El comienzo, un par de semanas después de la revuelta popular del 18 de octubre. El 4 de noviembre de 2019, la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica, presentaron una querella por delitos de lesa humanidad contra el presidente Sebastián Piñera, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Luego, el 16 de diciembre de 2019, el mismo juzgado recibe una querella por delitos de lesa humanidad impuesta por el senador Alejandro Navarro contra Piñera, las personas que desde el 18 de octubre han perdido uno o ambos ojos debido a la represión de Carabineros. Se suma a esta la acción de víctimas de lesiones oculares y sus familias, quienes presentaron 41 querellas criminales contra el presidente a principios de ese mes.
Ya en enero del 2020, el Frente Amplio se sumó a estas acciones judiciales presentando una querella criminal por crímenes de lesa humanidad que fue declarada admisible. Esta es contra Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel (ministro del Interior de la época), Mario Rozas (general director de Carabineros de aquel momento), Felipe Guevara (intendente de la Región Metropolitana) y Andrés Chadwick (ministro de Interior de aquel entonces). A esto se agrega la querella criminal que el fotógrafo Diego Leppez interpuso Piñera, Blumel y Rozas tras perder su ojo por un impacto de bomba lacrimógena.
Gran parte de las querellas criminales de denuncia contra delitos de lesa humanidad contra Piñera, el ministro del Interior, el subsecretario del interior y en general director de Carabineros son responsabilidad de La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH). Por ejemplo, el caso del estudiante de arquitectura Andrés Pizarro, detenido y torturado en la 3° comisaría de Santiago en octubre de 2019, o también el asesinato de Aníbal Villarroel en la población La Victoria, producto de enfrentamientos con Carabineros. Esta semana se amplió la acción judicial, incluyendo el caso del homicidio del malabarista Francisco Martínez a manos de Carabineros en Panguipulli. Son en total 32 las querellas criminales interpuestas por el organismo de DD.HH., sin contar aquellas que están relacionadas con el manejo de la crisis sanitaria.
En junio del 2020, en plena pandemia, se presentaron cuatro acciones judiciales en contra del presidente por su rol en los fallecimientos debido al COVID-19, tanto a nivel nacional como en el Biobío, ya que en ese minuto Chile se encontraba entre los 10 países con mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes y registrando más de 6.000 casos diarios de contagios.
Primero, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, oficializó una querella por cuasi delito de homicidio contra Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga. Después, el senador Navarro ingresó una querella criminal por homicidio omisivo y otros delitos en contra de Piñera y Mañalich, tras la muerte de decenas de personas del Biobío debido a la pandemia. Ambas querellas fueron admitidas.
A esto, se suma la denuncia criminal interpuesta por la diputada Claudia Mix (Comunes) en contra del Presidente y de todos quienes resulten responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad y poner en peligro la salud pública durante el funeral de Bernardino Piñera, tío del presidente, ya que éste pidió se abriese el ataúd. Se agrega a ésta la presentada por Gabriel Ascencio (DC). Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) descartó irregularidades a pesar de lo evidente. Se limitó a multar a la hermana del presidente, Magdalena Piñera, por vulnerar el artículo 3187 del Código Penal.
En julio del mismo año, la abogada Paula Arriagada, presentó una querella masiva ciudadana contra Sebastián Piñera y el ex ministro Jaime Mañalich por la responsabilidad en los fallecimientos producto del covid, a lo que se agrega la presentada por la CChDH, por presuntas negligencias ante las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia, que en ese momento numeraba 10 mil muertes. En la misma tónica, la concejala por Santiago, Irací Hassler (PC) se sumó a ellas, así como la concejala de Conchalí, Grace Arcos (PC).
Es claro que judicialmente no es el camino por el cual Piñera y sus secuaces van a pagar las consecuencias de sus acciones, tanto las violaciones a los DDHH cometidas en el estallido social como el pésimo manejo de la crisis sanitaria. No son las instituciones de justicia del Estado, donde el gobierno tiene redes, quienes logren que Piñera y todo su gobierno asuma la responsabilidad y las consecuencias de sus políticas represivas y mercantiles, que siempre buscaron resguardar los intereses de los empresarios en vez de la integridad y salud del pueblo pobre y trabajador. En el caso de que Piñera sea declarado culpable, arriesga una pena de cárcel entre 15 años y un día y 20 años. Con el antecedente del Banco de Talca y su comprobada responsabilidad ¿Qué sentido tiene una sentencia judicial?
No serán los tribunales de ninguna naturaleza quienes derriben a este gobierno. Será la fuerza de las y los trabajadores movilizados, en conjunto con el pueblo mapuche, jóvenes y estudiantes, movimientos sociales y de mujeres quienes saquen a Piñera y sus secuaces, los que hoy por hoy se cubren de impunidad. |
