La ley 27.610, que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y permite su práctica en hospitales públicos tanto como en instituciones privadas y obras sociales, está siendo atacada por sectores reaccionarios y fundamentalistas.

Picó en punta la provincia de Salta, cuando apenas entró en vigencia la ley, se presentó un recurso colectivo firmado, entre otros, por la exsenadora María Cristina Fiore Viñuales, antigua aliada del Frente para la Victoria, para inhabilitar el protocolo nacional y su aplicación en la provincia. En ese caso, la Justicia rechazó el recurso por improcedente.

La situación excede a las presentaciones judiciales: en la capital salteña, solo hay 19 profesionales de la salud dispuestos a garantizar el ejercicio del derecho al aborto legal en los hospitales públicos. En el Hospital Materno Infantil, el 90% de los 70 especialistas en ginecología son objetores de conciencia.

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En el Chaco de Capitanich

A fines de enero, la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, hizo lugar a una presentación para suspender la vigencia de la Ley 27.610 en la provincia de Chaco. La cautelar solicitaba que se declare la inconstitucionalidad de la ley que habilita a la interrupción voluntaria del embarazo, aduciendo que la Constitución provincial garantiza "el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana".

Rápidamente, el movimiento de mujeres de la provincia organizó una movilización que se dirigió al Juzgado Civil y Comercial Nº 19, pasando antes por la Gobernación, la Catedral y el Arzobispado. Ante la respuesta que se suscitó en las redes sociales, las declaraciones de referentes del movimiento por el derecho al aborto y las acciones que se suscitaron inmediatamente, el propio gobernador Jorge Capitanich, del Frente de Todos, conocido por sus vinculaciones con el Opus Dei y su ferviente oposición a la legalización del aborto, tuvo que declarar que "la ley se tiene aplicar".

Excusas y ataques en la provincia de Buenos Aires

Durante los mismos días, llegaba la noticia de que en el Hospital San Felipe de San Nicolás, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se negaba el acceso a la interrupción legal del embarazo (esto es, al aborto no punible que está contemplado en el Código Penal desde principios del siglo XX) esgrimiendo la excusa de no tener un espacio equipado y destinado para esta práctica.

En el marco de estos ataques a la ley en distintos puntos del país, una docente que portaba un tapabocas verde con el logo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, fue golpeada e intentaron bajarla del transporte público en el que se trasladaba en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Las amenazas de que hay que matar a las feministas y las acusaciones de "mata bebés", paradójicamente, coincidieron en boca de quienes la agredieron.

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Los justicialistas que no hacen justicia con las mujeres

En la provincia de Santa Fe, distintas organizaciones convocaron a diferentes actividades para denunciar maniobras en distintos centros de salud para impedir el acceso al aborto legal. Las organizaciones exigieron respuestas al gobernador Omar Perotti del Partido Justicialista.

Mientras tanto, el Hospital Privado de Córdoba, aprovechando las ambigüedades del artículo sobre la objeción de conciencia, emitió un comunicado donde declara a la institución como objetora de conciencia. Su director médico señaló: "tenemos una objeción de conciencia institucional, pasa que la ley no lo prevé, por eso tenemos un ideario y una comunicación institucional interna", mientras se comprometía a establecer un sistema de derivaciones a otras instituciones médicas.

Objeción de conciencia: el artículo de la ley que permite uso y abuso

Aunque la objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico al que debiera acogerse tanto para el ámbito público como el privado, la ley no establece la obligación de las instituciones sanitarias de contar con un porcentaje mínimo de trabajadoras y trabajadores de la Salud que no sean objetores. Esta omisión, que fue un reclamo de sectores antiderechos y de las propias iglesias que cuentan con clínicas y sanatorios privados, permite que sucedan hechos como el de Córdoba o el de Salta.

Como ya lo denunciamos mientras el gobierno tejía negociaciones con estos sectores para conseguir los votos en el Congreso, el efectivo ejercicio del derecho de las mujeres y personas gestantes al aborto legal se ve cuestionado si, ante un requerimiento de IVE, es necesario derivarlas a otras ciudades, otras localidades o provincias.

La movilización y la lucha persistente que nos permitieron conquistar la ley a pesar de la oposición de los antiderechos y los fundamentalistas religiosos, incluso a pesar de los vaivenes oportunistas de los distintos gobiernos, es la única garantía que tenemos también ahora para oponer a quienes quieren impedir su implementación.

Las jóvenes y las trabajadoras de la salud unidas: una marea verde para que se cumpla la ley

Si ayer, la marea verde tuvo en la cresta de la ola a las más jóvenes de este amplio y diverso movimiento que se propuso el objetivo de que sea ley, hoy es más necesario que nunca el protagonismo de las trabajadoras de la Salud. Con sus alertas, sus denuncias y sobre todo, con su organización para garantizar que ningún pedido de IVE sea rechazado en ninguno de los centros de Salud del país, bajo ninguna excusa ni circunstancia, las trabajadoras son nuestras mejores aliadas en esta nueva etapa en la que tenemos que enfrentar a quienes se niegan a cumplir la ley que conquistamos con nuestra lucha.

La alianza entre las jóvenes, las generaciones que nos precedieron en esta lucha, las trabajadoras y trabajadores de la Salud que son parte de este movimiento o se solidarizaron con este reclamo durante estos años, es la única fuerza con la que contamos para evitar las maniobras de la judicialización, el abuso de la objeción de conciencia y otras trabas que los antiderechos quieren imponer contra la ley que ya conquistamos.

En cada hospital, cada centro de salud o ciudad donde se impida el pleno ejercicio de nuestro derecho, tenemos que promover la organización de comisiones por el derecho al aborto, que unan por la base a las jóvenes activistas del movimiento, las trabajadoras de la Salud, estudiantes de Medicina y de Derecho y todas las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, para pensar las respuestas jurídicas y también organizar las acciones públicas de denuncias, las exigencias y las movilizaciones para que a la consigna #EsLey le podamos sumar #YNuestroDerechoSeCumple.

De esta manera, fortalecemos también nuestra lucha por la separación de la Iglesia del Estado y por la elección directa de los jueces, para terminar con estas castas que alientan y favorecen el accionar de los sectores reaccionarios que se organizan y disponen de los medios para atentar contra nuestros derechos.

Imágenes: Enfoque Rojo