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Entre los temas a destacar en la mañanera de hoy estuvo el del anuncio hecho por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares sobre volver a clases presenciales a partir del 1 de marzo, sin importar el color del semáforo epidemiológico.
Al respecto, se le preguntó al presidente si habría sanciones. Inmediatamente el mandatario respondió que no y que está “prohibido prohibir”, mostrándose compresivo con los dueños de las escuelas y dando un discurso para tratar de convencerlos de no volver a clases presenciales de ese modo.
Dijo que su gobierno entiende “porque ya es muchos tiempo”, que la escuela no se puede sustituir y que es el segundo hogar, para explicar que están trabajando con el propósito de la vuelta a clases presenciales, contemplando la posibilidad de que, si se logra tener las vacunas suficientes, se podría combinar su aplicación a adultos mayores y a maestros, como un caso único, para reiniciar lo más pronto posible.
Reiterando que no habrá prohibición de regresar a clases presenciales, AMLO expresó sus deseos hacia los directivos de escuelas articulares: “ojalá nos esperen para vacunar a los maestros, buscando empezar en los que están en verde, los que están en amarillo, donde hay menos riesgos y con todas las medidas de seguridad”, dijo.
Confió en poder contar con los directivos de las escuelas privadas e insistió en que no habrá prohibición: “garantizar la libertad, asumiendo cada quién su responsabilidad. Nada de prohibición, sino que sea por convencimiento. Es lo que le he pedido a la secretaria de Educación. Entendemos bien su situación y que se pueda llegar a una cuerdo”, concluyó.
En este marco, el mandatario aclaró que la fecha para comenzar la vacunación de maestros depende de cómo vayan cumpliendo las farmacéuticas los envíos.
De esta forma, en los hechos López Obrador da luz verde para que los empresarios de la educación pasen por encima de las disposiciones de su propio gobierno, particularmente las de las autoridades sanitarias, que establecieron que la vuelta a clases presenciales se realizaría en semáforo verde, aunque ahora parecen acomodarse a las necesidades empresariales, como se vio anoche con la declaración del director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, también en el sentido de que no habrá sanciones.
Así, una vez más el gobierno de la 4T le da prioridad a los intereses empresariales antes que a la salud, como se vio por ejemplo con la reactivación de las maquilas en plena fase tres de la pandemia o con la declaración de la minería, la construcción y la industria automotriz como esenciales.
Si se le diera prioridad a la salud, frente al problema del cierre de escuelas particulares, pero también de despidos y rebajas salariales en ese sector, la solución tendría que ser la incorporación de esas escuelas al sistema educativo público.
Por otra parte, no basta con vacunar a las maestras y maestros, pues eso no impediría contagios entre alumnos y sus familias.
En otro tema, se preguntó al jefe del Ejecutivo sobre la promesa de basificación del personal de salud y del contratado mediante outsourcing, mencionándose particularmente a las trabajadoras de intendencia del IEMS. La respuesta fue que habría que esperar a que se apruebe la ley. En opinión de AMLO, no cree que tarde mucho, pues se hizo un acuerdo con empresarios y representantes sindicales para dialogar sobre la iniciativa. En caso de aprobarse, “tendremos que regularizar a todos los trabajadores que están en ese esquema (outsourcing), porque tenemos que dar el ejemplo en el gobierno”.
Lo cierto, sin embargo, es que esos acuerdos con empresarios y burócratas sindicales sólo han servido para aplazar el tema una y otra vez, sin olvidar que la iniciativa no busca eliminar el outsourcing sino regularlo. Pero de todas formas, si de lo que se trata es de poner el ejemplo desde el gobierno, no es que esté obligado a mantener esta práctica de trabajo precario en las dependencias, y entonces ¿por qué esperar a que se apruebe cualquier ley?
La práctica de la subcontratación, mientras tanto, no sólo condena a amplios sectores a trabajar sin ningún derecho, sino que permite los despidos arbitrarios en plena pandemia, como ocurrió a principios de mes con más de cien trabajadoras de intendencia del IEMS, que se encuentran en lucha con un plantón afuera del Senado, por su reinstalación y basificación.
Prohibido prohibir, dice López Obrador, pero no se trata de una política neutral, pues mientras para los empresarios de la educación significa vía libre para imponer un negligente regreso a clases presenciales, y para empresarios que se benefician del outsourcing (además del propio gobierno) continuar con esta práctica, para las y los trabajadores significa exponer la salud y la imposibilidad de acceder a algo tan elemental como derechos laborales, e incluso a tener empleo. | 
