Antofagasta, la región del sacrificio, saqueo y explotación
Durante los últimos 30 años se pretendió instalar una idea: que Antofagasta sería como la “Dubái” de Latinoamérica, exaltando el discurso del progreso y el exitismo empresarial para así justificar un proyecto de sociedad que fue impuesto en dictadura.
Un modelo de desarrollo que tiene como base la entrega de los suelos, el agua, los recursos naturales, las energías, junto con las empresas públicas y estratégicas a manos de trasnacionales y grupos privados del país. Es así que se invierte tecnología de punta para ciertas áreas de la región, mientras se decide sacrificar ciudades y territorios completos, muchos de ellos pertenecientes a comunidades ancestrales. No es solo Tocopilla y Mejillones, también es Toconao, Quillagua, Maria Elena, Sierra Gorda, Calama, y el territorio completo.
Resulta así que Antofagasta, siendo la capital de la minería en el país, se encuentra en medio de un colapso hospitalario en esta “segunda ola” de la pandemia, poniendo en evidencia el desmantelamiento de la salud pública. Esta situación podría revertirse facilmente, mediante la implementación de un plan de emergencia financiado por impuestos extraordinarios a las grandes riquezas y mineras del país.
Y es que es un completo escándalo que mientras el pueblo pierde los empleos, y crece la pobreza entre las familias, los empresarios del clan Luksic hayan incrementado su fortuna ¡un 84,2%!, pasando de US$10.800 millones en marzo a US$19.800 millones en diciembre pasado. Ya en el 2014 el holding Antofagasta Minerals se ubicaba entre los 10 mayores productores de cobre a nivel mundial, con 455.000 toneladas anuales [1]. Esta poderosa familia posee minas, el puerto ATI, el Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, la CCU, el Banco de Chile, C13, navieras entre otras importantes empresas nacionales y extranjeras.
Antofagasta es el espejo de la irracionalidad del capitalismo y retrata de la mejor forma el saqueo que ha vivido el país durante los últimos 30 años. Y es que junto al saqueo del territorio, se termina por saquear la vida misma de todo el pueblo trabajador. Nuestra región es el Chile contra el que nos rebelamos en Octubre, donde el 1% de la población concentra el 30% de la riqueza y el 50% gana menos de $400.000 [2].
Con una contaminación de metales pesados superior a ciudades industriales de China [3], ha posicionado a Antofagasta por tener los índices de cáncer más altos del país y del mundo. Pero, a pesar de lo anterior, solo se cuenta en la región con apenas 5 de los 35 oncólogos necesarios y 5 de los 15 oncólogos radioterapeutas [4] requeridos.
A eso se suma el saqueo de todos nuestros derechos básicos, a través de la privatización neoliberal de la salud, educación, vivienda, artes y la cultura, y toda la seguridad social, y el alto costo de la vida que se dispara debido a la inflación minera, siendo el valor suelo uno de los principales factores de la especulación e inflación; haciendo insoportable la vida del pueblo trabajador, que vive bajo el hacinamiento, con un desempleo crónico por encima de la media nacional, y con el 50% de los trabajadores- o menos- ganando un máximo de $403.274 [5].
Del salitre al cobre y el litio: Antofagasta, saqueada por las trasnacionales y los grandes empresarios
La historia de la región concentra la historia del saqueo y la dependencia nacional. Ya desde el siglo XIX que Antofagasta fue incorporada al mercado internacional y moldeada como un centro de extracción y explotación minera del imperialismo inglés (y luego de capitales norteamericanos). Los privados y trasnacionales trajeron el vapor y el ferrocarril, pero se quedaron con todo el salitre y las riquezas, fundando cientos de oficinas y campamentos en plena pampa, con una historia de matanzas y represión contra el movimiento obrero. Hoy casi todos están desiertos y abandonados.
Pero fue un siglo después, en plena Dictadura, que el saqueo y la dependencia del país alcanza un nuevo nivel, y se configura la Antofagasta actual, con la privatización, y entrega de la región a los capitales privados y extranjeros. La Sociedad Quimica Nacional- actual SQM- se le entrega en bandeja al yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou; con el decreto de Ley 600 se le da carta abierta a la inversión extranjera, que junto al Código de Aguas, la Ley de Transmisión Eléctrica y el Código de Minería, se establecen como un nexo privatizador entre la energía, el agua y la minería, que sumado al Plan Laboral y la regimentación y represión del movimiento obrero, se le fabricó un paraíso económico para los empresarios.
