Antes de que la Reforma Energética fuera aprobada por el gobierno mexicano a finales del 2013, el llamado fracking ya era utilizado dese el año 2003 como una técnica de exploración de pozos para la extracción de gas shale (también conocido como gas lutita o gas esquisto) en varios Estados de la República. Según las siguientes cifras por Estado: Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).
Recientemente Francisco Cravioto Lagos, investigador del Proyecto de Industrias Extractivas de Fundar y Manuel Llano, fundador de la organización CartoCrítica, denunciaron que Petróleos Mexicanos (PEMEX) lleva más de una década utilizando el fracking, a través de empresas privadas (como: Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes), para perforar territorio mexicano sin la legislación adecuada para la protección de la naturaleza y los habitantes de las zonas aledañas.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking solicitó a PEMEX la información sobre la existencia de estos pozos, misma que se contradijo con el documento emitido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en el que se señala la existencia de muchos más, tan sólo en Puebla y Veracruz en el año 2010.
Ante las declaraciones de la agrupación CartoCrítica, la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales, se atrevió a decir que sólo existían siete pozos activos en Coahuila, que supuestamente no fueron perforados a través del fracking , y declaró que es hasta el próximo año que se implementará.
La ambigüedad y la contradicción en la información muestra que al gobierno no le interesa la legalidad ni la participación de los ciudadanos (cuando no se trate de ir a votar) para llevar a cabo sus proyectos lucrativos. La llamada “transparencia”, no es más que un discurso que pretende funcionar como un catalizador de la protesta social.
Agua: recurso vital para el fracking
El gobierno prometió que la legislación estatal contemplaría el uso de candados jurídicos que impidieran a las empresas hacer uso desmedido de los recursos naturales y así evitar la contaminación del ambiente; sin embargo, el fracking que se ha hecho en, al menos, los seis Estados antes mencionados, no cuenta con ningún candado ni justificación legal.
Aunque hace menos de un año fueron aprobadas las leyes secundarias a la Reforma Energética, las instituciones encargadas de regularla aún no son operativas e incluso la Ley General de Aguas (que serviría para regular el suministro de este vital recurso) sigue en discusión en las Cámaras de gobierno.
Si esta Ley logra pasar, funcionará como una pieza clave para atraer a inversionistas que exploten el territorio, pues limita el consumo del vital recurso a la población en su uso doméstico, mientras que no le impone límites a las grandes empresas en el uso industrial (más que el de contar con alguna concesión brindada por el Estado).
Es falso el argumento de que el agua empleada en el proceso puede volver a ser útil para el consumo humano después de ser sometida a procesos de purificación. Pues resulta que este tipo de procedimientos no son sencillos ni gratuitos para la naturaleza, sino que también necesitan energía para llevarse a cabo, por lo que implican el uso de otras formas de contaminación. Además en México no se cuenta con tecnología adecuada para que el fracking implique el “menor daño posible”, así que el agua tiene que desecharse siendo vertida bajo la tierra, en el mismo agujero del fracking, cerca de los mantos acuíferos y a riesgo de filtrarse en ellos.
Por su parte, Juan José Guerra Abud, el titular de la Secretará de Medio Ambiente y Recursos Naturales, opina que el gas shale representa una alternativa económica rentable, y que vale la pena explotar pese a los riesgos. Sin embargo la extracción del gas shale es más costosa que la extracción de petróleo o del carbón, y cuya necesidad de explotación responde a la escasez de fuentes de energía suficientes. Los empresarios más beneficiados con las medidas serán el lobby instalado en E.U., país de dónde provienen la mayoría de las empresas interesadas en invertir para la explotación de hidrocarburos en México.
Los verdaderos beneficiarios
El Proyecto “Monterrey 6” -el cual consiste en un inmenso trasvase de 520 kilómetros que llevará el agua por cuatro estados: San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León-, juega un papel controversial. Pues es probable la deformación del curso natural del Río Pánuco, cuya reducción del caudal conlleva el riesgo latente de la extinción de especies y de la carestía del recurso para las personas que viven y se abastecen del agua del Río.
Este proyecto bien podría ser sólo una excusa para contar con agua ilimitada para la realización del fracking, ya que las zonas de exploración y de mayor concentración de petróleo y gas shale, se encuentran en esta región. Quien lo impulsa es la empresa Higa, a la que pertenece la constructora Teyo, que echó a andar la “Casa Blanca” de 54 millones de pesos, caso que provocó el despido de los reporteros que colaboraron en la investigación. | 
