Abel Nicolás Suárez tenía 26 años. Este viernes a la madrugada fue ahorcado por un Leandro Daguero, de 19 años, quien subió a sus redes sociales imágenes del momento en que le realizaba una fuerte compresión manual sobre el cuello durante minutos. El victimario declararía que la agresión se debe a un intento de robo de parte de Suárez, mientras que otras declaraciones hablan de una pelea en una fiesta clandestina.
Los dos policías que llegaron en un móvil al lugar, el cabo Jorge Ferreyra y el agente Hernán Campos, declararían que al llegar advirtieron cómo el “supuesto delincuente” se desvanecía, por lo que comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llamaban a un servicio de emergencias.
Cuando ampliaban su declaración en la unidad judicial, los dos policías entraron en contradicciones, por lo que fueron separados y se les quitaron los teléfonos celulares.
Al revisar la filmación se ve que, en realidad, Ferreyra y Campos habrían actuado de manera pasiva, con total “inacción” mientras Daguero continuaba asfixiando a Suárez.
Ante esto, la fiscal ordenó que Daguero fuera detenido e imputado por el delito de homicidio y que Ferreyra y Campos también quedaran presos por ser coautores de homicidio.
“Como funcionarios policiales, al no intervenir, dejaron que el asesinato se consumara”, explicó una fuente en relación con la calificación legal que pesa sobre ellos.
A eso además se agrega la maniobra oficial de calificar el asesinato de Suárez como una muerte por “paro cardiorespiratorio”. Es también un crimen de odio, cuando Daguero asfixiaba a Suárez miraba a la cámara del celular y lanzaba toda clase de insultos contra su víctima. “No vale nada. Ninguno de esta mierda vale nada”, decía el joven mientras Suárez era sujetado por el cuello sin poder reaccionar.
Familiares de Suárez, quien era padre de dos niños (entre ellos, un bebé de sólo dos meses), exigieron que el caso fuera investigado a fondo por el Poder Judicial.
La propia Policía de Córdoba suma en estos últimos meses más de veinte efectivos imputados por distintos homicidios y agresiones. Como sus pares del resto del país, son un cuerpo de agentes que ostentan un alta carga de odio hacia la clase trabajadora y los sectores populares, que eligen a sus víctimas según la portación de rostro o vestimenta. | 