Los privados y las transnacionales fueron adueñándose de los recursos del país y la región bajo un modelo extractivista [6], mono-exportador, sin ningún límite para la depredación medioambiental, con impuestos a tasas de regalo [7], y con un nuevo Código del Trabajo antisindical hecho por José Piñera especialmente para las empresas.
Los gobiernos de la ex Concertación y la Derecha continuaron profundizado la obra de la dictadura, con las privatizaciones de las carreteras, puertos [8], sanitarias, telecomunicaciones, bancarizando la educación, consagrando el subcontrato, y subastando la soberanía del país, asegurando todas las garantías a los grandes capitales; así se conoció, por entonces, la llamada “Doctrina Frei” que estableció en los 90´ que “ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales” [9].
Minería, “el sueldo de Chile” destinado a un puñado de grupos económicos
La región de Antofagasta es el centro minero más grande del país. Posee más de 600.000 habitantes distribuidos en 9 comunas. Atravesada por la minería, posee al menos 52 faenas o yacimientos repartidos en 37 mineras metálicas y 15 mineras no metálicas o de roca industrial.
Para el 2018 la producción nacional del cobre era de 5,83 millones de toneladas. La región concentró 3,1 millones de toneladas, lo que equivale al 52% de la producción de cobre del país [10]; pero CODELCO Distrito Norte (excluyendo al Salvador) solo representó el 30.8% de esa cifra. El otro 70% de la producción está concentrado en firmas imperialistas [11] y grandes grupos privados como Luksic, todos ellos representados en el Consejo Minero, el gremio patronal que está detrás de la gobernanza de la región.
Solamente Minera Escondida produce el 6% del cobre mundial y el 21% del total del país [12]. La transnacional anglo-australiana reportó en el 2020 ganancias de más de US$5.900 millones, mientras que su división de Escondida acumuló más de 1.200 contagios de covid-19. Este es el saqueo que los trabajadores pagan con su vida.
Por otro lado, el saqueo del litio es de larga data. Hoy, el llamado mineral del futuro, clave para la electromovilidad, la industria de la tecnología y la nueva matriz energética, está concentrado entre dos empresas: por un lado, la norteamericana Albemarle y, por el otro, el grupo SQM, controlado por Ponce-Lerou, condenado en caso Cascadas por corrupción y financiamiento ilegal de la política.
Este empresario duplicó su fortuna en plena pandemia y SQM sigue siendo la empresa que, después de CODELCO, posee la mayor cantidad de terreno bajo concesión (1.237.800 hectáreas)- siendo la responsable directa de la sequía de Quillagua, Maria Elena, y Toconao, succionando las napas subterráneas y el río Loa, contaminando toda la provincia de Tocopilla.
Así la región ha sido transformada en un enorme circuito que garantiza la producción 24/7 de la minería. Con esto nos referimos desde la industria de explosivos (Orica, Enaex, Maxxam), que participa en la etapa extractiva y de fragmentación; la industria química y del ácido (Interacid y Noracid), para tratamiento de los minerales, incluyendo su transporte, vía camiones, tuberías o el FCAB del grupo Luksic que cruza la región uniendo los yacimientos con los principales polos industriales y puertos de la región, ambos concesionados (ATI de Luksic y Puerto Angamos de los Von Appen, además de los puertos particulares de las mineras), siendo esta la puerta de salida por donde se fugan las riquezas del país; la industria de mantenimiento, con transnacionales como Finning y Komatsu; el saqueo del agua subterránea [13] y la contaminación y apropiación del río Loa; la realidad de ciudades como Mejillones y Tocopilla sacrificadas para la generación energética por parte de termoeléctricas controladas por firmas imperialistas; los aeropuertos de Calama y Antofagasta, como responsables directos del flujo de turnos completos de trabajadores mineros y los altos ejecutivos que viven afuera; esto además de los repuestos, motores y todo lo urgente que llega desde el extranjero. A esto se suma la transformación de las ciudades como centros de abastecimientos y servicios a la minería, a la par de cumplir un rol de ser “campamentos” contaminados donde viven las familias trabajadoras.
