Los 90 en América Latina significaron una fuerte ofensiva económica hacia la clase trabajadora con una fachada de "democracia" debido a la caída de los gobiernos dictatoriales en la mayor parte de los países de la región. En México, esto se hizo mediante la concatenación del "régimen de la transición pactada", un acuerdo entre el PRI y los principales partidos de la oposición —el PAN y el recientemente creado PRD— para traer "mayor democracia" en el país con la "benevolencia" del partido tricolor, que "cedía" espacios de elección para generar una visión de supuesta "pluralidad".
El Consenso de Washington
Es en medio de esta coyuntura que Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés), el cual ponía por delante políticas públicas concretas para que Estados Unidos, Canadá, pero en especial México, adoptaran medidas neoliberales en su economía. Todo esto era acorde a las ordenanzas del llamado "Consenso de Washington", una serie de 10 puntos esgrimidos en 1989 por John Williamson, economista del Instituto Peterson, los cuales consistían en:
1. Disciplina en la política fiscal. Este apartado tenía la intención de que el Estado no tuviera déficits fiscales en relación con el PIB. Si durante la posguerra los países medían su rendimiento con respecto a la relación entre importaciones y exportaciones, ahora el modelo neoliberal usaba como medidor el PIB como vara.
2. Redirección del gasto público en subsidios. Con una fachada caritativa, este punto pretendía que la educación generara mano de obra calificada. Con ello se pretendía "invertir en puntos clave para el desarrollo", dando un servicio mínimo y esencial de salud y educación.
3. Reforma tributaria. Esta reforma pretendía adoptar "tipos impositivos marginales moderados" (es decir, reducción de impuestos al empresariado).
4. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en términos reales. Los intereses son los abonos de las inversiones en una cantidad de tiempo determinada. Si con la crisis de la deuda de finales de los 70 y principios de los 80 América Latina —y en particular México con la "defensa del peso como perro" de López Portillo— habían visto pagos imposibles de interés, el neoliberalismo determinaba que esas tasas se determinaran por "el mercado" (es decir, el capital financiero).
5. Tipos de cambio competitivos. Este punto ponía por delante la autonomía de los bancos centrales y la incorporación de las monedas para cotizarse frente al dólar.
6. Liberalización del comercio. Aunque los países latinoamericanos no tenían un monopolio del comercio exterior —como sí lo tenían los ex-Estados obreros del bloque del este y la ex-URSS—, el Estado tenía en el sistema desarrollista una fuerte injerencia en el comercio. Por ello se enfocó en eliminar restricciones de comercio y aranceles bajos.
7. Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa (IED). Las empresas extranjeras podían entrar a los países a extraer recursos y comprar distintas compañías. Por eso esta medida iba de la mano de...
8. Privatización de las empresas estatales. Si en el desarrollismo el Estado garantizaba salud, educación, transporte, comunicación, energía, etc., el sistema neoliberal consideraba esta situación como inviable. Las paraestatales fueron vendidas a precios bajos, siendo el caso más emblemático la compra de TELMEX por parte de Carlos Slim.
9. Desregulación. Sobre eso último, todo aquello que tuviera regulaciones "innecesarias" era abolido y dejado a merced del capital financiero. Varias empresas nacionales quebraron o fueron absorbidas para que sus dueños se convirtieran en accionistas.
10. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Este apartado exigía garantías desde el Poder Judicial para que se protegiera la propiedad privada y las empresas, derivando en especial a eliminar legislaciones que eran favorables a los sindicatos.
Estas 10 condiciones se implementaron a distintos niveles y con variados grados de éxito en toda América Latina. El TLCAN entró en vigor el 1ro. de enero de 1994 (y a consecuencia de ello también se hizo pública la existencia del EZLN cuando tomó San Cristóbal de las Casas); ese mismo año, las elecciones en México dieron por ganador al último presidente del PRI en el siglo XX (luego del escandaloso asesinato del candidato oficialista, Luis Donaldo Colosio): Ernesto Zedillo Ponce de León.
La privatización de FNM
Congruente con las condiciones del Consenso de Washington, el gobierno aprobó el 27 de febrero de 1995 una reforma al artículo 28 constitucional en el cual se permitía la inversión privada en ferrocarriles y satélites —cuyo primer paso fue para permitir la televisión por cable y canales de compañías estadounidenses—; el 28 de mayo de ese año, se publica en el Diario Oficial de la Federación la serie de reglamentos y condiciones para que el Estado, a través de su organismo público descentralizado, Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), permitiera otorgar concesiones a las empresas privadas de la red ferroviaria.
