El fin de semana hubo en total tres aluviones que tuvieron lugar en San José de Maipo, dejando alrededor de 200 casas severamente dañadas, 1.300 personas aisladas y más de 30.000 sin luz y muchos con cortes de agua. El desastre vivido durante estos días, no se descarta que vuelva a ocurrir. El cambio climático y el impacto medioambiental generado por la intervención sobre los ecosistemas no son algo nuevo y ha sido denunciado por diversas organizaciones sociales en los últimos años.
Deforestación, sequía, desvío de ríos, cambios en la vegetación y daños a diferentes especies animales, son algunos efectos de importantes megaproyectos como Alto Maipo que hace unos años drena el Río Maipo, con el que se abastece de agua a casi la totalidad de la Región Metropolitana; así como el de empresas forestales o inmobiliarias. Lejos de tratarse de un desastre “natural”, lo ocurrido durante el fin de semana es de directa responsabilidad de la avaricia empresarial que destruye el medioambiente y genera exorbitantes ganancias para unos pocos mientras el pueblo trabajador vive daños y contaminación.
Luksic, uno de los peces gordos beneficiados por Alto Maipo
El proyecto de hidroeléctrica Alto Maipo, impulsado por AES Gener y hasta el 2017 por Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic, genera electricidad mediante el desvío del río Maipo en un túnel de más de 70 kmts. Este es uno de los proyectos que mayor cuestionamiento tiene, desde su misma presentación -donde diversos sectores señalaban su inviabilidad-, y ahora con los daños provocados por los aluviones. A pesar de esto, se pronostica continuar su segunda etapa de construcción a mediados del año 2021.
Andrónico Luksic fue el que más recibió el repudio por redes sociales. Y con justificación, pues no solo fue su principal impulsor, cuando el proyecto se encontraba en jaque por estar cuestionado, comprando el 40% de sus acciones y moviendo los hilos para recibir el apoyo de bancos y personeros del Gobierno en 2013, sino que también fue clave, en ese entonces accionista de Aguas Andinas -quien se había negado a sumarse al proyecto-, para que la empresa firmara en el 2011 un millonario contrato con Alto Maipo permitiéndole usar agua del embalse El Yeso para producir energía y luego devolver el agua contaminada con arsénico y otros minerales.
Frente a las acusaciones, Luksic se vio obligado a responder que desde el 2017 ya no es parte de la hidroeléctrica. Producto del enorme rechazo generado por Alto Maipo, que hasta algunos golpes le costó al empresario, se vio obligado a asumir pérdidas monetarias para no continuar ligado al nombre; sin embargo, se aseguró de seguir recibiendo las ganancias que el proyecto genere, negociando con AES Gener que la minera Los Pelambres, de la que es dueño, funcione bajo el suministro de energía producida por Alto Maipo. Por eso, sabemos que sigue siendo el principal responsable.
El derecho privado del agua en el Chile heredado de Pinochet
En la Constitución de Chile se establece el “derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, es decir, el derecho a poseer cosas por sobre todo lo demás. Por otro lado, el Código de Aguas, que rige desde 1981, señala que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”, es decir que regula la privatización de este recurso fundamental.
Sin embargo, esto no solo se asentó durante la dictadura, sino que en los 30 años posteriores, la derecha y la ex Nueva Mayoría administraron y mantuvieron este saqueo a los recursos naturales. Esto inició desde 1998, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se privatizó el servicio sanitario. Luego, Ricardo Lagos, Piñera y otros más impulsaron proyectos que profundizaron esta privatización. Habiendo casos como el de Antonio Walker, ex ministro de Agricultura y actual candidato Convencional, de quien se ha dicho que es propietario de 29.000 litros de agua por segundo.
A terminar con el saqueo de estos 30 años: Que la crisis la paguen los ricos
Ante el daño que decenas de familia sufrieron durante el fin de semana, y en un contexto de crisis sanitaria, hace falta urgentemente un plan de emergencia que garantice la vivienda y los derechos básicos como el agua y la luz, que sea financiado por el impuesto a las grandes fortunas, para reconstruir las casas y los centros de salud dañados.
A su vez, solo acabando con la privatización de unos pocos sobre el agua y su derecho consagrado en la Constitución de Pinochet contra la que nos movilizamos en la rebelión, podremos pensar en que los recursos estén a disposición de satisfacer las necesidades de las mayorías, de los millones de trabajadores, mapuche y sectores populares, en vez de un puñado de familias multimillonarias que son dueños del país.
Esto, junto a otros recursos naturales, es algo que en la Convención Constitucional no se podrá tocar ni debatir, debido a los tratos que dispusieron los partidos del régimen en el Acuerdo por la Paz, como una forma de mantener los pilares estructurales de la herencia de Pinochet.
Será la fuerza social de miles organizados y movilizados la que pueda renacionalizar el agua y los demás recursos naturales y ponerlos bajos la gestión de sus propios trabajadores y las comunidades, poniendo al centro las necesidades por sobre las ganancias de las y los empresarios. |