Los partidos de los 30 años manteniendo viva la herencia de la dictadura
El saqueo a nuestros recursos y vidas no puede ser comprendido por fuera del rol que cumplieron los partidos de la transición pactada. A la salida de la Dictadura y durante toda la década de los 90, el enorme proceso de privatización de la economía, y la consolidación de un modelo primario, extractivista - mono exportador-, fue acompañado de la extensión del subcontrato a todas las ramas de actividad, lo que significó una transformación en el patrón de acumulación capitalista, que permitió la fragmentación productiva y la flexibilización del trabajo a gran escala [14], creando un nuevo régimen laboral basado en la precarización, donde se arrojó a sectores cada vez más grandes de la población, creando una fuerza de trabajo privada de todo tipo de derechos, dividida, y con los sindicatos atomizados.
Este régimen de acumulación y la institucionalización del saqueo de las riquezas dentro de la región fue custodiado por el régimen político y los partidos de los 30 años, en particular el eje DC-PRSD, que junto a la derecha y a RN, principalmente, jugaron el rol de ser los funcionarios políticos más directos del gran capital y las firmas imperialistas.
Sin ir más lejos, en Antofagasta, la golpista Democracia Cristiana ocupó el cargo de primer alcalde de la comuna designado por la Dictadura, nombrando a Santiago Gajardo Peillar.
Otro sector que aporta activamente con funcionarios políticos es el PRSD, un partido que en el siglo pasado fue representante de los patrones industriales y que hoy, a pesar de estar en decadencia, tiene una larga tradición en la región sumando personeros como la diputada Marcela Hernando (ex intendenta y ex alcaldesa), pasando por el Senador Guillier (ex candidato presidencial y parte de la bancada PR), hasta funcionarias menos conocidas como Aurora Williams, quien participó en ambos gobiernos de Bachelet, en el segundo siendo ministra de Minería. En el primer gobierno de Piñera prestó servicios como gerente del grupo Luksic a cargo de la ATI, pasando por la CMDS de Antofagasta en la última administración de Karen Rojo (UDI).
El posterior desgaste de la DC aportó nuevas fracciones de políticos que bajo un discurso “regionalista” dieron lugar a caudillos concertacionistas con rostro renovado. Es el caso de la familia Araya, de tradición DC, que luego fundó el PRI, con Jaime y Pedro dentro de la alcaldía y del senado, respectivamente.
Los partidos de los 30 años han controlado el aparato estatal, y han sido los principales sostenes políticos de la “democracia de los acuerdos”, jugando el rol de defensores de los intereses del grupo Luksic y las trasnacionales como Escondida, permitiendo el sacrificio de la región y la población.
Un punto aparte son “los regionalistas”, que tras las movilizaciones contra el galpón de Luksic sumado al resurgimiento de la lucha clases, con las rebeliones contratistas, paros portuarios y las movilizaciones docentes, han emergido como una “nueva mediación” que representa los intereses de sectores de la burguesía regional, que pone el acento en la contradicción que se origina entre la enorme apropiación privada de la renta minera versus el sacrificio de la región, del cual no existe mayor retorno económico.
A pesar de que se ubican correctamente contra la contaminación y el modelo mono exportador y sus consecuencias para la vida de la población, su programa económico es totalmente limitado a la redistribución de la renta y la búsqueda de un mayor impuesto, o royalty minero, teniendo de principal figura al ex alcalde Calama, Esteban Velásquez, y el PRVS, un partido de capas medias y profesionales que aspiran a mayor regulación de la economía y a políticas de sustentabilidad. En otras palabras, su programa se limita a la “regulación del saqueo”, basada en la conciliación de clases entre la clase trabajadora, los sectores populares, los empresarios locales y las grandes empresas trasnacionales.
