En una reunión con clima distendido y con buena sintonía entre los principales magnates del país y los funcionarios del equipo económico del gobierno, se volvieron a oír las ideas de “diálogo”, “esfuerzo conjunto” y “acuerdo”, con las que desde el gabinete del presidente se intenta convencer a los dueños de los principales sectores de la economía para establecer una coordinación que detenga la “espiral inflacionaria” como un paso para alcanzar algún tipo de “estabilidad económica”. El encuentro se da a prácticamente 24 horas del que se mantuvo con otros dos actores sociales de relevancia para la economía del país: el agro y los principales dirigentes sindicales.
Se desarrolló en el Museo del Bicentenario y allí el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas dijo que el objetivo es continuar con el proceso de “desinflación”, “generando compromisos cruzados entre las empresas y sectores de la economía, también los sindicatos, de modo que los salarios le ganen a la inflación y la inflación no esté por encima del 29 o 30% este año”.
Pocas horas después el INDEC informaría las cifras de la inflación correspondiente al mes de Enero poniendo un manto de realidad a las palabras de Kulfas. La medición arrojó nada menos que un 4 % en el mes de Enero y un 38 % acumulado en los últimos 12 meses. También en su inetervención sostuvo que “Argentina está viviendo un escenario de aumento de los precios de los commodities que tiene su lado virtuoso, porque genera dólares en el Banco Central que relaja la situación del sector externo, pero al mismo tiempo queremos evitar que eso se transforme en suba precios”, haciendo alusión a lo ocurrido durante las últimas semanas, que llevó a amenazas que duraron poco sobre intervención en el mercado del maíz y más recientemente con un posible aumento de retenciones que terminó por quedar sólo en palabras.
Por su parte, Santiago Cafiero al abrir el encuentro señaló “queremos establecer un acuerdo político y social entre todos los sectores” y apuntó que “si todo el esfuerzo de las empresas y los trabajadores se va por la canaleta de la inflación, no nos va a servir de nada”. También destacó que es objetivo del Gobierno “hacer más vigoroso el enclave exportador argentino”.
Desde la cartera de economía, el ministro Martín Guzmán lejos de señalar a los empresarios por los aumentos en los precios que golpea los bolsillos de las mayorías trabajadoras, sostuvo que "el pilar central de la política macroeconómica es el Presupuesto" y reforzó la idea de que el compromiso del Gobierno es "cumplir" con el déficit primario del 4,5 del producto que se fijó en esa ley, pero agregó que para ello es necesaria “la coordinación de expectativas para la disminución la inflación". "Es una tarea colectiva este diálogo para avanzar en una dirección coordinada, con premisas sensatas y evitando promesas rimbombantes", completó.
Guzmán es quien lleva a cabo las negociaciones con el FMI, el cual incluyó en uno de sus “pedidos” la baja del déficit primario y el control de la inflación. El primero implicó una reducción en los gastos sociales, la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un ajuste en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y recortes en los presupuestos de Salud y Educación.
Del encuentro participaron por parte del Gobierno, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros.
Por parte de los empresarios fueron invitados, en primer lugar los pertenecientes al rubro alimenticio (Pagani de Arcor, Perez Companc de Molinos), sector cuyos números en términos de precios vienen empujando el índice general de inflación, siguiendo con industriales (Rocca de Tehint, Negresiolo de Acindar), farmacéuticos (Ordóñez de Dow Química, Sigman de ELEA), de la construcción como Faifman de Loma Negra, de indumentaria, automotrices y petroquímicos, mencionando sólo a algunos.
“Cada invitación es personal e intransferible”, se especificó desde la Casa Rosada en los correos electrónicos que enviaron, sin embargo, en algunos casos los referentes del gran empresariado no acudieron y enviaron a sus CEOs, hecho que fue minimizado en la reunión por parte de los funcionarios del Gobierno.
Del encuentro no salió alguna medida en concreto para frenar la suba de precios que impacta cada vez más en los bolsillo des las mayorías, sino más bien fue una reunión con una buena sintonía entre el oficialismo y los principales dueños del país. Éstos se mostraron satisfechos y saludaron la actitud dialoguista del Gobierno. Ellos siguen acumulando millones de ganancias en plena crisis social y sanitaria, mientras la pobreza alcanza a casi la mitad de la población y la inflación carcome el salario. Incluso trascendió que hubo un aplauso por parte de los magnates al ministro Guzmán. La afinidad no fue la misma con los trabajadores en lucha de Latam que pelean por su continuidad laboral y a quienes el gabinete les dio la espalda hoy en la concetración que realizaron en las puertas de Casa Rosada.
Las preocupaciones del oficialismo por contener la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora que sigue la misma tendencia descendente en los últimos años, se da por un lado en el marco de las negociaciones con el FMI, el cual le exige cumplir con la reducción del gasto fiscal que se torna imposible con una inflación carcomiendo el valor de los pesos argentinos del presupuesto. Y por otro en un año electoral donde el humor popular en relación al poder de compra que tengan las mayorías trabajadoras saben que es un factor que no se puede descuidar.
La política del Gobierno de intentar un acuerdo social con los representantes de los trabajadores y los empresarios para alinear precios y salarios, es algo repetido en la historia nacional que en la mayoría de las veces quedaron en la nada. Sin medidas económicas de fondo como terminar con el monopolio privado del comercio exterior
o la nacionalización de la banca para controlar el ahorro nacional, o de urgencia como establecer un salario mínimo vital y móvil de $50.000 y un IFE de $40.000 como medidas mínimas, tal como propuso el Frente de Izquierda, el pedido de “diálogo franco” con los dueños del país sólo quedará en el recuerdo o para la foto del oficialismo de turno en un año de contienda electoral.
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