Son de sobra conocidas -por lo esperpénticas que resultan- las ayudas al alquiler que el gobierno de Almeida va a poner en funcionamiento en la ciudad de Madrid y que van dirigidas fundamentalmente a rentistas y a inquilinos con unos ingresos entre 3 y 7 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Sin embargo, el plan de vivienda de Almeida tiene más aristas que han sido menos comentadas y que, por la gravedad que suponen, es importante destacar.
Para luchar contra «la intervención estatal» y sus «políticas más marxistas» (en palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís), el ayuntamiento de Madrid ha sacado a concurso 17 parcelas públicas -localizadas en distritos como Puente de Vallekas, Carabanchel o Villaverde- por un irrisorio precio de 12 millones de euros. Esto supone el enésimo proceso de privatización de lo poco de público que aún queda.
En Vallekas en particular, pero en el resto de barrios de la periferia en general, la enajenación del espacio público es especialmente trágica dadas las enormes carencias del barrio. Estas parcelas, por ejemplo, no irán destinadas a hacer vivienda pública para contrarrestar la subida del 50% del alquiler que ha experimentado el barrio en los últimos 5 años.
Y esto es preocupante en un distrito con el 30% de la población en riesgo de pobreza y el mayor número de personas recibiendo la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad (según los datos de 2017). Si nos fijamos en la juventud, estas parcelas tampoco podrán dedicarse a ocio o a cultura para contrarrestar la impunidad con la que campan las casas de apuestas en el barrio (es el distrito con más casas de apuestas de Madrid).
Sin embargo, sería un error pensar que esta privatización de lo público es cosa única de un ayuntamiento de «derechas» y que basta un gobierno «progresista» para revertir y luchar contra estos procesos (como afirma la izquierda institucional de Podemos y Más Madrid). Nada más lejos de la realidad.
La venta de suelo público por parte del consistorio de Almeida no sólo hay que enmarcarlo en un proceso general -de lucha de clases- de expropiación de todo lo público y venta a los intereses de unos pocos; sino también en un proceso particular -el de la economía española- cuyo crecimiento se ha sostenido en las últimas décadas gracias a «pelotazos inmobiliarios» y «burbujas urbanísticas».
En este sentido, todas las administraciones -tanto de un color como de otro- han orientado sus esfuerzos a alimentar y mantener a las grandes oligarquías de la construcción y del sector. Da igual quién estuviera en el poder: en 2014 (PP) se producían 168 desahucios al día y en 2019 (ya con el gobierno de Pedro Sánchez) la cifra se mantenía en 147.
Así que mientras unos venden suelo a precio de ganga para que los fondos buitre tengan un poco de carroña de la que alimentarse unos años más, en el gobierno central («el más progresista de la historia») no se quedan atrás con su Plan 20.000. El plan 20.000, presentado por el ministro Ábalos, puede resumirse de forma rápida: ceder (ya sabéis lo que pasa cuando se ceden cosas) suelo público a empresas privadas para que construyan 20.000 viviendas a un precio «barato».
Por si fuera poco en este robo, será el ICO el organismo encargado de financiar esta construcción de empresas. Esto quiere decir, no sólo que los costes de la inversión van a ser mínimos sino que -y en último término- los riesgos recaen sobre un organismo público. ¿Qué resultado tiene todo esto? Siguiendo los cálculos de Pablo Carmona en su artículo sobre el tema, aun con el improbable supuesto de que las empresas pusieran alquileres sociales (reduciendo un 66% el precio del alquiler) la inversión se amortizaría a los 10 años. Quedan 65 de gloria para el sector privado.
Este es el horizonte -extremadamente precario- que se abre ante los ojos de nuestra juventud: más burbujas, menos vivienda pública, más fondos buitres a cargo de los pisos en los que intentar desarrollar un proyecto vital. Una juventud que no protesta (solo) por lo de Hasel o por lo ocurrido en Linares sino para expresar una rabia que nace de haberse criado entre las dos crisis económicas más grandes que ha vivido Occidente desde el crack del 29. Con un horizonte climático terrorífico y con una actitud de nuestros dirigentes descaradamente impasible ante lo que supondrá el mayor colapso ecológico de nuestra civilización.
Por si fuera poco, una juventud con una tasa de paro que lleva alrededor de una década oscilando en torno al 50%. Y, por si fuera poco, con unos alquileres que suponen casi la totalidad del sueldo de nuestros trabajos precarios. La venta de suelo público por parte de las distintas administraciones no es una simple venta, sino la destrucción constante y continuada de lo poco que teníamos de común, es la confirmación de un mundo que nos ahoga y sobre el que no podemos siquiera encontrar una habitación en la que refugiarnos de tanta barbarie. | 