Luchas y organización de la clase trabajadora y principales movilizaciones
El modelo de acumulación y explotación intensiva terminó por concentrar una clase trabajadora poderosa, con batallones en importantes posiciones estratégicas, como lo es la minería, donde a nivel regional trabajan aproximadamente 178.000 obreros (60% vive en la región), de los cuales 30.000 son trabajadores de planta y 70.000 trabajadores contratistas. Se suma la creación de distintos polos de desarrollo industrial con un sector de obreros calificados que forman parte de una enorme rama fabril, química e industrial, que está organizada para entregar servicios a la minería.
El sector de transportes industriales cuenta, a nivel ferroviario, con más de 2.300 trabajadores y a nivel portuario concentra más de 1.000 trabajadores contratados, eventuales con y sin convenio, externos, de terminales concesionados y de puertos particulares; además de la industria del camionaje, y los dos aeropuertos mineros que suman alrededor de 500 trabajadores entre Calama y Antofagasta, entre las distintas compañías aéreas y de servicios aeroportuarios.
Esto sin contar un importante sector del comercio urbano y de servicios públicos concentrados en Antofagasta y Calama, con universidades que hacen girar sus mallas en torno a los requisitos de la empresa minera, donde el llamado “Cluster Minero” orienta la vida de la región, priorizando las áreas de inversión privada.
Mientras se producía el llamado “sueldo de Chile” [15], crecía una masa de trabajadores precarios y sin derechos, además de enormes sectores “informales” en las ciudades. Las direcciones sindicales, ubicadas en los principales centros de la economía y en los llamados sectores estratégicos, tuvieron un rol central en la división y subordinación del movimiento obrero a los requerimientos del gran capital, permitiendo a las trasnacionales la imposición de ritmos intensivos de explotación, con los turnos excepcionales, la división entre planta y contratistas, y precarizando al máximo el trabajo de estos últimos; así esta burocracia sindical mientras posee enormes privilegios, juega un rol cómplice con las transnacionales, actuando como un factor de moderación y conciliación entre el imperialismo y el movimiento obrero, negociando las condiciones del saqueo de la región desde los sindicatos.
Fue justamente en los márgenes del control de la burocracia sindical que surgieron importantes rebeliones de los eslabones débiles de la gran cadena de dependencia, las que marcaron un precedente para el conjunto de las y los trabajadores.
La llamada “revolución pingüina” de los secundarios en el 2006 fue la antesala de la entrada del movimiento obrero, abriendo un importante ciclo de luchas mineras, como la rebelión contratista del 2007 bajo el grito de “igual trabajo, igual salario”; un importante combate que logró imponer el Acuerdo Marco a CODELCO, pero que tuvo como límite la adaptación de las direcciones sindicales y políticas de la CTC y el PC, que terminaron por subordinarse a la nueva ley de subcontratación de Bachelet que reguló y legalizó la precarización laboral.
Después del 2011 estudiantil y la impugnación del modelo de Pinochet, se abrió un periodo de mayor politización en las masas que permitió el surgimiento de movimientos como NO + AFP, movimiento de mujeres, y el estallido de luchas regionales, como en Freirina, Tocopilla, Mejillones y “Este Polvo Te Mata”, en Antofagasta.
Dentro del movimiento obrero hubo importantes conflictos que tuvieron impacto nacional y regional, como el paro nacional de CODELCO en el 2013, con tomas de plantas en la división de Chuquicamata por la muerte de un trabajador; pasando por el paro portuario que tuvo su epicentro en Mejillones [16], en el mismo año, y que bajo la demanda de media hora de colación logró paralizar el 85% de los puertos del país, imponiendo una negociación ramal en los hechos con un nuevo referente sindical: la Unión Portuaria, alternativo al sindicalismo patronal de la COTRAPORCHI de la DC, y la CONGEMAR del PC.
Otro gran conflicto fue la rebelión de las bases docentes el 2014, que durante dos meses se movilizaron contra la agenda neoliberal del gobierno de Bachelet, enfrentando a sus propias direcciones nacionales del PC (y el PS a nivel local) y nacional. La región de Antofagasta fue protagonista de este movimiento antiburocrático, y organizaron cortes de ruta en todos los accesos de la capital regional y los caminos a la minería. Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios solidarizamos y nos jugamos por desarrollar la autoorganización en contra de la burocracia de los partidos reformistas, y la coordinación entre docentes, estudiantes y trabajadores de distintos sectores, confluyendo con cientos de activistas del movimiento de “profesores indignados”, y difundiendo el boletín de la Agrupación de Trabajadores de la Educación Nuestra Clase.
