La Anses publicó una resolución que pone en marcha el nuevo régimen jubilatorio de magistrados y funciones del Poder Judicial. El organismo a cargo de Fernanda Raverta, perteneciente a La Cámpora, con esta resolución está poniendo en ejercicio las modificaciones que tuvo dicho régimen en marzo del 2020, dejando la órbita del Consejo de la Magistratura y quedando bajo la Anses.
En el texto, se instó a aquellos jueces y fiscales que iniciaron el trámite de jubilación y ya fue aprobado sin dejar su cargo bajo el régimen anterior, que determinen si buscan darle curso y renunciar a sus funciones, o continuar en funciones y retirar la carpeta dando marcha atrás con el trámite, con la posibilidad de que el organismo lo revise.
La resolución busca reglamentar las modificaciones de todo el régimen jubilatorio, sin embargo este hecho prendió las alarmas de la oposición macrista -incluída parte de la casta judicial- como una movida política del gobierno nacional contra alrededor de 200 jueces y fiscales, algunos a cargo de causas importantes, y que podrían dejar vacancias a ser ocupadas.
Algunos de los altos funcionarios incluidos son: el procurador interino Eduardo Casal, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton, cinco camaristas de la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal- entre los cuales está Eduardo Riggi, que la semana pasada fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el abogado de Cristina Fernández, y Leopoldo Bruglia, entre otros con competencia electoral como la jueza federal María Servini y el fiscal federal Jorge Di Lello.
Hasta el momento era frecuente la práctica de que, una vez cumplidos los requisitos para jubilarse, inicien el trámite continuando en su cargo, dejándolo en suspenso. Así podrían protegerse ante denuncias por mal desempeño en sus cargos, por ejemplo, y poder tener el beneficio de una jubilación privilegiada antes de ser sancionados o removidos. Se trata del régimen jubilatorio más privilegiado, llegando a cobrar cientos de miles de pesos. Un sistema redondo para preservar a la casta más aristocrática del Estado.
Pero también es parte de las internas entre gobierno y oposición macrista con las causas de espionaje ilegal bajo el gobierno de Macri, y el procesamiento y condena de funcionarios del anterior gobierno kirchnerista, algunos por corrupción y otros con causas armadas.
Estas disputas de baja intensidad en los inicios de un año electoral son parte de las pujas entre gobierno y oposición por fortalecer y aumentar su poder político. Las preocupaciones de la oposición macrista, que incluye a gran parte de la casta judicial, y del gobierno, contrastan de forma brutal con las consecuencias que viene teniendo el ejercicio de la llamada “justicia” en la vida de las grandes mayorías. La foto de la movilización en Tribunales esta misma tarde por Ursula y los femicidios en aumento, basta para ejemplificar este contraste.
Pero no es la única. Las familias sin techo desalojadas en Guernica. La impunidad a los responsables de la desaparición y muerte de Facundo Castro. Millones de trabajadores en el país sin registrar. Les pibes que mueren pedaleando para empresas que no los reconocen como laburantes. Esas también son imágenes que grafican el rol del Poder Judicial: una “justicia” profundamente patriarcal y de clase, que se cuestiona en las calles, pero no entre las internas de los poderosos. | 
