Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas administrados en centros de salud pública estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado.
Habían sido detectados envases con errores en la disposición de las píldoras. Se colocaron placebos en lugar de pastillas de principio activo y viceversa. A pesar de esta información, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, que se distribuye principalmente en los centros de salud públicos.
A la fecha, 111 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de esta falla del método anticonceptivo. El Estado ha negado el acceso al derecho al aborto por considerar que los embarazos resultado de negligencia empresaria y oficial no están contemplados en los abortos no punibles.
Los lotes defectuosos se distribuyeron por todo el país y hay afectadas en varias regiones, como Barbara Vásquez, de 20 años, que también vio peligrar sus estudios como técnico en educación infantil cuando se enteró del embarazo.
“Yo quería ser madre, pero más adelante en mi vida. Quería tener un trabajo y una casa antes de esto. Quería tener un futuro”. Es el testimonio de una de las mujeres que utilizó las pastillas, que solo cuenta con el apoyo económico de su familia y vive en una comuna vulnerable del sur de la capital Santiago de Chile.
Derechos negados
Algunas de las mujeres afectadas solicitaron interrupciones de los embarazos no deseados, resultado de la negligenciae empresaria y oficial. El Estado denegó el acceso al aborto, despenalizado en Chile por tres causales (violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre), por considerar que estos casos no están contemplados en esas causas.
Organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos alertaron que esta situación representa "una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas". Así lo expresó Estefanny Molina, abogada de Women’s Link Worlwide, organización que presentó una denuncia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El aborto legal es una reivindicación para gran parte del movimiento de mujeres en América Latina. La reciente conquista de este derecho elemental en Argentina a fin de 2020 reabrió el debate en la región, donde el aborto está mayoritarmente penalizado (con excepción de Cuba, Uruguay, Argentina, Guyana, Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca). | 