Pero, con el discurso de la desaceleración económica, las patronales impusieron planes de reestructuración que implicaron una ola de despidos [17], una línea de intransigencia sobre las organizaciones obreras y ataques en distintos sectores [18]. Y, si bien, hubo sectores resistentes a los despidos que plantearon un camino alternativo- donde los trotskistas del PTR jugaron un rol de dirección, buscando unir la fuerza del movimiento obrero, junto a la juventud, con luchas emblemáticas del activismo docente, en la fábrica de explosivos Orica y la pelea que dio el sindicato interempresa del FCAB, en coordinación con trabajadores/as del sector público y del movimiento ambiental-; el conjunto de las direcciones sindicales no estuvieron a la altura. Ya sea directamente por la renuncia a la defensa de los puestos de trabajo, por la división de los conflictos y de la fuerza de la clase trabajadora, o por la defensa corporativa de sus intereses.
En ese sentido, los trotskistas apostamos por desarrollar el frente único obrero, en un escenario de luchas de resistencia que permitieron impulsar importantes ensayos de coordinación y lucha, como lo fue la jornada de protesta regional en julio del 2019, con cortes de ruta entre Antofagasta, Calama y Tocopilla, entre profesores, trabajadores de Conveyor en huelga del barrio La Negra, los mineros de Chuquicamata y estudiantes de la Universidad de Antofagasta contra los despidos.
La rebelión popular y un nuevo fraude histórico en curso
La rebelión popular fue el despertar de un movimiento de masas contra las condiciones de vida totalmente degradadas por el saqueo, que hizo suyo el grito “no son 30 pesos, son 30 años”, movilizó todo el odio de clase acumulado contra el Chile de los empresarios, y que junto al “Fuera Piñera” crecía un abanico de reclamos “contra la democracia para ricos” que gobernó durante los 30 años.
El movimiento de masas se desplegó de forma intensa, se organizaron e improvisaron todo tipo de acciones, con marchas masivas en todos los territorios, cortes de ruta, concentraciones, paros, huelgas nacionales y ocupaciones de plantas. Se crearon organizaciones de todo tipo, como los grupos de Primera Línea, las brigadas de Salud, asambleas territoriales y barriales, coordinadoras y comités de emergencia, que dieron pie a cabildos, reuniones, y asambleas, etc.
En ese sentido, desde el PTR, en Antofagasta, apostamos por el surgimiento del Comité de Emergencia y Resguardo (CER), un organismo de autoorganización que coordinó a distintos sindicatos y sectores de trabajadores públicos, y privados, trabajadores no sindicalizados, juventud, agrupaciones barriales, de artistas y profesionales, y que se levantó a partir del comunal del Colegio de Profesores. Este espacio contaba con una estación de primeros auxilios y brigadas de salud, con comisiones, como de DDHH y abogados volcados día y noche en las comisarías. Se impulsó un programa por el Fuera Piñera, la policía y los milicos de las calles; por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para que el pueblo trabajador decida, y conquistarla por medio de la derrota del gobierno a través de la huelga general indefinida.
La jornada del 12 de noviembre fue preparada por una plenaria convocada por el CER que logró reunir alrededor de 500 participantes. Se logró imponer a la CUT provincial un acto unitario y una convocatoria a marcha central, que fue acompañada por la paralización de una parte de las posiciones estratégicas de la economía, como los puertos, la planta del litio de Albemarle, parte de la industria, el transporte y todo el sector público, que permaneció en las calles junto a la juventud.
Ahora bien, el problema estratégico central que se abrió en la rebelión se jugaba con la posibilidad de forjar una alianza de las poblaciones y la juventud combativa, con las posiciones estratégicas del movimiento obrero a nivel nacional, en particular en la minería, que por su rol central en la producción era capaz de paralizar los principales engranajes de la economía del país y afectar directamente las ganancias de los capitalistas.
