A nivel internacional el problema de la migración tiene responsables directos. Durante décadas los gobiernos de los países imperialistas y en alianza con los gobiernos más neoliberales de los llamados países dependientes y semicoloniales han aplicado distintas leyes contra el pueblo trabajador, pagando con fondos fiscales deudas externas fraudulentas y estrangulando la economía de los países, a costa del saqueo de recursos naturales y privatizando derechos esenciales como lo es el acceso al agua, la vivienda y la salud.
En Latinoamérica y el mundo esta situación se ha visto agudizada con la pandemia, tanto por los riesgos sanitarios como por las condiciones sociales que obligan a millones de trabajadores y pobres a buscar un mejor futuro en otro país.
Por ejemplo, previo a la pandemia millones de personas abandonan sus países de origen por motivos económicos, políticos o por guerras. En el año 2000 el número de personas que viven fuera de su país de nacimiento o ciudadanía alcanzó los 173 millones, subiendo a 221 millones en 2010 y alcanzando los 281 millones en el 2020. Al mismo tiempo, desde el 2000 al 2020 la migración forzosa ha aumentado en un 10%, mucho más de lo que aumenta la migración voluntaria.
En Chile se estima que la migración es de un 7,8%, un fenómeno creciente pero por debajo del promedio de la OCDE que es un 9,8% (Fuente: OIM 2019). Pese a que las cifras de migración en Chile no son altas en comparación con los demás países de la OCDE, han sido reveladoras de la precariedad y miseria con la que el gobierno y los empresarios tratan al pueblo trabajador tanto extranjero como nacional.
La Crisis de Colchane y la responsabilidad del gobierno
El martes 9 de febrero el ministro Delgado llegó a Colchane y anunció el primer vuelo de expulsión de migrantes, recalcó que quienes “piensan venir a Chile y que quieran pasar por un paso irregular, que quieran entrar de manera clandestina, esas personas no van a ser regularizadas“. La mayoría son venezolanos que duermen a la intemperie en la plaza principal de Colchane, por lo menos dos de ellos murieron realizando esta travesía. De acuerdo con cifras entregadas por Carabineros, el flujo de migrantes que ha ingresado a la comuna supera las 600 personas diarias.
Esto ocurre en el contexto en que el gobierno está a puertas de promulgar una cuestionada reforma migratoria más restrictiva que mantiene el espíritu de “protegernos” heredado de la ley de migración de 1975, elaborada en dictadura, al mismo tiempo que ha mantenido un discurso para posicionarse como un “salvador” de la crisis en Venezuela.
Piñera dijo: “bienvenidos venezolanos” mediante una Visa de responsabilidad democrática que se suspendió iniciada la pandemia lo que llevó a que migrantes que estaban tramitando su residencia y ciudadanía se mantuvieran hasta la fecha como ilegales. Además, la militarización y el cierre de pasos fronterizos empujó a que la entrada fuera por pueblos más remotos y con menos vigilancia como es el caso de Colchane u otros poblados que no cuentan siquiera con servicios básicos.
La derecha más conservadora de J.A. Kast (Partido Republicano Ch.) hace eco de la xenofobia de Trump, no tan solo proponiendo invertir fondos en una zanja fronteriza y una policía especializada, sino que además implementando sanciones a las organizaciones sociales pro migrantes. Es decir, invertir en vigilancia y control en vez de salud o viviendas, de esta forma se configuran los grandes responsables de esta crisis humanitaria y de la migración de la cual los empresarios se aprovechan.
Los gobiernos de la Ex Nueva Mayoría o de la Ex concertación no fueron mejores frente al trato con los migrantes. Con discursos humanitarios terminan invitando a Chile a quienes arrancan de graves crisis humanitarias o simplemente por mejorar sus expectativas de vida para luego terminan siendo mano de obra precarizada y viviendo situaciones dramáticas, así ocurrió con los haitianos que llegaron a Chile en el gobierno de Michell Bachelet como el caso de Joan Fabril y la migración haitiana.
