El capital estadounidense señaló en un comunicado que dicha iniciativa rompe con los acuerdos del T-MEC. La Cámara advirtió que, “cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, quebrantarían directamente los compromisos de México en virtud del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá”.
Y la carta continúa: “Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país”.
Por su parte, el presidente mexicano aseveró que su nueva reforma no incumple los acuerdos firmados con los países de Estados Unidos y Canadá, pues el tratado estipula en su capítulo 8, artículo 8.1, inciso b, referido:
“Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos”, que: “México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La iniciativa preferente para reformar la vigente Ley de Industria Eléctrica -que la Cámara de Diputados tiene que votar en un plazo máximo de 31 días a partir de que fue turnada-, establece un cambio de orientación en la política energética que se ha mantenido en los últimos sexenios: ahora se pretende dar preferencia a la energía que producen las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dando un orden secundario a la que genera el capital privado.
También, como escribimos acá en relación a los permisos que se otorgan para la generación, la iniciativa establece que ahora, éstos deberán ajustarse “a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. A su vez, se contempla obligar al regulador a cancelar permisos ‘obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley’, y se establecerá que el gobierno revise la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE”.
El cinismo de las trasnacionales energéticas
Como lo han señalado los historiadores contemporáneos, y como AMLO lo recordó en su conferencia de prensa, en los últimos 36 años de la historia nacional, los años del neoliberalismo, se saqueó más al país que en los 300 años de colonialismo español.
Para dimensionar la poca vergüenza y la mucha desesperación que tienen los pulpos transnacionales, es preciso recordar la expoliación que en un tiempo récord el capital transnacional ha hecho de los recursos energéticos de México. Esto, hay que señalarlo, no hubiera sido posible sin la postración que ofrecieron los gobernantes nacionales en turno, así como las canallas y traidoras burocracias sindicales.
En una reciente columna aparecida en La Jornada, se realiza el siguiente ejercicio de memoria histórica contemporánea:
“en el año 2000, la generación de energía eléctrica por parte del sector privado representaba 4.3 por ciento del total; para 2009, esa proporción creció a 40.3 por ciento, es decir, casi mil por ciento más sólo con Fox y Calderón. Y la puntilla fue cortesía de Enrique Peña Nieto, que la aumentó a 50 por ciento. Calderón estimaba que en 2025 llegaría a 75 por ciento, de tal suerte que la CFE moriría por asfixia financiera y productiva”.
Según la CFE, el mercado de energía eléctrica en México tiene un valor por más de 311 mil millones de pesos, de los cuales actualmente, el 58.5 % se destinan al sector industrial. Luego de largas décadas de expoliación y sin ninguna vergüenza, ahora los capitalistas extranjeros ponen el grito en el cielo ante la más mínima limitación a sus ruines intereses imperialistas. Las presiones que quieren imponer a México, por medio de los medios de comunicación que ellos mismos controlan, son un ejemplo más de su descarado cinismo y prepotencia patronal.
Las limitaciones en la iniciativa de AMLO
A pesar de la retórica soberanista que Andrés Manuel sostuvo en defensa de su iniciativa, la misma contiene demasiadas limitantes en lo que a recuperar verdaderamente el control de nuestros recursos naturales y energéticos se refiere.
La nueva reforma, si bien contempla modificaciones de ley para reapuntalar la actividad productiva de la CFE, -misma que fue dejada por tantos años en el abandono y deterioro-, no contempla la renacionalización de toda la Industria Energética bajo gestión de los propios trabajadores junto a los usuarios. Estas medidas son imprescindibles y muy necesarias para poder hablar realmente de una lucha por la soberanía energética del país.
A pesar de que se contempla la revisión de los contratos, las empresas privadas seguirán explotando las riquezas naturales y la fuerza de trabajo en México. En ese sentido es necesario que trabajadores de la CFE y Pemex encabecen el llamado a las direcciones sindicales del SUTERM, el STPRM y el resto de los sindicatos del sector energético, para exigir la renacionalización de todos los energéticos -incluyendo el petróleo, el gas y la electricidad-, bajo la gestión de sus trabajadores y sin pagar indemnización.
Sin un plan que contemple las renacionalizaciones de las industrias estratégicas, así como el no pagar la deuda pública fraudulenta, ilegal e ilegítima, -y que el mismo AMLO ya reconoció que se han pagado más de 2 billones de pesos en intereses-, será imposible sanear al país de los daños causados por décadas de neoliberalismo y ponerle un alto a la criminal avaricia imperialista de las trasnacionales en territorio mexicano.
Como señala Bárbara Funes:
“Son las y los trabajadores de base del sector energético, con el apoyo de profesionistas solidarios independientes de las grandes empresas, del gobierno y de la burocracia sindical, quienes pueden planificar una transición energética que favorezca los intereses de las mayorías y busque minimizar el impacto ambiental de la actividad humana, así como las afectaciones a territorios de las comunidades indígenas. Son ellos quienes pueden enarbolar la lucha por la renacionalización de todos los sectores que fueron privatizados, contra el outsourcing y por derechos laborales y salarios que cubran como mínimo el costo de la canasta básica y los servicios esenciales, y que se ajusten según la inflación”.
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