Los alquileres parecen no tener techo, un problema histórico que empeora año a año con la concentración de la propiedad. La AFIP reglamentó el régimen de registración de contratos ¿tiene efecto sobre los precios?
Esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el régimen de registración de contratos de alquileres previsto en la Ley 27.551. La fecha máxima para realizar el registro es el 15 de abril.
La ley, que estuvo cajoneada varios meses por la oposición de derecha en el Congreso, desató fuertes críticas del sector que representa a las grandes inmobiliarias y sus representados. "Es una ley inoportuna. Aumenta el riesgo para el propietario provocando dos efectos: baja de la cantidad de viviendas en alquiler y cobertura preventiva con aumentos mayores de precios. Un combo que desincentiva la inversión en inmuebles donde la oferta de vivienda en alquiler depende 100 % de la inversión privada”, declaró José Rozados, titular de la consultora Reporte Inmobiliario. Siempre eligen algún motivo para justificar sus aumentos. Mientras la realidad es que se trata de un sector con regulaciones muy endebles, donde inquilinas e inquilinos siempre llevan las de perder.
Obviamente los sectores que manejan los grandes negocios inmobiliarios cuentan en estos días con el apoyo de diversas operaciones mediáticas que buscan culpar a las regulaciones por el aumento. Frente a esto Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, sostuvo: “Se abre una nueva etapa en las políticas de vivienda en la Argentina; ahora se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condiciones”.
La realidad es que frente a cualquier mínima regulación que se le intenta poner a los especuladores inmobiliarios, estos deciden pasar sus supuestos “costos” o temores a los inquilinos, obviamente en forma de aumentos. Simplemente porque pueden, porque ninguna de las regulaciones que se han votado en los últimos tiempos tienen siquiera medidas mínimas como podría ser un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, para que los grandes propietarios se vean presionados a poner en alquiler, o un tope máximo a los alquileres en relación con los salarios. Mucho menos se han encarado investigaciones sobre la concentración de la propiedad inmobiliaria en manos de grandes grupos económicos, o un plan de construcción de viviendas accesible para el pueblo trabajador, ni una política de créditos subsidiados. Nada de eso, ya que sería meterse con los negocios de los pulpos inmobiliarios y los bancos, que siguen ganando con la timba financiera.
Los que ganan con los que perdemos
El negocio inmobiliario es uno de los grandes pilares de los negocios en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que viene sucediendo en los grandes centros urbanos. La tierra y las propiedades se encuentran dolarizadas y se utilizan como resguardo de valor, como lugar hacia donde se deriva el dinero proveniente de distintas actividades, desde las exorbitantes ganancias de los agroexportadores hasta algunos negocios “flojitos de papeles” que utilizan la construcción como una forma de lavado de dinero. Esto se puede apreciar en Puerto Madero o en las suntuosas construcciones frente a la costa de Rosario, prácticamente nadie vive en esos lujosos departamentos, se usan para especular con que sus precios en dólares aumentarán con los años. Ese es el negocio.
Por eso la primera mentira que cae es que las regulaciones son las verdaderas responsables de los aumentos porque bajan la rentabilidad o quitan la oferta. En la Ciudad de Buenos Aires este argumento se cae con solo tener en cuenta algunos datos: la Ciudad desde hace 70 años tiene una población estable de 3 millones de habitantes, en el medio ha vivido distintos “booms inmobiliarios”, sin embargo el precio de la vivienda no ha parado de subir, visto en precios nominales como en salarios necesarios para poder acceder a una vivienda. No es que haya aumentado la población y no se construyó lo necesario, lo que hubiera significado un aumento de la demanda sin su correspondiente oferta; hay más propiedades para la misma cantidad de personas. Esto solo se entiende si se piensa que utilizan las propiedades como un valor de especulación inmobiliaria ya que cada año el valor en dólares de las propiedades aumenta. El la lógica en el capitalismo, lo que importa son las ganancias, aunque esto signifique gente sin casas y casas sin gente.
Por eso los aumentos que se vienen dando en los últimos meses no tienen ninguna relación con la economía de las mayorías. De hecho, en medio de la crisis sanitaria, económica y social del 2020 los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires fueron de un 53,8 % interanual para los monoambientes y un 63,7 % para los departamentos de dos y tres ambientes. Todo según los mismos datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC).
Estos aumentos no solo hacen que cada día sea más difícil poder alquilar, aumentando la crisis en los momentos de renovación de contratos para los que hay que juntar sumas exorbitantes solo para poder pagar un alquiler. También son parte de un proceso donde los grandes pulpos inmobiliarios se benefician con la concentración de la propiedad de la vivienda en un sector cada vez más reducido de la población. De hecho en el 2001 el 22 % de los hogares de la Ciudad eran inquilinos, en el 2015 ese número ascendía al 33 %, y ha continuado en aumento desde entonces ya que no existe ninguna política de construcción de viviendas populares significativa y las políticas como los Créditos UVA confirmaron que eran una estafa a favor de los bancos. La contrapartida de esto también se puede ver en la población de las villas que pasó de ser 163.000 a 275.000 en 2014 y hoy ya se calcula muy por encima de las 300.000.
No se trata de una crisis exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires, la expansión de las grandes zonas urbanas sin ningún plan de obras públicas, el aumento de los alquileres y el alza en la cotización de los precios de las viviendas son los factores que explican la crisis de la vivienda y las ocupaciones de terrenos que vienen cruzando al país. La respuesta represiva que han dado todos los gobiernos provinciales no es casual, es parte de defender los intereses de la clase dominante.
