En la entrevista, el excomandante del Ejército, General Eduardo Villas Bôas, admitió que los tuits que publicó el día anterior a que la Corte Suprema tratara el habeas corpus del expresidente brasileño Lula da Silva en 2018 fueron acordados con la cúpula del Ejército.
En el año 2018 se realizó la primera elección presidencial después del golpe institucional que sacó a Dilma Rousseff del poder. El expresidente Lula da Silva, quien en ese momento era el presidenciable con mayor intención de voto del país había sido encarcelado en forma arbitraria en abril de ese año.
En ese marco, el tratamiento del hábeas corpus en la Corte Suprema que podría dejar a Lula en libertad fue cruzado por declaraciones del entonces Comandante en Jefe del Ejército brasileño que buscaban presionar a la Corte Suprema para evitar la liberación.
En el posteo, Villas Bôas anunciaba que el Ejército “comparte el repudio a la impunidad y el respeto a la Constitución”, presionando claramente a la Corte Suprema a mantener la prisión arbitraria de Lula. Además, afirmó que el Ejército estaría “atento a sus misiones institucionales”, insinuando que no se quedaría pasivo ante el resultado contrario.
La justificación de Villas Bôas en la entrevista al Centro de Documentación Histórica de la Fundación Getúlio Vargas es que se trataba de un “alerta”, no una “amenaza” del Alto Mando. La razón, según él, era que había temor por una posible “convulsión social ante el aumento de las demandas por una intervención militar”. Luego, admitió que se trataba también de una iniciativa para que los militares pudiesen intervenir en la política del país.
Lula había sido preso por el entonces juez Sérgio Moro, que comandaba el tribunal de segunda instancia de la región sur, el TRF4. Allí Lula fue condenado y encarcelado por supuesto soborno en el caso de un departamento triplex en la ciudad balnearia de Guarujá, en la costa paulista. Se trató de una medida de la operación judicial conocida como Lava-Jato para obligar al partido de Lula, el PT, a elegir otro candidato para la disputa presidencial de 2018, tomando todo tipo de medidas arbitrarias, que fueron reveladas en los siguientes años por la revista The Intercept, lo que se conoció como el escándalo de la Vaza Jato.
Tras la victoria en la contienda electoral, Bolsonaro buscó recompensar no solo a Sérgio Moro con la cartera de Justicia, sino principalmente a los militares, agradeciendo “el brazo fuerte y la mano amiga” que pavimentaron su victoria. Además de lotear incontables puestos clave en el Gobierno, pudieron acaparar una parte aun mayor del presupuesto estatal para la corporación.
Los militares se pusieron nuevamente como garantes del avance de la política del golpe institucional de 2016, de violación de cada derecho democrático para terminar con el sistema previsional público, con los derechos laborales, con el presupuesto de salud.
La declaración de Villas Bôas busca reubicarse ante el retiro de la operación Lava-Jato del arsenal político del golpismo. Después que pasaron los principales ataques económicos del golpe, los mismos sectores de la Corte Suprema, de los militares, alineados a la nueva gestión de Joe Biden en Estados Unidos, ahora se deshacen de la operación, buscando darle un aire de “normalidad democrática” al actual momento.
La operación Lava-Jato se deshace pero el autoritarismo del régimen golpista sigue marcado, con el fortalecimiento del lugar de los militares y la Corte Suprema en la conducción política, poderes que no son elegidos por nadie e interfieren directamente el la vida de toda la población, en las riquezas nacionales, fortaleciendo el aparato militar y policial.
Los compañeros de Esquerda Diário denunciaron y señalaron incansablemente el papel proimperialista y golpista de la operación Lava-Jato, de la proscripción antidemocrática de la candidatura de Lula da Silva y su encarcelamiento, que buscaba profundizar las privatizaciones y la subordinación de la clase trabajadora brasileña a los intereses de los grandes capitalistas internacionales y nacionales. Sin ninguna expectativa, sin embargo, en que el PT pudiese impedir tal embestida, al contrario. En sus años de Gobierno, el PT fortaleció cada uno de los actores golpistas en el Congreso, en la Corte Suprema y en la cúpula militar, como por ejemplo con las operaciones militares en Haití, y lo hizo asimilando los métodos corruptos de Gobierno junto con los empresarios y el imperialismo.
Además, a través de las centrales sindicales como la CUT y la CTB, el PT y el PCdoB organizaron la derrota de los trabajadores en cada ataque económico y político. Ni siquiera impulsaron en los lugares de trabajo el rechazo al golpe institucional de 2016 o la proscripción de Lula. Esta pasivización estuvo al servicio de su estrategia de volver a gobernar, al lado de los agentes del golpe. Fueron parte de alimentar la falta de confianza en la fuerza de los trabajadores, abriendo espacio al bolsonarismo. Hoy siguen repitiendo esa estrategia, señalando ya a Fernando Haddad para el 2022 si Lula no fuera habilitado por la Corte Suprema para disputar la contienda.
Los militares, golpistas y la extrema derecha no van a ser derrotados por las vías “normales” del sufragio universal, mucho menos el régimen impuesto por el golpe institucional, donde nada va a pasar sin aval de gente como Villas Bôas. Son los trabajadores los que tienen planteado encabezar una gran lucha nacional contra las reformas y privatizaciones en curso, lo que puede abrir el camino para una salida distinta favorable a sus intereses, distinta al rumbo cada vez más dependiente y saqueado por el imperialismo impuesto por los militares y jueces al servicio de los capitalistas. | 
