La Junta Interna de ATE Indec estimó la canasta de consumos mínimos de diciembre en $82.086. La suba de los alimentos y la aceleración de la inflación de conjunto elevan cada vez más el costo de vida, creando grandes dificultades para millones de familias trabajadoras. El Gobierno viene tomando medidas para frenar las subas de precios que vienen fracasando y los dirigentes sindicales se niegan a convocar un plan de lucha por aumentos de salario.
El informe presentado detalla que: “un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar necesitó, en diciembre de 2020, de $ 82.085,9.- para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $ 27.586,3.- necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $54.499,5.- para acceder a otros bienes y servicios básicos.” Los trabajadores explican que el Indec publica una Canasta Básica que no cubre los alimentos requeridos para una alimentación saludable y no toma en cuenta gastos como el alquiler, por eso para el mismo período Canasta Básica Total calculada por el Indec fue de $54.200.
En el documento afirman que “ningún trabajador debería ganar -de bolsillo-menos que el valor calculado en este ejercicio”. Esto está lejos de cumplirse, la mitad de los asalariados ganaba menos de $30.000 en septiembre de 2020.
La situación se agrava mes a mes y los alimentos son los que más aumentan; las carnes, por ejemplo, en 2020 subieron un 74 % los precios. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) del Indec, que actúa como referencia para medir la indigencia, aumentó 5,1 % durante diciembre último y en el acumulado del año 2020 la suba fue de 45,5 %. Si bien hay algunos pocos alimentos que aumentaron por debajo de la inflación, como los lácteos, las empresas amenazan con desabastecimiento si el Gobierno no les permite vender más caro.
La UCA estimó que la pobreza podría alcanzar al 44 % de la población en el último trimestre (octubre-diciembre) de 2020: son alrededor de 20 millones de personas. La eliminación del IFE, entre otros recortes de “gastos” vinculados al Covid, en la perspectiva de mostrar un ajuste acorde las exigencias del FMI, no van en el sentido de revertir esta situación.
Sin la apertura de los libros contables de las grandes empresas formadoras de precios y un control de los mismos por parte de los trabajadores y consumidores, las corporaciones se seguirán llenando los bolsillos a costa de la gran mayoría de la población. Para hacer frente a las necesidades urgentes de los que dependen de sus salarios para sobrevivir, las direcciones sindicales deberían convocar a un plan de lucha con medidas contundentes hasta conseguir un sueldo mínimo mayor a $82.000 y con actualización automática según la inflación.
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