A más de un año del golpe de Estado de noviembre del 2019, este 9 de febrero, se conoció al segundo militar imputado por las masacres perpetradas durante el golpe de Estado de noviembre de 2019. Se trata del General, Luis Fernando Valverde, acusado por ser responsable de haber ordenado disparar a los vecinos de Senkata el 19 de noviembre.
Los datos oficiales reconocen que en la masacre Senkata, se registraron 10 fallecidos y 31 detenidos. Sin embargo, como denunciaron familiares de las víctimas fueron más los muertos ya que algunos fallecieron luego de haber estado hospitalizados y además vecinos y familiares denunciaron que secuestraron y escondieron cadáveres.
Hay que decir que el militar Valverde fue nombrado por el Gobierno de facto de Áñez como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el 17 de noviembre de 2019, dos días antes de la masacre de Senkata. Esto es importante porque recordemos que cuando fue nombrado, Valverde, asumió el cargo con la responsabilidad de “despejar” el bloqueo de Senkata y no olvidemos que días antes, el 15 de noviembre cuando se perpetró la masacre de Sacaba, Áñez ya había aprobado el Decreto Supremo No 4078 que eximía de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas para que estas puedan reprimir y asesinar con impunidad.
La defensa de Valverde calificó a esta imputación de “fantasiosa y política” y señaló que cuando su defendido ocupó el cargo de director de la ANH, era General del Ejército en retiro por lo que no podría haber dirigido las operaciones militares desplegadas en Senkata.
Esta maniobra argumentativa busca ocultar el conjunto del plan golpista, intentando garantizar la impunidad de los principales responsables políticos y los ejecutores militares de las masacres de noviembre.
Recordemos que el primer militar en ser investigado fue Alfredo Cuéllar, de Cochabamba, acusado por asesinato durante la masacre de Huayllani (Sacaba). Esta investigación, iniciada en noviembre del 2020 provocó reacciones por parte del Alto Mando Militar expresando su desconcierto y exigiendo que se aplique la “justicia militar”. Todo esto empujó al Gobierno de Luis Arce Catacora a renovar toda la cúpula militar a fines de diciembre del año pasado, posesionando a elementos supuestamente afines a su Gobierno.
Llama la atención que a casi 4 meses del Gobierno del MAS, los imputados por los asesinatos que dejaron a casi 40 familias en luto, se pueden contar con los dedos de una mano. Y supuestamente aún se está investigando la responsabilidad de Áñez y todo el personal político de su Gobierno así como decenas de responsables militares y civiles involucrados en la represión y crímenes de lesa humanidad sucedidos durante el golpe de Estado. Es decir, que aún ninguno de ellos ha sido imputado.
En medio de todo esto, la Fiscalía tras más de un año, recién liberó a 26 manifestantes detenidos del 13 de noviembre del 2019. Sin embargo todavía quedan con medidas cautelares varias compañeras y compañeros que fueron detenidos arbitrariamente y torturados en celdas policiales durante estas jornadas.
Frente a esta situación, las y los compañeros del organismo por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal (ProDHCre) llaman a mantener la más firme exigencia por la liberación plena de todos los detenidos y procesados por el Gobierno golpista de Áñez así como la exigencia de juicio y castigo a todos los responsables de las masacres. | 
