Este jueves se conoció la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que revocó el procesamiento de nueve manifestantes imputados desde julio de 2014, en el marco de una protesta en la autopista Panamericana contra los despidos masivos en la empresa multinacional Lear.
Vale recordar, que el mismo tribunal había revocado en cinco oportunidades los sobreseimientos dictados por el juzgado de instrucción a cargo de Alicia Vence que entiende en la causa, por lo cual este nuevo fallo es un hecho particularmente valioso, tras la apelación que los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), sostuvieron en la audiencia virtual llevada a cabo el pasado lunes.
En su resolución, los camaristas Néstor Barral y Marcos Morán se pronunciaron en favor del sobreseimiento por no encontrarse acreditado el "elemento subjetivo" del delito, es decir, la intención deliberada de interrumpir el tránsito, lo cual se concretó sólo por menos de una hora y como derivación del ejercicio de la protesta, la cual había comenzado en la puerta de la fábrica y por el propio operativo represivo se trasladó al cruce de la autopista con la avenida Henry Ford, en General Pacheco.
El tercer juez, Alberto Lugones también votó por el sobreseimiento, basándose en que el principal testigo en la causa, el comandante de Gendarmería López Torales se encuentra procesado en la otra causa vinculada al mismo conflicto, siendo conocido como “el gendarme Carancho” por fingir ser atropellado por un manifestante para luego declarar en su contra y detenerlo. Todo ello, como sostenían los abogados defensores imposibilitaba que su testimonio pueda considerarse válido. Dichos argumentos fueron acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que se presentó en la causa en calidad de amicus curiae.
En las últimas semanas además se pronunciaron por el cierre de la causa Adolfo Pérez Esquivel y el Servicio de Paz y Justicia (SerPaJ), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Sergio Maldonado, el jurista Roberto Gargarella, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), CORREPI, el Comité de Acción Jurídica (integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos), el Colectivo Memoria Militante, la Asociación de Profesionales en Lucha, el Encuentro Militante Cachito Fukman, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; CADHU, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS Zona Oeste, y la Comisión de Prevención y Seguimiento contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, además de los diputados Cecilia Moreau, Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano, Alejandrina Barry y Claudio Dellecarbonara del Frente de Izquierda Unidad.
La medida aún no está firme pues puede ser recurrida por los fiscales de la causa que han insistido durante todo su transcurso en la criminalización sin pruebas de las y los manifestantes brutalmente reprimidos y detenidos en los hechos del 8 de julio de 2014. Pero este novedoso pronunciamiento del tribunal que tantas veces había dispuesto la continuidad de la causa, es sin dudas un giro auspicioso en esta causa paradigmática, en favor de todas las y los luchadores.
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