En Antofagasta hubo ejemplos importantes, como el hecho de que sectores mineros, ante cortes de ruta y calle en la entrada sur camino a La Negra, se fueran marchando a la ciudad y se unieran a la protesta en las calles, o participando en sus propias poblaciones demostrando que había disposición para luchar en sectores de base. Sin embargo, eso no se tradujo en paralización de estos sectores estratégicos como exigían los sectores más avanzados de la rebelión. El gran límite lo impusieron los grandes sindicatos mineros controlados por dirigentes vendidos y burocráticos, y las direcciones de las principales centrales sindicales y federaciones- dirigidas principalmente por el Partido Comunista- que actuaron de “rompehuelgas”. Esta enorme burocracia sindical apostó por sostener al régimen, mantener la continuidad operativa y utilizar las posiciones estratégicas para mantener la paz social de los explotadores. Fue el caso de la minería privada y estatal, también de los aeropuertos, bancos, e industrias.
La rebelión demostró la importancia de construir fracciones revolucionarias en el movimiento obrero y utilizar el poder de fuego de las posiciones estratégicas para la lucha de clases. Terminar con el control de la burocracia sindical y revolucionar los sindicatos, para transformarlos en organismos de lucha y no de conciliación de clase, debe estar unida a la lucha por construir una dirección alternativa a los grandes aparatos reformistas y levantar un partido que exprese estas lecciones y organice estos combates; la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora sigue siendo una condición clave para poder vencer.
Pese a esto, el 12 de noviembre fue el paro nacional más importante de las últimas décadas y permitió que se desplegara un frente único entre importantes sectores de la clase trabajadora, la juventud movilizada, pobladores y diversos movimientos sociales, lo que constituyó un “punto de inflexión” en la rebelión que obligó a Piñera y los dueños del país a proponer un acuerdo nacional. Este fue el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución”, un pacto hecho a espaldas del pueblo para salvar al gobierno de Piñera, sellar en impunidad todas las violaciones a los DDHH, y desviar la lucha de las calles.
El Frente Amplio entregó la firma para el pacto y el Partido Comunista criticó algunos aspectos parciales, pero terminó “ratificando” el acuerdo desde la calle (no convocó a ninguna movilización a la altura) y se comprometió a “legislar” para modificarlo en el “Congreso”, subordinando la lucha de millones a un proceso lleno de trampas, hecho a la medida de los partidos del régimen, que se expresa en la actual Convención Constitucional tramposa, partiendo por el quórum de dos tercios que le asegura poder de veto a los representantes de los empresarios. Hoy, el Partido Comunista y su candidato Jadue llaman a “rodear la Convención” para transformarla en una verdadera Asamblea Constituyente. ¿Por qué creer que lo harían si cuando estábamos en la calle en plena rebelión, éramos más fuertes y el Gobierno se tambaleaba tras el 12 de noviembre, decidieron declarar una tregua a Piñera y salvarle el pellejo?
Esta es la camisa de fuerza que tenemos que romper. Nuestra perspectiva es retomar el camino de la movilización, con un plan de lucha nacional que culmine en una gran huelga general que derrote al gobierno de Piñera y al régimen de los 30 años, imponiendo una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde sea el pueblo trabajador el que decida qué temas discutir; donde los mayores de 14 años tengan derecho a voto y a participar; con un representante cada 20.000 electores, con cargos revocables en base a asambleas permanentes, donde los constituyentes ganen lo mismo que un trabajador calificado; sin que ningún poder del Estado del viejo régimen esté por sobre las decisiones de esta Asamblea.
Nosotros somos conscientes que resolver las aspiraciones de millones en la Convención sin tocar los intereses de los capitalistas, ni enfrentar a los verdaderos dueños del país, es una utopía. En ese camino, la batalla por poner en pie organismos de autodeterminación del movimiento de masas y valerse de los métodos de autodefensa de la clase trabajadora para enfrentar la represión, a los cuerpos de policía y la reacción empresarial, se vuelven una necesidad, para derrotar la resistencia de los capitalistas y poner en pie un gobierno de los trabajadores, única forma de resolver íntegra y efectivamente las profundas aspiraciones de la clase trabajadora y el pueblo.
