Hace unos días el país veía cómo retroexcavadoras ponían fin a una breve toma de terreno en El Pajonal, en la comuna de Maipu. La presencia policial fue solicitada por la alcaldesa de dicha comuna Cathy Barrigas para impedir que se establecieran 40 familias en el terreno municipal.
La realidad de la falta de viviendas en el país no es nueva, pero para la casta de políticos que gobierna el país es una realidad totalmente desconocida, así lo reconoció el propio Mañalich cuando señaló desconocer los niveles de hacinamiento que afectan a las familias más pobres del país. Y es que el déficit habitacional, que según los datos oficiales se encuentra entre las 400 mil y 700 mil viviendas contrasta con las cifras de crecimiento inmobiliario que ha vivido, particularmente la capital, durante los últimos años.
Según constató un reciente reportaje del Diario Financiero, en los últimos 15 meses el número de familias que han debido irse a un campamento se encuentra entre las 20 y 25mil. Este dato no toma en cuenta a quienes habiendo tenido algún hogar estable, producto de la cesantía u otras razones han debido llegar de allegados a otro hogar.
El precio del suelo y lo irrisorio de los subsidios
La “falta” de suelo para construir es el principal argumento que tienen las inmobiliarias para reclamar el aumento del precio de las nuevas viviendas que durante los últimos 10 años han crecido de forma estratosférica, mientras que el tamaño de las viviendas ha ido reduciéndose cada vez más.
Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) la tendencia de las familias a tener menos hijos, el mayor número de profesionales jóvenes y solteros/as que se independizan o inversionistas que buscan un lugar para arrendar como forma de ingresos, ha llevado a las inmobiliarias a construir espacios más reducidos y edificios cada vez más altos y en zonas céntricas de las ciudades privilegiando la ubicación por sobre el confort.
La mezcla entre la falta de suelo y la reducción del tamaño de los espacios ha afectado gravemente la calidad de vida en las ciudades ya que el valor de los arriendos sube mes a mes (incluso muy por sobre la inflación) y el hacinamiento se vuelve asfixiante en departamentos de 25 metros cuadrados.
Pero más que falta de suelo, lo que hay es una especulación con relación a las ganancias que esperan obtener las inmobiliarias y que presionan a los municipios para flexibilizar lo más posibles tanto el uso de suelo como la construcción en altura. El caso emblemático de esto fue Estación Central y los denominados “guetos verticales” donde miles de familias, sobre todo venezolanas, viven en condiciones inhumanas.
Según un informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2017), el 60% de quienes llegan a vivir en un departamento lo hacen por el alto costo de los arriendos de casas (que entre el 2007 y el 2017 aumentaron un 135%), el 30,3% porque vivían de allegados o el 9,7% que lo hace por no tener más dinero. Si en el 2017 esta era la realidad del país, imaginemos que el 2020 el valor del metro cuadrado en UF se encuentra en 65.2 y para casas 63.7, es decir un departamento promedio no baja de los 50 millones de pesos.
Como contraparte el gobierno posee una batería de “beneficios sociales” que buscan que las familias pobres puedan acceder a la casa propia, pero la mayoría de estos subsidios son para departamentos muy pequeños y la mayor parte del tiempo segregados hacia la periferia de la ciudad donde los terrenos con más económicos debido a la falta de conectividad o acceso a servicios que se concentran en el centro de la ciudad.
La inmigración como factor explosivo
Solo en el 2019 Chile vivió una enorme ola migratoria que según cifras oficiales aumentó en más de un 90% siendo las principales comunidades de nuevos inmigrantes la venezolana, haitiana y colombiana. La comunidad que tuvo la mayor variación fue la venezolanos que creció en más de un 57% (242.157 personas).
Un número importante de estos nuevos inmigrantes han ingresado al país de forma irregular o a través de visas de turismo lo cual ha representado un problema para el gobierno ya que se encuentra en la constante disyuntiva entre regularizar o expulsar.
Pero mientras los partidos tradicionales debaten la ley de migración, los empresarios han sabido aprovechar la oportunidad de mano de obra barata y necesitada. La falta de contratos, bajos sueldos o directamente trato discriminatorio ha generado que miles de inmigrantes tengan que someterse a pésimas condiciones laborales que combinado con bajos sueldos ha llevado a estas familias a buscar lugares económicos para vivir o someterse al hacinamiento (como ocurre en Estación Central). Pero quienes se encuentran sin empleo o viven del comercio ilegal ya no tienen muchas opciones por lo que un campamento se vuelve la única alternativa.
En este marco es entendible el explosivo aumento de nuevos campamentos en las capitales regionales. Solo en Santiago se crearon 33 nuevos campamentos, la mayoría en lugares como ex vertederos o lugares próximos a la cordillera donde la vulnerabilidad ante inclemencias climáticas es muy alta (ya vimos lo que ocurrió con las últimas lluvias). Según el propio Minvu el 2020 el número de nuevos campamentos llegó a 76 en todo el país.
La propiedad privada del suelo y el derecho a la vivienda
Como intentamos retratar en esta nota existe un creciente número de familias que buscan donde vivir, necesidad que choca directamente con la propiedad privada del suelo donde existen miles de metros cuadrados que no son utilizados para su construcción debido a la especulación inmobiliaria o a que el fisco no los entrega. Es el caso de lo que ocurrió en El Pajonal.
Espacio para la construcción de vivienda sociales, pero para que puedan ser construidas requiere tocar los intereses de los empresarios. Por eso es necesario levantar un programa de emergencia habitacional que parta por la expropiación sin pago de todos los terrenos ociosos en lugares céntricos y que estos sean entregados a familias sin hogar.
Es necesario que el Estado financie un plan de construcción de viviendas para combatir la cesantia que sea controlado por comités de vivienda y los trabajadores para diseñar viviendas que cumplan con estándares mínimos de habitabilidad que garanticen una calidad de vida digna | 
