Esta última semana, con el escándalo relacionado al ahora ex Ministro de Salud Ginés, se reveló cómo los recursos públicos -en este caso las vacunas adquiridas por el Estado- son dirigidos a discreción a funcionarios y amigos del poder. Una lista reducida de privilegiados que sólo deja en evidencia que son millones los trabajadores esenciales y personas de grupos de riesgo que siguen a la espera. Mientras el personal de salud y de servicios básicos continúan aguardando turnos, los docentes y trabajadores de la educación que se están reincorporando a la actividad presencial no tienen siquiera fecha estipulada de vacunación.
Los aportes y desarrollos provenientes de universidades e instituciones públicas que se han destacado durante la pandemia no están fuera del debate. Los kits de detección rápida ELA-CHEMSTRIP y el barbijo ATOM-PROTECT son los ejemplos más destacados de la ciencia al servicio de combatir el coronavirus. Sin embargo, estos avances de científicos e instituciones públicas (principalmente de la UNSAM, CONICET y la UNQ) están en manos privadas. Incluso el suero hiperinmune en desarrollo (el primer tratamiento contra el COVID-19 totalmente elaborado en el país), quedaría en manos del Grupo Insud, propiedad de Hugo Sigman, empresario farmacéutico y séptima fortuna más importante del país.
Estos desarrollos son una parte del rol progresivo que están jugando las universidades para enfrentar la pandemia, que también incluye la puesta a disposición de sus instalaciones para centros de aislamiento y laboratorios para análisis de tests PCR. Sin embargo, tests y tratamientos, al igual que las vacunas en todo el mundo, terminan en manos de laboratorios y farmacéuticas privadas que engrosan sus fortunas especulando con la salud y la vida de millones de personas.
Ejemplo de esto es la vacuna racotumomab, desarrollada por científicos de la Universidad Nacional de Quilmes y otras instituciones públicas. Esta vacuna funciona como tratamiento para el cáncer de pulmón y es reconocida a nivel internacional. Sin embargo, su patente se encuentra en manos del mismo Grupo Insud, es producida por Laboratorios Elea y su precio está por encima de los $330.000 en nuestro país, alimentando la sideral fortuna de 1.600 millones de dólares de sus dueños.
Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, a su vez, generan ganancias extraordinarias acaparando sus patentes y son distribuidas de manera brutalmente desigual en el mundo. Los principales países imperialistas ya han firmado contratos para adquirir dosis por cantidades que superan entre 3 y 7 veces su población, mientras países de África y América Latina sólo reciben algunos miles de dosis. En aquellos donde llegan, como Argentina, se privilegia a funcionarios y amigos del poder.
Ante la catástrofe de la pandemia, la lucha por la liberación de patentes y vacunas para todos es una necesidad urgente. Las universidades pueden, a su vez, no sólo aportar grandes desarrollos y avances científicos que beneficien a la población en su conjunto, sino también funcionar como centros vacunatorios gratuitos donde los trabajadores, ancianos y personas de grupos de riesgo puedan recibir las dosis. Los estudiantes de salud pueden aportar con su conocimiento a que esto suceda, aplicando vacunas de manera masiva en forma de becas remuneradas.
Como venimos proponiendo desde el principio de la cuarentena, los laboratorios y las instalaciones de las universidades tienen la capacidad de elaborar alcohol en gel y sanitizantes, recursos hospitalarios, alimentos para paliar la crisis económica y la pobreza en que se encuentran millones de personas que perdieron sus trabajos durante el último año.
Las universidades tienen que poner a disposición todos los recursos y abrir sus puertas a docentes y estudiantes voluntarios en estas tareas, coordinando con trabajadores de la salud, de industrias y servicios junto a la comunidad en general. Para eso es necesario que se anulen todas las patentes y que los aportes de la universidad estén íntegramente al servicio de las necesidades e intereses del pueblo. Que todo el desarrollo intelectual y de recursos que producen las universidades tengan ese destino y no la ganancia privada.
Desde las Secretarías que dirigimos como Juventud del PTS en Zona Sur, le exigimos a cada Centro de Estudiantes que se pronuncien frente a los hechos nacionales y que se pongan a la cabeza de esta pelea para que no haya más vacunación de privilegio. | 
