Hoy hace nueve años que Fátima Báñez, para entonces Ministra de Empleo y Seguridad Social con el Gobierno de Rajoy, imponía por decreto la Reforma Laboral del gobierno Rajoy. Nueve años de ataques en los puestos de trabajo, de rabia y desesperación. Nueve años de silencio en los despachos de los principales sindicatos, que después de las dos jornadas de huelga general de marzo y noviembre de ese año, decidieron dejarla pasar sin la más mínima contestación.
Esta reforma laboral consumaba la tanda de ajustes neoliberales de la burguesía española - apoyada por el conjunto de los partidos capitalistas estatales y autonómicos- con la que respondieron a la crisis iniciada en 2008.
Esta crisis ya estaba siendo descargada en los trabajadores desde el comienzo, al mismo tiempo que los bancos y las grandes fortunas se seguían llenando el bolsillo con ganancias y rescates millonarios hechos a fondo perdido. Sin embargo, esto no era suficiente para recuperar, conservar e incrementar sus beneficios, había que asestar un nuevo golpe a la clase trabajadora para que perdiera los pocos derechos que conservaba.
Más precariedad laboral
Esta enésima reforma laboral se proponía “flexibilizar (aún más) el mercado laboral”. Los mecanismos de descuelgue de los convenios y modificación de las condiciones de trabajo de convirtieron en monedas a discreción en favor de la patronal. Se facilitaba también la contratación por medio de contratos basura, favoreciendo el aumento la temporalidad (con una duración cada vez menor de los contratos) y la conversión de jornadas completas en parciales y el mecanismo de complementación de horas que tributaban y se contabilizaban al margen para favorecer al empresario y reduciendo considerablemente las cotizaciones.
Los resultados se hicieron notar: la calidad del empleo casi una década después es aún peor que las ya de por sí precarias condiciones laborales anteriores a esta reforma. No obstante, el mismo PSOE de Zapatero había aprobado una dos años antes en la que se rebajaba la indemnización por despido improcedente a 33 días o se permitía en caso de demasiadas bajas por enfermedad. Con la de Rajoy se incluyeron una variedad de causas de despido procedente que lo convirtieron casi en libre, además de quitarse la autorización administrativa para la aplicación de EREs y cierres.
Las políticas activas de empleo se redujeron y los salarios cayeron en picado, mientras los precios que no han dejado de subir, en particular alquileres y suministros. Con estas medidas la pluriempleabilidad y la rotación laboral se dispararon: millones de trabajadores tenemos distintos trabajos al tiempo y los conseguimos y perdemos con la misma facilidad, no permitiendo un sostén económico mínimo.
Estos efectos aun duran. En 2019, por ejemplo, casi el 28% de los contratos que se hicieron eran para una semana. En 2020, la tasa de temporalidad es del 25%, la más alta de Europa. Bajo las cifras de creación de empleo, que demuestran cómo se ha duplicado el tamaño del mercado, hay que advertir que se esconde una brutal precariedad laboral sustentada por un paro excesivo (16.2% de tasa general, 40.7% de juvenil), que se caracteriza por contratos basura con salarios cada vez más devaluados.
Peor capacidad de negociación para los trabajadores
La reforma laboral también incidió en la merma de la capacidad negociadora de los representantes sindicales, favoreciendo los convenios de empresa por encima de los sectoriales o de ámbito superior, y anulando la ultractividad, es decir que al caducar éstos se prorrogaran automáticamente, lo que daba un suelo mínimo desde el que negociar el siguiente.
Esto se ha traducido en un mejor espacio de negociación para las empresas frente a los trabajadores y sus organizaciones. Algo además agravado por la política de las cúpulas burocráticas que han seguido llegando a acuerdos a sus espaldas con la CEOE. Esto reformuló en muchos casos las condiciones laborales pactadas.
Contra la reforma laboral, movilización y organización obrera
Lejos del discurso de la izquierda reformista y la burocracia sindical, las contrarreformas laborales no han sido patrimonio exclusivo del PP. La de 2012 se realizó sobre la reforma laboral emprendidas por Zapatero en 2010, que a su vez se hizo sobre las de Aznar y las realizadas por Felipe González en los 80 para terminar de descargar las crisis del del 73 y 79 sobre la clase obrera.
Las realizadas por el PSOE comenzaron a sepultar las conquistas que los trabajadores habían logrado por medio de heroicas luchas en los últimos anos de la Dictadura y tras la muerte de Franco. La precariedad profundizada con la Reforma del 2012 no es más que el clímax de una caída de las condiciones laborales bajo el yugo de las patronales y con el consenso de los partidos “progresistas” y de los sindicatos.
Es por esto que a nadie le puede sorprender no se haya escuchado en todo este año de parte del gobierno progresista la derogación de estas reformas, tan siquiera de la última como prometieron en campaña.
Hasta la ministra de Trabajo, de Unidas Podemos, renunció públicamente a este objetivo. Si bien han insistido en su intención de derogar sus aspectos más lesivos, lo que nos dan con la palabra nos lo quitan con los hechos: hasta ahora no ha habido, siquiera, una parcial derogación de la misma.
La pandemia, que debía haber sido un escenario idóneo para que las empresas soportaran el peso de la crisis tras años de beneficios a costa de los trabajadores y de las arcas del Estado, ha conducido al gobierno a tolerar aún más las abusivas condiciones que imponen las empresas para exprimir a trabajadores, ya no sólo en peligro de pobreza, sino inasistencia sanitaria.
Cada vez resulta más evidente que la única solución es la lucha en las calles, la organización del conjunto de la clase trabajadora, incluidos los sectores más precarizados y desprotegidos, contra la reforma laboral, pasando por encima de las mismas direcciones sindicales que la firmaron y de los partidos políticos que se hacen cómplices en su aplicación. | 
