Entre los socios del Gobierno de coalición se alcanzó un acuerdo durante la negociación presupuestaria en el mes de octubre para llevar al Parlamento una ley de vivienda, antes de que finalizara el mes de febrero, que se vendió como un “escudo social” que iba a resolver el problema de los desahucios de manera permanente, más allá del mes de mayo cuando finalizara el estado de alarma. Y que, además, contribuiría a terminar con la especulación del precio de los alquileres, estableciendo límites a los costes del alquiler sobre la base de un índice oficial de precios de la zona o, al menos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior.
A cambio, Unidas Podemos aceptaba no introducir estas cuestiones en el texto de los Presupuestos Generales de 2021 sino en una nueva ley estatal de vivienda, que sería la primera de la democracia. Lo que demuestra el crimen social cometido durante todos estos años por las políticas neoliberales del PP y el PSOE, que no han protegido el derecho a la vivienda como un bien social, fortaleciendo la especulación inmobiliaria y el gran negocio de las hipotecas, que en su culmen forjaron una burbuja especulativa que estalló en 2008 provocando la crisis social y financiera y miles de desahucios de familias vulnerables.
El texto que dio base al acuerdo entre los socios de Gobierno señalaba que se establecerían en la nueva ley “mecanismos de contención o eventualmente bajada de precios”. Pero eran cuestiones muy genéricas dado que no se concretaron los procedimientos para llevarlo a cabo. En aquel momento a Unidas Podemos lo que le interesaba era sacar unos presupuestos supuestamente progresistas -y así mostrar la utilidad de su acción de gobierno contrapesando las tendencias más neoliberales del PSOE-, con un alza importante de las inversiones y el gasto social, pero básicamente a costa de los fondos europeos esperados y con mucha letra pequeña como se está viendo ahora con el tema de los alquileres y los desahucios.
Sin embargo, a día de hoy las negociaciones continúan abiertas entre el PSOE y Unidas Podemos y se barrunta que todo podría quedar en agua de borrajas, dado que se ha producido el enésimo enfrentamiento en el Gobierno de coalición, por lo que parecen ser discrepancias en relación a lo que cada uno de los socios ha querido entender respecto a los compromisos adquiridos en este tema.
El lunes, sin ir más lejos, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una conferencia de prensa ya ha delimitado el campo de juego. Licuando enormemente las perspectivas ya modestas de origen de Unidas Podemos, en sus declaraciones Ábalos destacó que “nos parece importante sacar viviendas al mercado y que haya estímulos para que se saquen estas viviendas al mercado de alquiler, para esto entendemos que es preferible incentivar”. Está claro que el PSOE apuesta decididamente por los impulsos y estímulos fiscales, es decir, nada de llevar a cabo medidas punitivas sobre la especulación o la existencia de viviendas vacías por parte de los fondos buitre y los grandes tenedores.
Pero lo que es aún más grave, Ábalos, destacó en la rueda de prensa que la vivienda es “un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones y todo eso forma parte del mundo de la vivienda y no lo podemos obviar”. El social liberalismo del PSOE se hace carne en este tema, defendiendo el derecho especulativo de la propiedad inmobiliaria hasta el final. Nada de plantear alguna mínima medida que pueda suponer un menoscabo para el sacrosanto derecho a la propiedad de los grandes fondos buitre y las entidades financieras, aunque sea de un bien tan esencial socialmente como es el de asegurar el derecho a la vivienda.
Para Unidas Podemos, la situación de la vivienda y una solución relativamente progresista de la misma, aunque fuera en aquellos aspectos más esenciales -sin desahucios para los más vulnerables y sin precios desorbitados- es un elemento esencial para su futuro político y el del Gobierno de coalición. Sin duda, un fracaso en este campo, con desahucios todos los días en los medios de comunicación, una vez pasada la moratoria por Covid-19, para familias vulnerables con menores y personas dependientes a cargo, supondría una losa política tremenda sobre sus posibilidades electorales futuras e incluso sobre la propia supervivencia política de la sociedad entre Podemos e Izquierda Unida.
Por ello Unidas Podemos está marcando sus posiciones insistiendo en que no limitar los precios de los alquileres implica incumplir el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en materia de vivienda, lo cual pone en peligro la continuidad del Gobierno de coalición, más allá de las diferencias públicas que se vienen manifestando en diversos temas centrales -reforma laboral, pensiones, salario mínimo, etc.- Así y todo, Pablo Iglesias ha dicho que ellos siguen siendo “leales al Gobierno de coalición”.
Frente a la posición del PSOE, que ha estado insistiendo en controlar el precio de los alquileres por la vía del estímulo fiscal, asegurando así las ganancias de los grandes tenedores y la seguridad jurídica de su inversión, Unidas Podemos plantea que a partir de índices de precios de comunidades y ayuntamientos se pueda declarar zonas de mercado especulativo. Así se establecería que si el precio está por debajo no se podría subir y si estuviera por encima debería dejarse, como máximo, al nivel del índice, tanto para los nuevos contratos como para los ya existentes.
Pero lo cierto es que ni el PSOE ni Unidas Podemos están atendiendo las peticiones de los colectivos sociales por la vivienda pública. Desde la PAH y otros colectivos se está reclamando “una regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población”, algo que ni por asomo está planteado ni siquiera por Unidas Podemos, ya que estos lo vinculan a un índice que también está sujeto a los movimientos especulativos del mercado. Y también solicitan, entre otras medidas y como las más esenciales, el incremento del parque público de viviendas destinado a alquiler social que debería ser “como mínimo del 20% de las viviendas de la totalidad de viviendas existentes” para hacer frente a la emergencia habitacional de manera prioritaria. Algo que no encaja tampoco, puesto que los presupuestos aprobados apenas constan 1.000 millones para el plan de alquiler asequible que además provendrá de los fondos europeos, con lo que ni siquiera se asegura su continuidad.
La respuesta al drama de la falta de vivienda, los precios abusivos de los alquileres y la persistencia de los desahucios no vendrá desde arriba. Hace falta imponer una solución mediante la lucha y la movilización, encabezada por los colectivos sociales de la vivienda, la izquierda sindical, las mujeres y la juventud, imponiéndoles el frente único a las burocracias sindicales de CCOO y UGT: por una auténtica ley anti desahucios y la creación de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social sobre la base de la expropiación sin indemnización de las propiedades inmobiliarias de los grandes tenedores de vivienda-fondos buitre y entidades financieras. |
