Un importante arco de organizaciones de derechos humanos se hizo presente este lunes en la audiencia celebrada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, en la que la diputada Myriam Bregman y Matías Aufieri, ambos abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), fundamentaron su apelación contra el procesamiento de nueve manifestantes, imputados desde 2014 por movilizarse en solidaridad con las protestas de los trabajadores despedidos de Lear en la autopista Panamericana.
Entre los presentes estuvieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), María del Carmen Verdú de Correpi, el Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ) que además hizo llegar la solidaridad de su referente Adolfo Pérez Esquivel, la abogada Liliana Mazea, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD),el Comité de Acción Jurídica (CAJ, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos), el Colectivo Memoria Militante, la Asociación de Profesionales en Lucha y Carlos Lordkipanidse del Encuentro Militante Cachito Fukman.
Además se pronunciaron por el cierre de la causa el jurista Roberto Gargarella, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Sergio Maldonado, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; Cadhu, la Asociación de Abogados Laboralistas, y la Comisión de Prevención y Seguimiento contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En sus exposiciones, Bregman y Aufieri detallaron las numerosas arbitrariedades que encierra la causa, como son los siete años que lleva abierta tras cinco sobreseimientos de la jueza de instrucción, o que se haya procesado a los detenidos y heridos, sin siquiera pruebas del delito del que se los acusa (interrumpir el tránsito).
También rechazaron que se asimile la condición de empleado público transitorio de uno de los imputados, a la de un funcionario público con poder, de modo tal que la causa no pueda cerrarse por el paso del tiempo. Un grave precedente para los cuatro millones de empleados públicos en el país que no podrían ser nunca juzgados en un plazo razonable.
Por último, plantearon la nulidad de la causa que se basa en los testimonios falsos del comandante de Gendarmería López Torales, que está procesado por la misma Cámara de San Martín, por armarle causas al mismo colectivo de manifestantes que reclamaba contra los despidos de Lear cuando fingió ser atropellado por uno de ellos para detenerlo. Se trata del famoso caso del “gendarme carancho”.
En los próximos días los camaristas Alberto Lugones, Juan Pablo Salas y Néstor Barral deberán resolver los planteos de la defensa de los manifestantes. | 
