Durante la tarde del miércoles la Asamblea de Mujeres reclamó frente a la fiscalía de esa ciudad el cese de la violencia machista que sufren miles de mujeres y disidencias. Participaron distintas organizaciones, entre ellas Pan y Rosas en el Frente de Izquierda, desde donde se apuntó hacia la responsabilidad del Estado.
Integrantes de la Asamblea denunciaron la violencia machista y la justicia patriarcal que encubre a femicidas y abusadores, sobre todo cuando éstos son agentes de las fuerzas armadas y policiales. Acusaron a las fiscales locales de género, María José Basiglio y Carolina Carballido Calatayud, como responsables de estas prácticas institucionales, como el encubrimiento del policía Carlos Godoy quien continúa en actividad a pesar de estar acusado de abuso de menores.
Por su parte, la docente e integrante de Pan y Rosas Florencia Ríosse se sumó al reclamo por Úrsula y por todas las víctimas de femicidio. Para este medio, agregó que cada 23 horas muere una mujer por violencia de género. También señaló que esta terrible realidad no es solo responsabilidad de la Policía y la Justicia sino también de los gobiernos, es decir, del Estado de conjunto.
Ríos sostuvo que Úrsula, a pesar de haber denunciado numerosas veces a su ex pareja, no fue escuchada por ninguna de las instituciones estatales. Remarcó el rol encubridor de la Policía, mencionando que esa institución es también la responsable del manejo de la trata de personas, la prostitución y el narcotráfico, así como del gatillo fácil con que se persigue y criminaliza la juventud pobre y trabajadora. También denunció que esa fuerza cuenta en sus filas con alrededor de 6000 agentes en actividad que tienen denuncias por violencia de género.
Luego apuntó contra el cinismo del gobierno de Kicillof, que al día siguiente del crimen realizó un acto junto a Berni, en el cual entregó patrulleros y equipamiento nuevos y prometió un aumento de sueldo a la Bonaerense -cuyo uno de sus integrantes es precisamente Matías Martínez, el femicida de Úrsula.
Además, la docente afirmó que el Gobierno recorta el presupuesto de políticas de género para pagar la deuda externa, asegurando que “así no hay Ni Una Menos”. Por eso llamó al movimiento de mujeres a organizarse independientemente del Estado y sus instituciones y ministerios para redoblar la lucha en las calles e imponer un verdadero plan integral de emergencia contra la violencia machista.
Hacia el final de la jornada Fernanda Ludueña, integrante de la Defensoría de Géneros e Infancias, exigió la libertad de la militante popular Nancy Montiel, quien se encuentra encarcelada desde el año pasado. Ella está acusada de haber matado a José María Palavecino en Gral. Rodríguez, a quien había denunciado por violar a su hijo.
Cabe mencionar que, hasta el momento, no hay pruebas contundentes en contra de Montiel, demostrando una vez más la criminalización del Estado y su aparato judicial hacia los sectores populares mientras protege a sus policías femicidas y abusadores.
