El juicio, que inició a las 12.30 horas de este jueves en el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Junín, a cargo del juez Héctor Alberto Barbera, corresponde a una causa que de 2017, abierta a partir de la denuncia de Belén Miranda, expareja de Martínez. Al femicida de Úrsula Bahillo se le imputan, por este hecho, los delitos de "lesiones y amenazas agravadas".
“No sé cómo hice para escaparme de ahí”, dijo Belén Miranda hace unos días al ser entrevistada en C5N. Se refería al episodio en que Martínez casi la asesina con su arma reglamentaria en presencia de sus hijos. “Me metí en la casa de mi hermano, y uno de mis nenes me dijo que nos escondiéramos en el baño, porque si nos veía nos iba a matar. Fueron segundos, esperé y él se fue como si nada hubiera pasado, cuando llegué a hacer la denuncia, él me estaba denunciando a mí”, contó, y destacó cómo sus compañeros de la Policía bonaerense lo resguardaron ante el hecho.
Actualmente, Martínez está detenido en la Alcaidía Penitenciaria de Junín, acusado del delito de "femicidio agravado por alevosía y ensañamiento" de Úrsula. No bastaron ni las denuncias previas ni la restricción perimetral. Tampoco bastaron las “capacitaciones en género”, ni las secretarías, subsecretarías y comisiones creadas en el ámbito judicial. Igual que cuando fue denunciado por Belén Miranda, sus compañeros de la fuerza lo protegieron y la justicia ignoró arbitrariamente las decenas de denuncias que tenía.
El hecho, sin embargo, no es aislado ni se remite solamente a las denuncias por violencia machista y a la impunidad judicial, que las desoyó sistemáticamente. Que las fuerzas de seguridad actúan con un enorme “espíritu de cuerpo” se ve ante cada caso de redes de trata y de gatillo fácil policial, ante la impunidad de la que gozan los genocidas (con miles de agentes que todavía están en funciones), ante el apoyo que les brindan los funcionarios del Estado.
Nada más elocuente que la foto del ministro Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof premiando a la Policía Bonaerense con más patrulleros justo el mismo día en que Úrsula era velada por su familia y amigos, luego de una brutal represión. Nada más elocuente, tampoco, que la ministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta fotografiándose con su par de Costa Rica para “hacer redes” mientras se sucedían los hechos. Nada más elocuente, tampoco, que el presidente de la Nación creando nuevos Consejos sobre femicidios y travesticidios, para seguir obviando la demanda de medidas urgentes que prevengan esta situación, y no tener que seguir lamentando las consecuencias. No es un problema de "coordinación" de Ministerios.
Según un informe reciente de Asuntos Internos, la Policía Bonaerense tiene 6 mil agentes activos denunciados por violencia machista. El 80 % está en funciones. El dato no es menor. A nivel nacional, según CORREPI, esa impunidad se traduce en otra cifra es alarmante: uno de cada 5 femicidios es cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad que utiliza el arma reglamentaria. ¿Porqué siguen en funciones? ¿Porqué se los encubre?
Como advierten desde CORREPI, “esto da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal”. Años de trabajo y militancia incansable de organismos de derechos humanos y del movimiento de mujeres permitieron desenmascarar esto: no es un policía, no es un juez. Es toda la institución, y el Estado es responsable.
Hoy, mientras el oficialismo promueve gestos y reformas, dos nuevos femicidios se suman a la cadena de impunidad, en Córdoba y Formosa, también a menos de un agente policial.
La ausencia de refugios, de planes para el acceso a las viviendas y el empleo, de licencias pagas para todas las víctimas y sus familias, de subsidios que garanticen el ingreso igual al costo de la canasta familiar, de acompañamiento de equipos interdisciplinarios; la elección de los jueces y los juicios por jurados; el desmantelamiento de las fuerzas represivas y el cese de la impunidad; son medidas que ya se deberían estar implementando. Por el contrario, mientras se siguen creando secretarías, la condena recae sobre todas las mujeres y disidencias y, en particular, sobre las que menos recursos tienen: las más jóvenes y pobres.
El femicidio de Úrsula, que despertó un enorme repudio a la impunidad policial y judicial, pedidos de renuncia del ministro Sergio Berni, cuestionamientos a la política del gobierno nacional y provincial y de sus ministerios de Género, no debe quedar impune. Por Úrsula, y por todas. |
