Desde enero de 2019 se han presentado paros y surgido luchas de trabajadores, por mejores condiciones laborales, como los paros masivos en Matamoros, la larga huelga del SITUAM y la denuncia de la precarización laboral en universidades como la UACM.
En noviembre de 2019 se conformó la Asamblea de Profesores de la UACM en Lucha, que denuncia los esquemas neoliberales introducidos en las universidades públicas como la precarización laboral, exigiendo la reinstalación de docentes de asignatura despedidos injustificadamente y la basificación de todos los profesores de asignatura, al mismo tiempo que defiende la educación pública. Sin embargo, las autoridades no han dado la cara, y pese a la pandemia, continúa la lucha por la conquista de derechos.
El descontento por la precarización también tuvo su referente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), donde producto del despido injustificado de las dos únicas trabajadoras administrativas, sumado a las irregularidades que se presentaron desde 2018, que afectaban a estudiantes y profesores, y ante el abandono de las autoridades del inmueble, la comunidad mediante asamblea decidió resguardar las instalaciones y entrar en paro el 17 de febrero de 2020.
El 21 del mismo mes estalló la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (SutNotimex) ante la negativa de Sanjuana Martínez a negociar una salida al conflicto por la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por violaciones al mismo y despidos injustificados.
El pliego petitorio de la Asamblea de la Comunidad Universitaria de la EDPA, exigía el respeto al derecho a la educación pública, mediante la garantía de servicios y trámites administrativos, definición de la normatividad aplicable, rendición de cuentas, la conformación de un Consejo General Universitario, la implementación del servicio médico en las instalaciones y el otorgamiento de seguro facultativo. También se pronunciaron por la reinstalación de las trabajadoras administrativas despedidas, el respeto a los derechos humanos y laborales en solidaridad con la plantilla docente, exigieron un diálogo público con autoridades y rechazaron cualquier represalia a quienes participaron en el movimiento.
Pese a la movilización y combatividad, las autoridades del organismo coordinador, encabezado por Raquel Sosa, siempre se mantuvieron en una línea de no acordar una mesa de resolución, a pesar de estar pasando por una de las peores pandemias, e incluso se expuso y criminalizó a la comunidad universitaria. No obstante, Raquel Sosa señaló que en cuanto se devolvieran las instalaciones, la coordinación se pondría en marcha a trabajar para solucionar las problemáticas de las sedes, y que de lo contrario, si la sede no volvía a pasar a manos de las autoridades, la EDPA desaparecería.
En el contexto de la pandemia y la negativa de las autoridades durante meses, el 25 de julio se entregaron las instalaciones. Mediante una llamada telefónica, Raquel Sosa se comprometió a realizar los trámites de toda la matrícula para inscripción al seguro social. Pero después de ocho meses, sigue sin garantizarse gran parte de las demandas, sumándose el despido injustificado de toda la plantilla docente, renovándola completamente, pero manteniendo la negativa de condiciones laborales dignas; incluso en las primeras dos semanas, varios profesores decidieron renunciar debido a la carga académica impuesta.
La coordinación impuso un semestre escolar en línea, sin una estructura pedagógica sustentada y un plan de estudios que se realizara científicamente por especialistas en las diferentes ramas del Derecho en apoyo de profesores y estudiantes, priorizando la tecnificación de la educación. Tampoco consideró la situación de un gran sector de estudiantes que además trabajan (aun en el marco de la contingencia sanitaria) e impuso un horario que desfavoreció la organización de horarios de estudio y trabajo.
Queda demostrado que la solución de los problemas estructurales de la educación en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) no será resuelto de manos de las autoridades, las cuales prometieron la universalización de la educación superior y la reforma al artículo 3ro constitucional. Sin embargo, sigue sin garantizarse este derecho para la juventud, pues las problemáticas en la EDPA (hoy sede Cuauhtémoc) también suceden en las diferentes sedes.
Además, en relación con el derecho universal a la educación superior, cabe señalar que ha sido duramente golpeado, como ocurre con el recorte al presupuesto y las universidades en quiebra que han sido dejadas a su suerte.
Mientras sigue avanzado el ataque a la educación pública, la juventud se ve obligada a desertar, pues buena parte no cuenta con servicio de internet o el equipo para una educación a distancia. Al mismo tiempo miles tienen que trabajar para apoyar a sus familias, o como ocurre en diferentes universidades del país como en el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, que las autoridades universitarias les han impuesto grandes cuotas de inscripción aun en el marco de la crisis sanitaria.
La lucha de la EDPA es reflejo de lo que sucede en distintas sedes de las UBBJ y universidades, que hoy están pasando por procesos de defensa de la educación superior pública, como en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Colima, que están teniendo un proceso contra la imposición de cuotas. De ahí la importancia de la organización y articulación de nuestras luchas entre docentes, estudiantes y trabajadores, independiente de las autoridades universitarias, por una educación pública, gratuita y acorde a las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras.
En ese sentido, la Agrupación Juvenil Anticapitalista propone como primer paso un foro en defensa de la educación pública, ya que es importante la organización y articulación de nuestras luchas.
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