Con el 96% de los votos escrutados la tan anunciada Operación Illa parece encontrarse con la tozuda realidad de unos resultados que pone difícil un govern presidido por el candidato del PSC. Si bien el PSC sería la fuerza más votada, lo cual es un cambio importante en la realidad política catalana, con un 23% de los votos, quedaría empatado en escaños con ERC que con un 21,5% lograría 33 diputados, uno más que en 2017. El voto independentista subiría al 50,85% de los votos y sumando los escaños de ERC, a los 32 de JxCat y los 9 de la CUP llegarían a 74 diputados, un récord hasta ahora.
Un fracaso en primer lugar de Moncloa. Tanto el PSC como los Comunes apostaban a un tripartito con ERC que asentara la restauración autonómica con la que pretenden echar candado a las aspiraciones democráticas del pueblo catalán y a la vez fortalecer el respaldo parlamentario del gobierno “progresista” con un acuerdo con el partido de Aragonés. Ni dicho govern a tres parece hoy muy posible – de hecho tanto ERC como hasta el mismo PSC lo han negado en la recta final de campaña y la misma noche electoral-, ni la enésima injerencia del españolismo de manos de la Judicatura logra imprimir una derrota electoral al independentismo.
La ilegitimidad de origen de las elecciones, fruto de la destitución del president de la Generalitat, Quim Torra, por colocar una pancarta, y el hecho de haber sido impuestas en la fecha escogida por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya – a dictado del mismo Pedro Sánchez un día antes – ha tenido efectos desmovilizadores de la participación también históricos. La abstención ha sido del 46,54%. Unas cifras que se explican por el impacto de la pandemia en el clima de miedo, pero también expresan una desafección creciente en una porción significativa del pueblo catalán con el sistema de partidos existentes.
En el bloque independentista se ha producido, por primera vez en unas autonómicas, el sorpaso de ERC -que sube un diputado- a JxCat – que baja dos-. El PDECat, la escisión del mundo postconvergente apadrinada por Artur Mas, se queda por fuera del Parlament con el 2,7% de los votos. La CUP por su parte logra más que duplicar sus diputados, de 4 a 9, y un 6,7% de los votos. La posibilidad por tanto de un nuevo govern independentista está sobre la mesa. Para ello no solamente deberían ponerse de acuerdo los viejos partidos procesistas, sino que necesitarían también de los votos de la CUP o al menos su abstención.
Esta última posibilidad, un apoyo de la CUP a un govern procesista, ya ha tenido lugar en las dos últimas elecciones de 2015 y 2017. En esta ocasión toda la campaña electoral ha estado marcada por tender la mano en esta dirección, en favor de un gobierno independentista con un programa “en favor de la gente”, en el que la CUP estaría dispuesta a asumir todas las responsabilidades necesarias, sin destacar hasta su participación. Carles Riera, exdiputado y candidato que ha revalidado su acta, ha saludado los resultados en este mismo sentido, diciendo que "Este nuevo ciclo tiene que venir marcado por una mayoría independentista y de izquierdas para dar una respuesta a la crisis social y económica de nuestro país", -en referencia a su subida pero también al sorpaso de ERC- y que eso abría la puerta a un gobierno que abordase la respuesta a la crisis social y económica.
De confirmarse el rumbo de este “nuevo ciclo”, ser el soporte de un gobierno ERC-JxCat, los partidos que quieren capitanear el retorno a la normalidad y han gestionado de forma criminal la pandemia y la crisis económica, el salto de la CUP en su giro moderado y gobernista sería irreversible.
Los Comunes por su parte confirma su ya mal resultado de 2017, quedándose en 8 escaños, uno por detrás de la CUP. Lo hacen después de una campaña como apéndice de la Operación Illa y, sobre todo, desgastados por ser parte del gobierno “más progresista de la historia”, el responsable de la gestión de la pandemia, que aplica una política ante la crisis idéntica a la del resto de gobiernos de la UE y que, respecto a la cuestión catalana, sigue al pie de la letra la hoja de ruta del PSOE del 155.
En el flanco de la derecha la noticia, que no por anunciada deja de ser relevante, ha sido el descalabro descomunal de Ciudadanos, que ha pasado de los 36 diputados de 2017 a 6 y un 5,55% de los votos. Una derrota que actúa de puntilla sobre esta formación de laboratorio, aupada por varias empresas del IBEX35 y grupos mediáticos como Prisa, que estuvo antecedida de su descalabro en las generales, y que amenaza con hacerla desaparecer o dejarla como una fuerza residual. El PP sigue en sus mínimos históricos, con 3 diputados y 3,8% de los votos, confirmándose que uno de los dos grandes partidos de gobierno en el Estado español, es casi una fuerza extraparlamentaria en Catalunya.
Quienes han logrado capitalizar estos movimientos – junto al PSC que se lleva el grueso del voto naranja- ha sido la extrema derecha de Vox, que entra en el Parlament como cuarta fuerza, con 11 diputados y un 7,68% de los votos. El ala más ultra y consecuente del españolismo es la única ganadora clara de este bloque, y promete utilizar esta excelente tribuna para hacer una oposición reaccionaria en Catalunya que le permita seguir avanzando en el resto del Estado a costa de un Ciudadanos en crisis y un PP al que se le vuelven a abrir viejas heridas que ponen en peligro su renovación, como las últimas novedades del caso Bárcenas.
Este es el mapa que dejan las elecciones menos participadas de Catalunya en los últimos 30 años. Una gobernabilidad autonómica que puede lograse pero no es segura – la CUP debería asumir hacerse el harakiri definitivo como fuerza con un perfil “antisistema”-, el enésimo fracaso del españolismo para “reconquistar” a base de jueces y urnas impuestas Catalunya, un gobierno “progresista” que seguirá moviéndose en la inestabilidad parlamentaria y una derecha con su ala más establisment en crisis y su ala extrema a la ofensiva. |
