La caja B del Partido Popular (PP) ha saltado a las portadas nuevamente. Esta misma tarde del miércoles se ha conocido el envío de un escrito por parte de Luís Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, a la Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas, en prisión desde hace 4 años (cumple una condena de 29 años por el caso Gürtel), destapa detalles de la trama de financiación ilegal por parte del PP que habían estado ocultas hasta la fecha, según él, por recomendación de su abogado.
El escrito de Bárcenas remitido a la Fiscalía Anticorrupción se produce apenas 6 días antes de que se inicie el juicio que dictaminará sobre, precisamente, la financiación ilegal del Partido Popular, donde el propio Bárcenas es el principal acusado.
Según este escrito al cual varios medios han tenido acceso, Bárcenas ha ampliado y detallado la información sobre el proceso de financiación ilegal del PP como muestra de “su voluntad de colaborar con la Justicia”, y que si bien en 2013 ya confesó en los juzgados la existencia de una caja B, la declaración en aquel momento no fue más amplia, según el imputado, por una estrategia de defensa y por unas promesas recibidas desde la sede de Génova.
Bárcenas declara que, desde el PP se le prometió que su mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época I. La sentencia a la que hace referencia es la realizada por la Audiencia Nacional en 2018, donde se condenan a penas de hasta 51 años de prisión a 29 de los 37 acusados en el “caso Gürtel” tras el juicio de la pieza Época I (1995 -2005).
El extesorero del PP fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión y multas por más de 44 millones de euros, mientras que a su mujer la Audiencia le impuso una pena de 15 años y 1 mes. Esta promesa, a la postre falsa, fue la que provocó, en palabras del extesorero, que en aquel momento firmara, según sus palabras, “la paz con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular”.
Pero una vez abierta la caja no parece haber secretos. Según los detalles aportados por Bárcenas, la financiación ilegal del PP se considera “institucionalizada” nada menos que desde 1982. Bárcenas asegura en este sentido que “desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en b que se realizaban a través de donativos (…) En 2008 existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela de 1.000.000 de euros de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos b a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid en la calle de Génova número 13.
¿Y cuál era la naturaleza de esos donativos? Muchos de estos donativos se dieron en el marco de contraprestaciones, especialmente a cambio de contratos públicos. De hecho, tal y como se detalla en el escrito, una vez el donativo se había realizado, tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta eran los encargados de notificar en el ministerio de turno el donativo para que se pusiera en marcha la contrapartida en forma de contrato de obra público.
Para sorpresa de… nadie, resulta que M (punto) Rajoy es el ex presidente del Gobierno, y en el escrito que consta en manos de la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas ha ido algo más lejos que el descubrir quién era este misterioso personaje. Ha asegurado que el por entonces presidente del Gobierno era “perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad b, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación”.
En este punto también asegura que existe una grabación, que mostrará en su momento por razones procesales, donde se escucha a Álvaro Lapuerta afirmarle a una persona de su confianza, la realización de estos pagos mensuales en metálico y en la que se menciona entre otros, expresamente a Mariano Rajoy.
De hecho, es difícil negar que no lo supiera, ya que el propio ex presidente era uno de los beneficiarios de los “complementos salariales” junto a Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo.
Y es que los partidos del Régimen del 78, si en algo se han esforzado es en mostrar a todas luces que son especialistas en aprovechar los escaños públicos y las administraciones públicas para hacer suculentos negocios privados.
Antes del caso Bárcenas, el Partido Popular tuvo otros, como la financiación ilegal de la campaña de Esperanza Aguirre en el 2003 o la también financiación ilegal en Baleares en los años 90, conocido como el caso del “Túnel del Sóller”.
Tampoco la “otra pata” principal de este Régimen tiene nada que envidiarle. El PSOE cuenta entre sus cuestionables logros, el gasto de casi 700 millones de manera opaca durante la primera década del 2000 en Andalucía a través de las ayudas gestionadas por la Consejería de Empleo.
Por no hablar del famoso caso Filesa, uno de los grandes escándalos que tuvo (y tuvo muchos) el gobierno de Felipe González. En este caso hablamos de un conglomerado de empresas creado por el Partido Socialista catalán y que se utilizó para cobrar informes inexistentes a compañías afines al Gobierno socialista. Los fondos obtenidos por esa vía se dedicaron a financiar las campañas del PSOE para las elecciones generales y europeas de 1989.
También en Catalunya se encuentra el caso de CiU y su 3%. Este caso del 3% también llamado caso ADIGSA y es un escándalo de corrupción política que señala al cobro de comisiones ilegales en un porcentaje de alrededor del 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por el Govern de la Generalidad de CiU.
Tráfico de influencias, facilitadores, contratos públicos a dedo, falsificación de informes técnicos, prevaricación, extorsión, sobrefacturación, fraude a hacienda, financiación ilegal y contabilidad B, sobresueldos en sobres, recalificación urbanística, sobornos y regalos, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, son algunas de las prácticas de los personeros del Estado y la clase a la que representan.
Así, el Estado es un botín de uno u otro sector de la burguesía, de la mano del partido del régimen que responda mejor a sus intereses. Dicho de otra manera, el personal político de turno está al servicio de los empresarios o banqueros amigos de su partido y en general, de los negocios comunes de la burguesía de conjunto. Eso sí, una amistad muy lucrativa, que garantiza una posición económica privilegiada.
Si todos los altos los funcionarios del Estado como jueces, policías y militares y los representantes políticos cobraran el salario medio, se acabarían parte de los privilegios para la casta al servicio de grandes empresarios y banqueros. | 
