Hace años que la política de sectores ligados al Frente Amplio e incluso al Partido Comunista ha sido la de llamar a “reformar” el Tribunal Constitucional. Este organismo se ha convertido en un “as” bajo la manga para sectores de derecha, conservadores y hasta para el mismo Gobierno, para poder negar derechos sociales fundamentales que la actual Constitución Pinochetista no garantiza.
Cada vez se encuentran más cerca las elecciones a constituyentes del mes de abril, y los debates políticos en torno al propio proceso y de programa en torno a derechos sociales, recursos naturales y el problema de la represión se ponen al centro de los diferentes debates políticos.
Partamos por el principio. El Tribunal Constitucional fue creado precisamente para que se “respetara” la constitución pinochetista, más que defender la llamada democracia, su función reside en defender el legado de Pinochet y los intereses de los empresarios que han saqueado Chile estos últimos 47 años desde el Golpe Militar de 1973. Un organismos repleto de dinosaurios, muchos de los cuales fueron nombrados en la propia dictadura.
El debate que vuelve a poner sobre la mesa Beatriz Sánchez, abre las siguientes preguntas: ¿Reformar o eliminar el Tribunal Constitucional? ¿Por qué mantener un Tribunal Constitucional en una nueva Constitución, que le dé la facultad a un puñado de jueces de decidir sobre millones?. Beatriz Sánchez, además, se sostiene bajo la premisa de una democracia “neutral”, en la que la nueva constitución no solo permitirá garantizar mejores derechos sociales, sino también “fiscalizar”, para lo que sería necesario el Tribunal Constitucional.
Lo cierto, es que el Estado y sus instituciones no son “neutrales”. Existen cientos de ejemplos que demuestran lo contrario a esa premisa, como los perdonazos a los casos de corrupción de Penta y Soquimich, donde no sólo existieron políticos involucrados, sino también empresarios que resultaron completamente impunes como Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, que actualmente es conocido como el “rey del Litio” debido a las inversiones que ha realizado en el norte del país en torno a este mineral. La no neutralidad del Estado, hace a la no neutralidad de sus instituciones.
Estando ad portas del inicio de un proceso constituyente que no va a resolver los problemas de fondo, que fue pactado por los políticos de la oposición con el Gobierno, que está lleno de trampas, con un veto de ⅔ que impide tocar la propiedad privada, ese proceso llamado Convención Constitucional no es el que la mayoría gritó en las calles. Es por esto, que es necesario seguir luchando para conquistar todas nuestras demandas, por la libertad de las y los presos políticos, por juicio y castigo a los violadores de los derechos humanos. También debemos eliminar el Tribunal Constitucional, organismo cuestionado y antidemocrático, defensor acérrimo de la dictadura y de sus cimientos. |