La primer fracción de la red fue dada por 50 años a Transportación Marítima Mexicana, asociada con la norteamericana Kansas City Southern Industries. El tramo fue el correspondiente al Ferrocarril del Noreste, que tenía redes hacia Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León y que conectaba con las sucursales tejanas de la empresa estadounidense (actualmente dirigida por Patrick J. Ottensmeyer).
Posteriormente, el 27 de junio de 1997, el gobierno otorga la concesión del Ferrocarril del Norte —cuya red incluía a los estados de Michoacán, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y Guanajuato— por 50 años a Grupo México y a la Union Pacific de Estados Unidos (de la cual Zedillo era accionista). La empresa actualmente opera bajo el nombre de FERROMEX.
El 29 de junio, se hace lo mismo con el Troncal del Sureste de México a FERROSUR, entonces propiedad de Carlos Slim. La red correspondía a los estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Tabasco.
Finalmente, la privatización concluye el 4 de junio del 2001, ya en presidencia de Vicente Fox. Ese día, el Diario Oficial de la Federación hace pública la extinción de FF.NN. como empresa paraestatal.
Larrea monopoliza las rutas ferroviarias
Sin embargo, la historia no concluye aquí. La extinción de la red de ferrocarriles y su reconversión en rutas de transporte de mercancía —eliminando el transporte de pasajeros—, golpearon fuertemente a la Ciudad de México, la cual vio incrementado el uso del automóvil y el aumento de la contaminación. De igual manera, el gobierno decretó la privatización de la red entera de la Ruta 100 de autobuses que daban servicio a la ciudad de México, lo cual solamente aumentó el problema.
Mientras tanto, Grupo México extendía sus acuerdos con otras compañías y despuntaba en otros territorios. En 2001 surgió la Texas Pacifico Transportation Ltd., filial de Grupo México en el ex-estado mexicano; de igual forma obtuvieron el permiso para transportar en la costa este de Florida, comprando la homónima Florida East Coast Railway en 2017.
Sin embargo, el interés de Grupo México fue en el sur del país, entrando en negociaciones con Slim para operar con Ferrosur. Primero entrando como accionistas minoritarios, posteriormente, en 2005, comprando el 75% de la compañía. Finalmente, la compra termina en 2009 luego de un largo proceso de amparos en el cual el principal competidor de FERROMEX y FERROSUR, Kansas City, había interpuesto demandas alegando falta de competitividad, pero el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decretó a favor de Grupo México, permitiendo que ésta comprara FERROSUR a Slim.
A inicios de 2010, y a propósito de los festejos del centenario de la Revolución Mexicana, Grupo México inauguró dos rutas turísticas: una en Jalisco, enfocada en la industria agavera, y otra en Chihuahua, recorriendo las barrancas de la Sierra Madre Oriental. Prácticas que han servido para agrandar los bolsillos de Germán Larrea.
Todo esto sucedía mientras el dueño de Grupo México obtenía ganancias de cobre en las minas de Cananea, mientras permitía que 65 mineros quedaran sepultados en el desastre de Pasta de Conchos y finalmente generando un desastre ambiental en los ríos de Sonora al vertir metros cúbicos de ácido sulfúrico y afectando la economía de la región.
Por supuesto que nada de esto viene en los presuntuosos comerciales que se proyectan en las salas de Cinemex, donde los trenes-hospitales "Dr. Vagón" de Grupo México "amablemente" atienden a la población como si se tratara de un servicio público y no acciones de una empresa privada que genera ganancias a costa de vender mercancías (entre ellas, la salud) y con un virtual monopolio de la costa del Pacífico mexicano.
Para frenar la codicia de los Larrea, Slim etc., las trasnacionales y sus lacayos, es importante la organización independiente de los trabajadores, incluyendo los ferroviarios, así como la renacionalización de la red de ferrocarriles y la reasignación del transporte de pasajeros; de igual forma poner fuertes impuestos a las grandes fortunas para financiar salud y educación.
Ello también de la mano de evaluaciones de impacto de medio ambiente y la participación de las comunidades originarias para evitar las controversias que generan megaproyectos como el del Tren Maya, que va en un sentido similar al de la privatización de FNM: el beneficio de los capitalistas en detrimento de los trabajadores, las comunidades y los usuarios. | 
