El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este martes desestimar la denuncia que habían realizado Elisa Carrió y tres diputados de la Coalición Cívica por “envenenamiento” contra el presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Salud, Ginés González García, y Carla Vizzotti, actual ministra por la compra de la Sputnik V.
El dictamen explica que “dada la emergencia de salud pública declarada en nuestro país y habiéndose expedido en sentido positivo los organismos competentes para la adquisición y distribución de la vacuna rusa conocida como Sputnik V, esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”.
Carrió presentó en diciembre una denuncia penal junto con tres diputados de su bloque por la falta de información respecto de las gestiones, contratación y firmas de contratos con el gobierno ruso para la adquisición de la vacuna.
La denuncia solicitaba que se investiguen las acciones del Presidente, el entonces ministro de Salud, y de Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones, siendo que la supresión de etapas y requisitos impuestos a nivel local y mundial no admitirían la posterior autorización de la ANMAT para su distribución y uso”.
Tras la feria judicial de enero, Marijuan pidió a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) toda la documentación relativa a la compra, distribución y eventual aplicación de la Sputnik V. Por su parte, el Ministerio de Salud comunicó que los contratos celebrados para la compra de vacunas fueron remitidos a la Auditoría General de la Nación y al Congreso.
El fiscal dispuso que la aprobación del “Plan de Vacunación” en Argentina “se llevó a cabo en el marco de un acto administrativo válido, contando con la intervención de todas las áreas pertinentes para ello”. Y añadió que “las gestiones de adquisición, su aprobación y contratación, se ajustaron a las recomendaciones que fueron realizadas, tanto en el orden internacional como en el ámbito local, por los máximos organismos competentes en materia sanitaria”.
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