Según la encuesta realizada [1] para un gran porcentaje de trabajadores de la educación bonaerenses no hay condiciones para la presencialidad, siendo otro de los datos relevantes que sólo un 2,7 % expresó que el Protocolo del “Plan jurisdiccional” que publicó el gobierno provincial se puede aplicar.
Presencialidad y protocolos
El 78, 8% de los encuestados expresó que no hay condiciones para volver a las clases presenciales.
Con respecto al protocolo expresado en el “Plan jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases presenciales”, publicado en octubre de 2020, el 42 % considera que no hay recursos para aplicarlo .
Los datos de la encuesta reflejan la pésima situación en la que están las escuelas, las cuales las y los trabajadores de la educación conocen mejor que nadie.
En agosto de 2018, días después del crimen social de Sandra y Rubén en Moreno, los gremios docentes presentaron datos que muestran la emergencia edilicia de las escuelas bonaerenses: tan solo para dar un ejemplo, de un total de 2000 establecimientos, en el 61,3 % las instalaciones de gas estaban en malas condiciones. Según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), solo el 1% del presupuesto para educación se destina a obras de infraestructura.
El gobierno de Kicillof no revirtió esta situación. A finales del 2020, aprobó un presupuesto de ajuste en función de pagar la deuda con el FMI. El programa “Escuelas a la Obra”, cuenta actualmente con 893 obras, que, por lo relevado por comisiones de infraestructura de los docentes y delegados, se limitan a cambio de luminarias, reparaciones menores y pintura.
Parece un lujo tener condiciones mínimas del protocolo: espacios amplios y ventilados, baños con agua, insumos de higiene, instalaciones de luz y gas seguras.
Miles de escuelas en la Provincia no podrían cumplir con los requisitos que se desarrollan en el mismo Plan Jurisdiccional, y que en sus páginas plantea por ejemplo que “Los establecimientos educativos contarán con elementos de higiene para el lavado de manos (jabón y toallas de papel descartables) y de dispensadores de alcohol en gel antibacterial o alcohol líquido al 70%” (pag. 12). Asimismo plantea en la página 11 que: “La Dirección General de Cultura y Educación proveerá elementos de cuidado personal a las y los trabajadores. Además, los establecimientos educativos dispondrán de un reservorio de tapabocas nariz para el caso en que algún estudiante no lo lleve o se le rompa durante la jornada escolar”.
Hoy los trabajadores auxiliares que ya están asistiendo de manera presencial a los establecimientos denuncian que no tienen elementos de limpieza y que los termómetros ( que según el mismo protocolo debe haber en cada escuela) brillan por su ausencia.
El 74% de los auxiliares encuestados expresó que lo más importante para la presencialidad es la infraestructura de las escuelas, seguido por aumentar el personal docente y auxiliar.
Entre los docentes un 60 % opina que lo más importante para la presencialidad es la infraestructura de las escuelas , seguido por la vacunación.
¿Qué es lo que más preocupa a los trabajadores de la educación en cuanto a la vuelta a clases?
Entre los docentes, un 70 % expresó que lo que más les preocupa son los contagios , mientras que a un 46 % lo que más les preocupa son las dificultades de conectividad y vulnerabilidad de estudiantes. La cuestión salarial se ubicó en un tercer lugar con un 29 %. Otro 29 % expresó que su máxima preocupación es la sobrecarga laboral, y un 26 % opinó que es la inestabilidad, precarización laboral y/o falta de trabajo.
Dentro de los trabajadores auxiliares de la educación, en la misma pregunta, la encuesta arrojó que a un 53 % lo que más les preocupa son los contagios, a un 49 % la inestabilidad, precarización laboral y/o falta de trabajo, a un 34 % la cuestión salarial, a un 16 % la sobrecarga laboral y a un 4 % las dificultades de conectividad y vulnerabilidad de estudiantes.
Bimodalidad
Consultados sobre la bimodalidad (presencial y virtual), el 50, 5 % de los encuestados se expresó en contra de esta modalidad, el 31, 5 % a favor , mientras que el 18 % no tiene opinión formada.
Todavía no es clara cuál es la propuesta de bimodalidad que tiene el gobierno. La bimodalidad exige a los trabajadores de la educación, que se pusieron al hombro durante todo el 2020 la continuidad pedagógica con sus propios recursos, ampliar sus horarios de trabajo y combinar la labor presencial en las escuelas con la modalidad virtual. Ni hablar de las miles de trabajadoras de la educación que son madres y jefas de hogar, que deberán combinar sus horarios con los de sus hijos e hijas.
Entre los encuestados que se manifestaron a favor, se expresaron inquietudes similares a quienes están en contra pero con inclinación a que podría ser mejor a la presencialidad completa.
Entre los encuestados que se manifestaron en contra de la bimodalidad aparece fuertemente la idea de que van a estar sobrecargados y además ven la cuestión de la conectividad como un problema. No es para menos. En Argentina un 48,7% de estudiantes no tiene computadora y un 47% no cuenta con WiFi en su casa , según el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Es decir que casi la mitad de los chicos en edad escolar no cuentan con los recursos para poder acceder a la modalidad virtual.
Precarización laboral
Entre quienes trabajan en Piedas / ATR (tienen ingresos de entre $8000 y $16000 y la mayoría cesaron en Diciembre) y aquellos que están desocupados la encuesta arrojó que un 75% no tiene otro ingreso y un 70% es sostén de hogar. Durante todo el 2020 el gobernador Kicillof y la ministra Agustina Vila tuvieron mucha “ creatividad” a la hora de crear planes precarizadores en educación.
Planes como Piedas y ATR ( que se implementaron el año pasado) profundizaron la precarización en los trabajadores de la educación, que viene desde hace años, gobierno tras gobierno, y que con la pandemia se agudiza.
La semana pasada Kicillof anunció el plan Forte ( Programa de Fortalecimiento de la Planta de Docentes y Auxiliares).
“Hemos dispuesto una inversión para poder acompañar esta vuelta a la presencialidad sin exponer a trabajadores y trabajadores de riesgo del sistema educativo. Estimamos hasta $700 millones por mes para poder sustituirlos en esta vuelta a la presencialidad”, aseguró el gobernador.
Este anuncio lejos está de proponer la creación de cargos con plenos derechos estatutarios, como es la demanda que se plantea desde las seccionales Multicolor del Suteba.
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