En Haití se vive una gran agitación política en medio de protestas y movilizaciones contra el odiado Jovenel Moïse. Desde enero, pero sobre todo desde los primeros días de febrero, se ha elevado la tensión y crisis con fuerte represión contra el pueblo.

Los hechos más álgidos dieron inicio los días uno y dos de febrero cuando los sindicatos y la oposición política haitiana convocaron a una huelga general que en las grandes ciudades tuvo un alto acatamiento. El Gobierno rápidamente respondió con la militarización de las calles de la capital Puerto Príncipe y otras ciudades a lo largo de la nación caribeña.

Moïse se resiste a dejar el gobierno tras la emblemática fecha del 7 de febrero en la que, de acuerdo a un artículo de la propia Constitución, vence su mandato, argumentando de acuerdo a su propia interpretación de la misma que aún le resta un año de gobierno. Durante los dos días de huelga general hubo muertos por balazos de la policía, principalmente en Cabo Haitiano, segunda ciudad del país, con 3 víctimas fatales de la represión.

Pero el odio a este mandatario es tal que, casi desde la llegada al gobierno ha venido siendo sometido a constantes protestas por sus políticas de hambre y miseria, sobre un país hundido en la pobreza, sometimiento al imperialismo y las políticas del FMI, que no hacen más que aumentar la agonía de todo el pueblo haitiano.

Si Jovenel Moïse a estas alturas no ha caído ha sido por las propias políticas de los partidos de la oposición y otros sectores de poder pues hace más menos de tres años le han venido salvando el pellejo montando mesas de negociación en busca de una transición política. Mientras es el pueblo que protesta en las calles, se arrogan la cabeza de las protestas y exigen que Jovenel Moïse dimita considerando que el 7 de febrero concluía su mandato de acuerdo a la propia Constitución.

Son ellos los que vienen decidiendo cada paso, siendo que este lunes 8 proclamaron a un presidente provisional, pero sin consultar absolutamente a nadie menos que menos al pueblo que se encuentra en las calles. De igual manera que convocaron a la huelga general de manera inconsulta, la levantaron burocráticamente sin consultar a los trabajadores, todo para mantener sus ritmos de presión, y que la situación no se les desborde y la propia movilización les pase por encima.

Es de destacar que las manifestaciones contra el Gobierno de Jovenel Moïse datan desde noviembre del 2018, cuando el pueblo haitiano lo puso contra las cuerdas, obligando a la renuncia de varios ministros. Luego de un impasse, se reanudaron las protestas en septiembre del 2019 contra la escasez de combustibles que provocó cortes en el suministro eléctrico, problemas con transporte público, aumento de precios en productos y servicios básicos. En ese entonces las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas dejando un saldo de más de 40 muertos y cientos de heridos.

Durante estas movilizaciones, la oposición se sentó con el Gobierno en busca de negociaciones para forzar un gobierno de transición, sin embargo, en todo este tiempo no lograron avanzar en las distintas mesas que se montaron, pero sí le dieron aire a Jovenel Moïse, quien se fue endureciendo, sobre todo por el gran apoyo brindado por Estados Unidos.

Con el argumento de las protestas, el gobierno de Moïse aplazó sin fecha las elecciones legislativas previstas para 2019, clausurando el Parlamento (bicameral) en enero de 2020, medida que lo aisló políticamente. El presidente gobierna desde entonces por decreto, bajo el gran descontento de una población minada por la pobreza y que sufre a diario la violencia de las bandas criminales muchas de ellas ligadas al propio Gobierno.

Mientras el heredero político de Michel Martelly, se ha venido asentando en el poder en un Haití donde la vida se torna cada día más cara para las masas mientras los miembros del gobierno y sus aliados son cada día más ricos. El presidente que proviene de un partido de extrema derecha, que llegó al gobierno en una elección denunciada por fraude con apoyo de la comunidad internacional y la burguesía, junto a sus aliados están acusados de malversación de fondos estatales, secuestro y saqueo.

En plena crisis, los militares anunciaron que se mantendrán fieles a Moïse, quien refundó las Fuerzas Armadas en 2017 dos décadas después de haber sido disueltas por el entonces presidente, Jean-Bertrand Aristide. “Las Fuerzas Armadas de Haití reafirman su determinación a respetar la Constitución y las autoridades legítimas, democráticamente elegidas por la población”, dice un comunicado firmado por el comandante en jefe, teniente general Jodel Lessage, difundido por fuentes oficiales.

Considerando que el mandato vencía el 7 de febrero, varios partidos y organizaciones de la oposición de Haití nombraron este lunes al juez Joseph Mécène Jean-Louis “presidente de la transición”. Jean-Louis, magistrado de 72 años y miembro del Tribunal de Casación desde 2011, grabó un video en el que dijo que acepta “la elección de la oposición y de la sociedad civil para poder servir al país”. Colocar a un miembro del Tribunal de Casación ha sido una política que la oposición ha venido ensayando desde la crisis del 2019.

El “nombramiento” de Joseph Mécène Jean-Louis se produjo un día después de que Moïse denunciara que otro juez de la Corte de Casación había organizado un complot para dar un golpe de Estado. El mismo lunes Moïse publicó un decreto por medio del cual jubiló a tres jueces opositores, entre ellos Joseph Mécène Jean Louis, al mismo tiempo el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent declaró que el gobierno procederá a la detención inmediata del presidente designado por la oposición.

El decreto retira también de sus funciones en la Corte de Casación, máxima instancia judicial del país, a Jean Louis, a Ivickel Dabrésil, arrestado el fin de semana bajo la acusación de preparar un golpe de Estado, y al magistrado Wendelle Coq Thelot, también opositor. La orden dada por Moïse sería contraria al artículo 177 de la Constitución, que establece que los jueces de la Corte de Casación son "inamovibles" y no pueden ser destituidos o cesados a no ser que sean imputados penalmente, o en el caso de incapacidad física o mental permanente y debidamente constatada. Pero Moïse busca hacerse de un Tribunal de máxima autoridad más afín a su gobierno.

Moïse tiene cada vez menos apoyos dentro del país, pero el pasado viernes recibió el respaldo expreso del Gobierno de Joe Biden en la tesis de que su mandato dura hasta 2022. Pero no solo de EE. UU., sino de otras potencias imperialistas a través del Core Group integrado por EE. UU., Francia, Canadá, la Unión Europea, a la que se suma Brasil y otras naciones, además de una parte de la burguesía para mantenerse en el poder.

En medio de toda esta crisis, el pueblo que se ha venido movilizando desde el 2018 contra las políticas de Moïse muestra una enorme desconfianza también hacia los líderes políticos opositores, muchos de ellos cuestionados por corrupción y ligados también a sectores la burguesía. Es que de no ser por la política de esta propia oposición Jovenel Moïse ya hubiera caído hace tiempo en las grandes movilizaciones contra el hambre y la miseria que estremecido al país.

Se trata de sectores de la oposición pertenecientes al establishment político que han venido siendo parte de negociaciones y que utilizan la movilización de masas para sus propios intereses. Ni el gobierno de Moïse, ni los partidos de la oposición, son una alternativa para el pueblo haitiano. Frente al repudiado gobierno de Moïse los principales partidos de la oposición han mostrado su verdadero rostro políticos en estos años en que el pueblo haitiano se ha mantenido movilizado.

Es que proponen una solución que no rompe con la histórica subordinación a Estados Unidos y al FMI que viene destruyendo al país, y mantendrían casi sin cambios el sistema de corrupción que las masas repudian en las calles así como todo el sistema la miseria y pobreza extrema.