cómplice de este desguace, hay que impulsar asambleas de base para definir qué pasos a seguir, con la organización desde abajo para que no se permita ni un sólo ataque y en unidad con los usuarios que se verán afectados. Es la única forma de poner un freno a la prepotencia con la que pretenden hacer pasar el ajuste tanto el gobierno como las patronales.
83 días de paro intermitentes sostuvieron los choferes de colectivos durante el 2020 en la pelea para cobrar sus sueldos. Para tener un transporte público, económico y de calidad, el municipio debería hacerse cargo del mismo estatizándolo, y que haya control de trabajadores y usuarios para que este derecho no se convierta en un negocio para unos pocos. Desde las vecinales que se están organizando, junto a los sindicatos, las y los trabajadores de la UTA, los centros de estudiantes y las organizaciones políticas hay que movilizarse en unidad para frenar este ataque al sistema de transporte público y a todos los trabajadores y la sociedad. |