Para responder a las demandas de la rebelión y las necesidades de la población: Nacionalización de los recursos naturales y empresas estratégicas
El grito “no son 30 pesos, son 30 años” ilustró muy bien que el descontento y rabia expresados en las calles no respondían meramente al alza del pasaje en el Metro, sino que a décadas de abusos e injusticias. La rebelión popular tuvo motores centrales y planteó demandas sociales que exige la aplastante mayoría de la población. Hoy, debemos retomar esta pelea y luchar por un programa que responda a estas necesidades:
Sistema estatal, solidario y tripartito de pensiones- que partan de un mínimo de $500.000-, que esté gestionado por jubilados, trabajadores y profesionales, acabando con el odiado sistema de AFP.
Sistema nacional público de salud, de calidad y con cobertura universal, para que hospitales, consultorios, clínicas y laboratorios estén al servicio de atender al conjunto de la población en una sola red pública de salud.
Fin a la educación de mercado. Educación pública y gratuita, de calidad, laica y no sexista. Condonación inmediata del CAE: Ningún pago a los banqueros. Acceso irrestricto a la universidad. Fin a las pruebas estandarizadas a estudiantes y docentes. Democratización de las escuelas, que sus autoridades sean electas por todos los integrantes de la comunidad educativa.
Plan de viviendas y obras públicas, que ponga fin al negocio inmobiliario y haga realidad el derecho a la vivienda, y que sea gestionado por trabajadores, comités de vivienda y organizaciones populares que llevan años luchando por este derecho. En nuestra región el número de campamentos aumentó gravemente durante la pandemia, llegando a los 79 y albergando a más de 7.500 familias que viven en estas condiciones. El déficit total de viviendas en la región es de más de 25.000. ¡La vivienda es un derecho elemental!
Sueldo mínimo de $550.000, acorde al valor de la canasta básica familiar. Basta de trabajo precario, fin al subcontrato y tercerización laboral. Paso a planta y contratos indefinidos. Igual trabajo, igual salario, entre hombres y mujeres, y entre trabajadores chilenos e inmigrantes, ¡basta de discriminación! Hay que luchar por la prohibición de despidos y por la derogación de la ley de protección del empleo. Por el derecho a huelga efectiva y sin restricciones, y negociación colectiva por rama. Reducción de la jornada laboral, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y cesantes, sin afectar el salario. Ante el cierre de empresas o despidos masivamente, hay que defender los puestos de trabajo, exigiendo la apertura de los libros de contabilidad; y nacionalización de aquellas empresas, con control obrero de la producción.
¡No + SENAME! Por un sistema educacional y de hogares estatales que sean directamente administrado por profesionales y trabajadores de la educación y la salud, que garantice alimentación, cuidados y tratamientos médicos y sicológicos, educación, acorde a las necesidades específicas de estos niños, separado de las instituciones de justicia que los encarcela por ser pobres.
¡Basta de violencia contra las mujeres y la diversidad sexual! A igual trabajo, igual salario. Terminemos con la discriminacion a la comunidad LGTB, garanticemos un cupo laboral trans. Vamos por plenos derechos laborales y reproductivos. Salas cunas en cada lugar de trabajo. Plan de emergencia contra la violencia machista, para que toda mujer que se encuentre sometida, ella y/o sus hijos/as, y/o personas a su cargo, a situaciones de violencia reciba una retribución estatal mensual, a la que tengan acceso todas las mujeres mayores de 16 años, con previsión social y servicio de obra social gratuito, extensivo a sus hijos/as u otras personas que estuvieran a su cargo. Refugios transitorios dignos y plan de vivienda estatal con impuestos a las grandes empresas inmobiliarias. Derecho garantizado al aborto legal, libre, seguro y gratuito.
Derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche, y devolución de sus tierras. Nacionalización sin pago de las tierras usurpadas por Matte y Angelini de las forestales. Nos ubicamos junto al pueblo mapuche y defendemos el derecho a la autodeterminación nacional de este último, lo que para nosotros puede implicar, incluso, si el pueblo mapuche lo determina en sus instancias de autodeterminación, la formación de un Estado independiente con territorio propio.
