La movilización contra la cautelar se dirigió al Juzgado Civil y comercial 19, en la ciudad de Resistencia, pasando por los edificios de la Gobernación, la Catedral y el Arzobispado. Con este tipo de recursos judiciales, los sectores antiderechos buscan obstaculizar el acceso a la ley sancionada en diciembre en el Congreso Nacional. Organizaciones del movimiento de mujeres aseguran que podría generar un precedente preocupante.
El gobernador Jorge Capitanich hasta el momento declaró que "la ley se tiene que aplicar y si hay una manda judicial, deberá evaluarse el proceso". Según Télam, el Gobierno provincial no se expresará oficialmente hasta ser notificado de la medida de la jueza Aucar de Trotti.
En la presentación de la cautelar, los particulares solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley, sosteniendo que el art. 15 inc. 1 de la Constitución de Chaco garantiza "el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana". Una medida similar se intentó realizar en Salta, sin embargo fue rechazada por un juez federal.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti. Su referente María Teresa Bossio, aseguró que "la denuncia fue presentada en Chaco por prevaricato, pues se excedió en su funciones". A su vez aseguró que analizan la posibilidad de elevar un pedido de jury de enjuiciamiento. | 