Algunos de los prejuicios que se fomentan sobre la migración y los migrantes en Chile
Desde la derecha y de sectores xenófobos es que se han fomentado distintos prejuicios contra los inmigrantes, por ejemplo que son delincuentes, cuando la realidad es que delinquen menos que los Chilenos y han sido más víctimas que victimarios, Según cifras entregadas en el documento “Migración, seguridad y crimen” con datos de gendarmería y del INE, elaborado por El Servicio Jesuita a Migrantes, para el año 2019 fue inferior el porcentaje de extranjeros que han sido victimarios (1,4%) en relación a la población chilena con (4,1%), mientras que los privados de libertad (0,21%) migrantes con un (0,23%) de chilenos, y en cuanto a quienes recibieron condena hay una diferencia de (0,9%) y (0,16%) respectivamente. Agregando que desde el 2010 al 2019 hubo 1,6 veces más víctimas de robo extranjeras que victimarios.
A pesar que parlamentarios como Jorge Durán de RN sostienen en televisión abierta que “a los migrantes les dan de todo” este solo es otro prejuicio sobre los beneficios que reciben en Chile, donde el 20,6% de los migrantes viven en situación de hacinamiento, lo que equivale a un 5,9% de la población nacional (CASEN 2017). Además, el acceso a beneficios como salud y educación están sujetos a la legalidad de las familias, y por ende se tarda lo que tarden en llegar los trámites de residencia.
Cabe mencionar que como han corroborado varias mediciones censales y reportes no-gubernamentales, la población migrante tiene un nivel educacional y de empleabilidad superior al de la población chilena, no obstante, tiene una probabilidad mayor de emplearse en trabajos precarios e irregulares.
Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios sostenemos que esta crisis no la pueden seguir pagando el pueblo trabajador, que solamente la lucha unitaria de trabajadores chilenos y extranjeros podrá hacer frente a esta compleja situación, mientras los grandes empresarios se enriquecen a costa de la desesperación de los migrantes y utilizan la falta de medidas del gobierno para sembrar el odio y división.
Por esto proponemos medidas de urgencia de un plan de Acogida Internacional, que mejore las condiciones tanto para migrantes como a las localidades que los acogen, para responder a la actual crisis.
Terminar ya con la política de deportaciones forzadas y con la militarización de los pasos migratorios, es fundamental asegurar el derecho al libre tránsito entre los países sin discriminaciones, asegurando cosas mínimas como es entregar visa, derecho a residencia y nacionalidad a quienes lo requieran.
Facilitar transporte para que puedan encontrarse con sus familiares y llegar a sus destinos, con esto evitar más muertes en las duras condiciones Altiplánicas. Al mismo tiempo deben tomarse todas las medidas que permitan evitar focos de contagio, con testeo de la población, entrega de mascarillas y asegurar residencias sanitarias para quienes lo requieran, así como integrar un plan de vacunación.
Exigimos plenos derechos políticos y sociales, muchos de estos derechos hoy no están plenamente garantizados en Chile, es decir salud, vivienda y trabajo. Esto es responsabilidad de la política pro empresarial del gobierno de hacer pagar la crisis a las y los trabajadores, mientras los empresarios por años se han enriquecido de la mano de obra barata extranjera, a quienes se les impide validar sus estudios y se los empuja a la inestabilidad laboral. Es la unidad del pueblo trabajador la que permitirá conquistar estos derechos, independientemente de la nacionalidad.
Estas demandas deben ser tomadas como parte de una gran campaña internacional impulsada por los sindicatos, organizaciones democráticas, de derechos humanos, de la juventud, el movimiento de mujeres y la izquierda de toda la región.
En Chile es necesario que los grandes organismos de trabajadores y estudiantes como la CUT, la CONFECH y el Colegio de Profesores, entren a escena para ayudar a organizar la solidaridad con los migrantes y enfrentar la leyes xenófobas de la derecha.
Esto es distinto a la política del Partido Comunista y el Frente Amplio, que rechazó 13 puntos de la ley de migración presentada por el gobierno, criticando por ejemplo que se mantuviese la facultad de expulsión por parte del ministro del interior, además de aspectos de seguridad infantil, entre otras cosas. El problema es que confían que esto lo resolverá el Tribunal Constitucional heredado de la dictadura , manteniendo la pasividad ante la actual crisis migratoria.
Es fundamental la solidaridad internacionalista para enfrentar la crisis migratoria, que es responsabilidad de los distintos gobiernos que priorizan la represión y las ganancias empresariales por sobre las vidas del pueblo trabajador. | 
