La investigación que llevaba a cabo la DEA desde hace algunos años sugiere una conspiración del general Cienfuegos con el cartel de los Beltrán Leyva por presunto lavado de dinero. La fiscalía federal de Estados Unidos respalda estas acusaciones, a tal grado de haber girado una orden de captura del general Cienfuegos, deteniéndolo en Los Ángeles el pasado octubre.
Estos nexos y complicidades de corrupción señalan al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, identificado por los agentes de la DEA como posible protector de cabecillas del narcotráfico, y líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva, los Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el “H2”, y Daniel Isaac Silva Gárate, identificado como “H9”.
En dicha investigación aparecen supuestas conversaciones entre “H2”, “H9” sobre el general Cienfuegos, a quien llaman “el padrino” vinculando una serie de fotografías y chats entre ambos líderes del cartel. En dichos chats se reconoce a Osorio Chong y el general en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, además de agendar fechas de encuentros con la finalidad de pagar presuntamente por la protección desde las alturas del Estado a dichos delincuentes.
Las conversaciones que señalan la investigación también exponen la relación del grupo delictivo con la exprocuradora General de la República, Arely Gómez y dos funcionarios públicos más: Javier Cruz Rivas, General en retiro (2019) de Diplomado de Estado Mayor; y Virgilio Daniel Méndez Bazán, exdiputado priísta (2015-2018) y exmilitar que formó parte del Estado Mayor.
Sin embargo, la investigación por parte de la FGR en México, desestimó el caso contra el exsecretario señalando que “no encontraron pruebas de que Cienfuegos tuviera relación con el grupo delictivo de los Beltrán Leyva, tal y como lo había acusado EE. UU.”
No obstante, desde exmilitares, hasta exprocuradores que aún están activos en la política del país, aparecen vínculos con el narcotráfico. Cobrando por protección política e infiltrando a grupos delictivos en varios estratos del gobierno, coludidos con el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila al igual que los exgobernadores de Guanajuato y Sinaloa en el sexenio de Peña Nieto.
Dicha resolución tomada por la FGR fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes 12 de enero, señalando que la misma DEA “fabricó” sin sustento y sin pruebas” el caso. Pero lo que esto implica, además de detener las investigaciones en relación con los nombres de estos altos funcionarios, es interponer un manto de opacidad, en defensa de lo que para AMLO es clave para su gobierno: el respaldo de las fuerzas armadas.
Eso explica que haya negociado con el gobierno de Trump, una insólita resolución de Estado a Estado que resolviera por encima de la ley y la Corte Suprema estadounidenses, la repatriación del ex jefe del ejército, anulando los cargos fincados contra él. Lo del seguimiento en México de la causa abierta en EE. UU. sólo fue un caso de simulación que tenía como fin garantizar la impunidad del general y reconstruir su imagen.
El gobierno de la 4T ha sido cuestionado por estas decisiones en un amplio espectro de la las diferentes castas políticas en la derecha y en el mismo Morena. El cierre del caso Cienfuegos es altamente preocupante a la luz de la impunidad y creciente poder de las Fuerzas Armadas, hace evidente la poca credibilidad de la FGR como una institución autónoma y capaz de brindar justicia y pone en cuestión el discurso lopezobradorista del “combate a la corrupción”.
Lo cierto es que una denuncia de esta magnitud obligaba a la FGR a demostrar en términos claros su voluntad y capacidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente antes de cerrar el caso. Muy cierto resultó también que los militares de la 4T son intocables como lo fueron los de los gobiernos del PRI y del PAN.
¡Basta de impunidad! | 
