La reglamentación de la ley se conoció este viernes en la edición del Boletín Oficial. Sancionada el 4 de diciembre y promulgada el 18, establece el aporte por única vez de personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Luego de su postergación durante meses, fue debatida y sancionada en el Congreso a la par y como parte del presupuesto 2021 que implica recortes en el gasto público.
La ley de Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia fue reglamentada este viernes mediante el decreto 42/2021 con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán; la misma esta compuesta de 12 artículos.
La norma especifica la tasa a cobrar según el rango de activos declarados: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, de 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones. Alcanzará el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones, y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones. De esta manera por ejemplo fortunas de 3 000 millones de pesos pagarán solamente un punto porcentual más en comparación con otras fortunas diez veces menores, como las de de 300 millones de pesos.
Según la AFIP, el 42 por ciento de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados. Y el 92 por ciento de éstos están declarados en el exterior. En base al texto de la ley 27605, el destino de los fondos recaudados serán distribuidos de la siguiente forma: un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural, un 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia, otro 20% a apoyar a empresas Pymes, un 20% más para financiar el relanzamiento de las becas Progresar, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.
La iniciativa había sido impulsada en 2020 por Carlos Heller el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja (Frente de Todos), y el jefe del bloque del mismo frente en Diputados, Máximo Kirchner. Según fue presentada por el gobierno y el oficialismo, la medida fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como lo es la pandemia.
Sin embargo al ser contextualizada en la política económica de conjunto y teniendo en cuenta el presupuesto 2021 presentado por el Gobierno que incluye recortes en el gasto primario, ajustes en los haberes jubilatorios con la nueva modalidad, eliminación del IFE, recortes en la Tarjeta Alimentar, en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y recortes en términos reales en sectores claves como Salud (casi un 10 %), lo que el Estado llegue a recaudar con la ley terminaría siendo una especie de vuelto en comparación a todo lo “ahorrado” en términos fiscales. A su vez, como denunció el Frente de Izquierda y el diputado nacional Nicolás del Caño casi el 50 % de lo que se recaudará estará destinado a subsidiar el fracking de la actividad petrolera y a sectores empresarios.
Nicolás del Caño durante el tratamiento de la ley en Diputados.
En ese sentido, durante la votación en Diputados, el diputado del FIT denunció el espíritu de la ley como camuflaje del ajuste en curso contra el pueblo. Y ejemplificaba: “Es como si alguien que te sacó $ 100 viene de repente y te dice “bueno, te voy a devolver $ 2,50” y quiere que vos le firmes un papel que diga “si, me parece muy bien” .
A diferencia de la ley promovida por el oficialismo, Nicolás del Caño y Romina del Plá presentaron un proyecto desde el inicio de la pandemia que proponía gravar no solamente a personas físicas sino también a la ganancia de los bancos, las altas rentas de las empresas y a los grandes terratenientes. Pero en la ley reglamentada este viernes esas grandes fortunas fueron excluidas de ser gravadas. Esa propuesta de los legisladores de izquierda permitía recaudar entre U$S 15.000 y U$S 20.000 millones para otorgar IFE de $ 30.000, construir 100.000 viviendas en un año y aumentar el presupuesto en salud.
