El accionar del Gobierno de Jujuy y el PJ a favor de la empresa Ledesma solicitando al unísono la prórroga de la Ley de biocombustibles podría ser un hecho más del bipartidismo que gobierna desde siempre al servicio de los ingenios.
Sin embargo, el negocio del biocombustible se ha convertido en uno de los más rentables y codiciados por las patronales azucareras que en la última década han ido reconvirtiendo el destino de la caña de azúcar hacia la producción de bioetanol.
Por ejemplo, según el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, el negocio del bioetanol arroja un precio por tonelada de caña procesada que supera en 527 pesos (un 17,24%) el precio que se paga por la tonelada de caña que tiene como destino la producción de azúcar.
Sin la ayuda del Estado que por Ley 26.093 establece el precio del etanol este negocio no sería posible; como tampoco lo sería su venta. Muy lejos del mito del esfuerzo y el mérito empresarial, recordemos que por Ley es obligatorio para las petroleras incluir en cada litro de nafta un cupo o corte de etanol que se ubica entre un 12 y 10 por ciento de cada litro de combustible (nafta o diesel respectivamente).
Casi como en la época de Herminio Arrieta
El gobierno del radical, Gerardo Morales, junto a su vice, Carlos Haquim, proveniente del PJ, desde el año pasado vienen haciendo gestiones frente al gobierno nacional para que sean considerados los reclamos de los ingenios azucareros respecto al negocio de los biocombustibles. El senador de la UCR, Mario Fiad, presentó junto a sus pares de Tucumán y Salta el proyecto de prórroga en el Senado en 2020, al cual dio su voto positivo el senador Guillermo Snopek (PJ-FDT). Mientras la diputada nacional del Frente de Todos por Jujuy, Carolina Moisés, señaló en BaeNegocios que los “biocombustibles son una herramienta para capitalizar el futuro”. No quiso quedarse por detrás el presidente del justicialismo jujeño, Rubén Rivarola, quien envió una carta al Poder Ejecutivo Nacional donde se contempla el reclamo de los ingenios.
“Se comportan igual que sus pares de Salta (Saenz) y Tucumán (Manzur) quienes en representación sin filtros de los empresarios azucareros vienen solicitando desde el año pasado que se actualice el precio del biocombustible y se prorrogue la Ley a la medida del sector dominado por el ingenio Ledesma, Tabacal y La Florida. Solo estos tres ingenios concentran el 60% del negocio del bioetanol. Por el contrario a ellos, en el Parlamento NOA denunciamos este accionar que en nada beneficia al trabajador y presentamos propuestas a favor de los obreros azucareros”, afirmó el diputado provincial del PTS-Frente de Izquierda en Jujuy, Alejandro Vilca.
Por su parte, Alberto Fernández, tras autorizar subas de los precios que van del 50 a casi el 100% en los biocombustibles, trataría los pedidos del sector el martes de la semana próxima cuando visite al primer mandatario de la provincia de Tucumán.
Si bien el personal político de los partidos patronales que ocupan cargos en el Estado ya no lo integran directamente los dueños de los ingenios como fue el conservador Robustiano Patrón Costas (El Tabacal) o Herminio Arrieta (Ledesma), ambos senadores nacionales, su comportamiento a favor de los dueños de las provincias, no guarda casi distinción con la época de aquella oligarquía. A su vez, los favores a los dueños de los ingenios, entre otras grandes patronales, se cobran con negocios bajo su amparo que les facilitan así la posibilidad de consolidarse o transformarse en políticos-empresarios. Aquí tampoco hay distinción entre las elites de la UCR o PJ.
Lo que es bueno para los ingenios, no lo es para los trabajadores
Los gobiernos intentan mostrar que el tiempo y los fondos públicos utilizados para gestionar los pedidos de los ingenios son favorables a los trabajadores y para toda la región. Sin embargo, esto no es así, siempre ganan los empresarios. Por ejemplo, mientras los aumentos de etanol de caña de azúcar supera el 50% entre septiembre 2020 y mayo 2021, la paritaria azucarera que vence en mayo fue del 38%.
En la competencia con el sector petrolero, los aumentos del etanol destinado a los biocombustibles son trasladados al surtidor golpeando los bolsillos ya maltrechos por la inflación. Y también influye en el alza del precio del azúcar que se utiliza como alimento de millones de personas.
Por otra parte, durante el pico de los contagios de covid-19 mantuvieron su producción de alcohol que en un 90% se destina a la mezcla con naftas y exigían aumento de precios al gobierno. Lo cual iba en contra de la necesidad de disponer de la materia prima fundamental para producir alcohol medicinal y en gel acorde las exigencias sanitarias que impuso la pandemia. Demostraron que sus negocios están por encima de la salud.
A su vez, los biocombustibles lejos están de “proteger” el medioambiente. La misma cámara de biocombustibles afirma que la ecuación entre el carbono emitido y el absorbido tienen un resultado neutro. Esto sin considerar el consumo de agua y agroquímicos que impacta en el ambiente y en la salud de los trabajadores y de la población cercana a las plantaciones de caña, como también los efectos adversos sobre la salud que provoca el bagazo, enfermedad reconocida como bagazosis que afecta principalmente las vías respiratorias.
Son sus negocios y sus ganancias garantizadas por los gobiernos o las vidas de los trabajadores y sus familias. Optar por defender los intereses de la clase trabajadora, implica fortalecer una fuerza política independiente de los partidos patronales como es el Frente de Izquierda. | 