Ante las miles de violaciones a los Derechos Humanos, asesinatos, torturas, mutilaciones, exigimos ¡juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de estos crímenes y vejaciones! ¡Basta de impunidad! ¡Libertad inmediata a las y los presos políticos de la rebelión! ¡Fin a la ley antiterrorista y a todas las leyes que obstaculizan el legítimo derecho a manifestarse!
Sabemos que la represión es un arma vital de este Estado capitalista para resguardar la propiedad privada, los negocios, y los intereses de los dueños de Chile, y que instituciones como Carabineros son irreformables. Por eso, planteamos la disolución de Carabineros y de sus Fuerzas Especiales, porque la seguridad de la población no puede estar en manos de una institución asesina y criminal. La propia rebelión mostró ejemplos germinales de organización y de organismos que cumplieron un rol de seguridad y de cuidar a las personas, como fueron las brigadas de salud y de auxilio, la “primera línea”, comités, entre otros. La seguridad pública debe estar controlada por el pueblo y estar en manos de organismos de autoorganización, de sindicatos y juntas vecinales.
Ahora bien, para resolver todas estas demandas y conquistarlas como derechos garantizados para todas y todos, se requiere poner a disposición de la población nuestros recursos naturales y riquezas. En Antofagasta, el 70% de los derechos del agua pertenecen a la gran minería, tanto así que hasta enero de este año se extrajeron 4.000 litros de agua por segundo en total, entre todas las mineras en el Salar de Atacama, mientras que comunidades se ven perjudicadas, como es el caso de la comunidad de Peine, perjudicada por Minera Zaldívar de Luksic. Asimismo, Minera Escondida, extrajo el agua en el sector de Tilopozo, superando el nivel máximo permitido desde el año 2005, llegando a triplicar dicho umbral el 2019. ¡Hay que terminar con este saqueo y abolir el Código de Aguas de la dictadura!
Tenemos que enfrentar a los dueños de Chile y afectar sus negocios. Antofagasta tiene grandes recursos que podrían solventar no solo las necesidades de las y los habitantes de la zona, sino que de todo el país [19]. Para esto, hay que nacionalizar los recursos naturales estratégicos- mineros, forestales y marítimos- y estatizar las empresas clave en la economía como las mineras, forestales, ferrocarriles y puertos, bajo control de sus trabajadores/as y profesionales, junto a las comunidades. El cobre deberá ser una palanca tanto para la resolución de las necesidades sociales como de la conversión del modelo productivo culminando con el atraso en los demás sectores y en la dependencia extrema de un rentismo extractivo-exportador.
Estas medidas permitirán sentar las bases de una planificación racional de la economía, no de la irracionalidad de la ganancia para unos pocos, de la competencia, que solo produce explotación, enfermedades, desastre ambiental, poblaciones contaminadas. La nacionalización del cobre debe estar articulada con un programa que se proponga la nacionalización de todas las empresas privatizadas desde el golpe cívico militar del 73’, que han ido a parar a las manos de las grandes empresas amigas de la dictadura y luego de la Concertación. ¡Acabemos con la privatización de nuestros derechos básicos! Estatización sin indemnización y bajo gestión obrera de las empresas de electricidad, agua y servicios públicos.
La medida de nacionalización de los recursos naturales estratégicos es fundamental para poder solventar las necesidades sociales y tener el financiamiento para ello, pero no puede ser una medida aislada, sino que debe ir de la mano con un programa que integre el monopolio del comercio exterior, si queremos realmente terminar con la dependencia del país a los capitales extranjeros. Esto acompañado de la nacionalización de la banca y el crédito en una banca estatal única gestionada por los trabajadores, para evitar la evasión y huida a los paraísos fiscales, asegurar los ahorros de los pequeños ahorristas y centralizar el ahorro nacional. Asimismo, poner fin al pago de la deuda pública externa, ya que son miles de millones de dólares que siguen yendo a parar a manos de los especuladores.
La nacionalización por parte de los trabajadores de los principales resortes de la economía significa la destrucción de los grandes monopolios privados, el apoyo a las pequeñas empresas y comercios familiares, la redistribución de los productos para beneficio del pueblo trabajador, que es la aplastante mayoría del país. Y constituyen medidas esenciales en la lucha por un Gobierno de los trabajadores, en la perspectiva de una sociedad sin explotación ni opresión. |
