El pasado miércoles, la Comisión especial de la Cámara de Diputados aprobó la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para los casos de crímenes atroces. La medida representa un ataque a los derechos humanos y a la juventud, siendo encaminada para su votación en el plenario. Por ser una enmienda constitucional la medida debe ser votada en dos turnos, con al menos 308 votos favorables en la Cámara de Diputados; si fuera aprobada debe continuar para su votación en el Senado.

Después de las protestas en la semana, este miércoles las galerías de la Cámara fueron desalojadas y su acceso restringido sólo a la prensa. La votación fue precedida por articulaciones políticas entre los principales partidos del poder, como analizamos en otra nota de La Izquierda Diario. Resultado de esta articulación que involucró al PT, al PSDB y al PMDB, fue una alianza de última hora entre estos dos últimos partidos para garantizar la aprobación de la propuesta con solo 6 votos contrarios y 21 favorables.

La presidenta Dilma y el ministro de Justicia José Eduardo Cardozo siguen pronunciándose en contra de la medida. Sin embargo, la votación de este miércoles dejó en claro que no hay ninguna oposición real por parte del gobierno. Por el contrario, desde que buscó implementar la medida que incrementa el encarcelamiento de los jóvenes, aliándose al PSDB, como la propuesta de aumentar de 3 a 8 años el tiempo máximo, la postura del gobierno fue evitar tensionar en extremo a la oposición y a sectores de la derecha en función de no alterar la aplicación de las medidas de ajuste fiscal. Su oposición más firme se debió en gran parte a la presencia de manifestantes, que se hicieron escuchar al grito de “No a la reducción” y en favor de la educación. Luego de finalizada la sesión, los estudiantes enfrentaron a los parlamentarios en protesta contra la aprobación de la medida.

Derechos claves en juego

La reducción de la edad de imputabilidad penal va en sentido opuesto a lo que viene ocurriendo en el resto del mundo y viene siendo criticada por diversas organizaciones internacionales, por ejemplo Humans Rights Watch y la Unicef quienes afirmaron que la aprobación de la medida es un retroceso. Es que, mucho más allá del debate sobre si un joven es consciente o no de lo que está haciendo cuando comete un crimen está el hecho de que los jóvenes constituyen una parte especial de la sociedad, justamente el sector más vulnerable a los problemas sociales. En momentos de crisis es uno de los sectores más afectado, sufriendo más que los adultos los efectos del desempleo y de la desigualdad social, como dejan en evidencia las crisis en diversos países donde los índices de desempleo entre los jóvenes son superiores a los de los adultos. En Brasil, esta situación es aún más concreta si se considera a la juventud negra, ya que el racismo tiene bases profundas haciendo que los jóvenes negros sean los más afectados.

Por otro lado, en momentos de mayor estabilidad, los jóvenes representan el sector con mayor potencial de producción de riquezas de un país. Por eso, la calidad de vida y los derechos democráticos de los jóvenes en un país sirven también como un termómetro que mide el nivel de calidad de vida y de democracia de toda la población trabajadora. De esta manera, la postura del gobierno en este tema, al negociar los derechos de los sectores más vulnerables a cambio de acuerdos con la derecha para preservar la viabilidad de los ajustes fiscales, pone en riesgo importantes derechos humanos y democráticos de amplios sectores de la clase trabajadora, comenzando por los jóvenes.

Esta medida favorece a los sectores que quieren descargar sobre las espaldas de la clase trabajadora los costos de la crisis que los capitalistas y su sed de ganancias crearon y debe ser rechazada por todos los trabajadores y jóvenes preocupados por el futuro de nuestra clase.