Este domingo en una entrevista a Página 12 el presidente Alberto Fernández se refirió al problema del aumento de precios en el país, sobre todo de los alimentos y señaló que los exportadores “no pueden trasladar a los argentinos los precios internacionales”, y aseguró que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta”.
Tras esto, la Mesa de Enlace emitió un comunicado donde se desligaron de responsabilidad sobre el aumento de precios de los productos finales: “Los productores no somos formadores de precios” sostuvieron. Y además señalaron entre otras cosas que “un aumento de retenciones o cupos de exportación, serían dos medidas devastadoras para la producción".
Luego de esa respuesta la Mesa de Enlace compuesta por Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), mantuvieron una reunión en la que resolvieron pedir una audiencia al presidente. Tanto los empresarios del campo como el Gobierno, vienen dejando siempre en claro que la prioridad es el “diálogo”. La última vez que Fernández recibió a la Mesa de Enlace fue el 23 de diciembre de 2019.
La Mesa de Enlace estaría evaluando dos alternativas. La primera es pedirle un debate al ministro de Agricultura, Luis Basterra, sobre los precios de los alimentos. La otra sería hacer en los próximos días una conferencia para hablar de la baja incidencia de las materias primas en los precios finales. Algo que por lo visto no les será muy fácil, teniendo en cuenta el lugar que ocupan los precios de las materias primas en los demás productos finales.
Desde las entidades agrarias, doblan la apuesta y señalan al gobierno que uno de los principales factores de la inflación son los impuestos, sobre los que piden reducciones para así maximizar más sus ingresos. A su vez, según los ruralistas, "las causas de la suba de los alimentos, debería buscarse en el exceso de emisión monetaria y el enorme déficit fiscal, que deteriora la capacidad de compra de los salarios".
La semana pasada, con la mira también puesta en la inflación, que cada vez erosiona más el poder de compra de los trabajadores, el Gobierno dispuso un acuerdo con los frigoríficos para que vendieran algunos cortes de carne en los supermercados los días miércoles y en las grandes cadenas los fines de semana. El plan oficial terminó en fracaso, además del desabestecimiento de éstos cortes a un precio pactado, se hicieron públicas imágenes de que la supuesta carne era grasa más que otra cosa.
Mientras tanto, la inflación sigue impactando en el bolsillo de las mayorías. Mientras el Ministerio de Economía pronosticó un 29 % de inflación en el Presupuesto 2021, ya en enero según la consultora LCG, entre otras, registró un incremento promedio del 4,7 %. Según el estudio la carne aumentó 9,1 %, las frutas 8 %, las comidas para llevar 4,2 %, y los productos lácteos y huevos 2,8 %. En muchos casos la carne aumentó 100 % desde el mismo mes de 2020.
Está por verse lo que resultará de ésta nuevo cruce entre el gobierno y las patronales del campo, que vale decir que lejos de motivarse en una preocupación oficial por el salario de los trabajadores, busca en última instancia apropiarse de una porción mayor de las divisas provenientes de la renta agraria, en un contexto de negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda externa en dólares que mantiene con el organismo.
Si nos basáramos en el último antecedente reciente del Gobierno con los productores de maíz, sería difícil esperar alguna definición que llegue a afectar los abultados ingresos de los “productores” agrarios. En esa ocasión, tras la medida de fuerza anunciada por la Mesa de Enlace ante el cierre temporal de la exportación de maíz anunciada por el Gobierno, éste terminó negociando un acuerdo con el sector que los terminó beneficiando, retrocediendo con el cierre y prometiendo una línea de créditos para un sector de ellos. Yendo más atrás en el tiempo, el caso del gigante cerealero Vicentín fue una muestra más de la distancia entre los dichos o “amenazas” del gobierno y los hechos.
También a fines de noviembre 2020, el gobierno había dispuesto una baja en los derechos de exportación a favor de los agroexportadores con el fin de que liquidaran sus cosechas y así pudieran ingresar divisas a las arcas del Estado. Sin embargo en esa ocasión las patronales respondieron al gesto de Fernández con el bolsillo, liquidando un 21% menos en noviembre comparando con el mismo mes del 2019.
En la actualidad existe un monopolio privado del comercio exterior, donde unas pocas empresas concentran entre la mitad y dos tercios de las exportaciones del país. La medidas que intenta el Gobierno de bajar algunos puntos las retenciones de determinados productos, establecer cupos o suspender la exportación de algunas materias primas no modifica esta estructura concentrada y extranjerizada que incide en los precios, además que son los mismos sectores que operan y controlan las divisas del país, que sigue siendo un problema en la economía. |
