Las declaraciones de las funcionarias del Estado ante la alarmante realidad de los femicidios sigue sumando capítulos lamentables. A las que realizó esta mañana la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien afirmó que "no son tantos" los policías implicados en casos de femicidios y que el problema es "la lentitud" de la justicia, en horas de la tarde se sumaron las de la ministra de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
En diálogo con TN, la funcionaria a cargo de esa cartera dijo que "todos los días, hace muchísimos años, tenemos casos de femicidios y travesticidios". A su intento de explicación ante la alarma que generan nuevos casos como el de Guadalupe, en Villa La Angostura, sumó que "es una realidad triste que por primera los medios, y socialmente te diría, lo toman como un problema político cotidiano, que tiene que estar en la agenda. No es que hay más casos hoy sino que los casos se conocen y hay una enorme indignación que es justa".
Aunque las estadísticas indican que en el marco de la pandemia y de la crisis que la acompaña, la violencia machista recrudeció, lo más grave de sus declaraciones está en el intento de soslayar que una sola vida perdida a manos de este flagelo, que mayoritariamente se antecede de desesperados pedidos de ayuda a las instituciones del Estado, ya es importante.
"Hay varios problemas en algunos casos como éste, que son los que generan más indignación, lo mismo sucedió con el caso de Úrsula hace una semana y es que hay efectivamente una intervención del Estado que no sirve, que no alcanza", terminó reconociendo la funcionaria a cargo del ministerio creado por Alberto Fernández para dar jerarquía "al problema de la violencia". Una vergüenza.
"En los casos como éstos, donde sí se acercan, y la respuesta es darle una medida perimetral, que es un impedimento al agresor para que se acerque efectivamente, si no hay control de esa medida, la medida no tiene ningún sentido", agregó poniendo el foco nuevamente en el Poder Judicial.
Exculpando, como sus pares, el rol gubernamental, Gómez Alcorta insistió en la idea de "capacitación" de los poderes que acompaña a la abstracta fórmula de una "reforma feminista": "lo que nosotros sí tenemos claro es que los poderes judiciales, muchas veces las policías, muchas veces los funcionarios, no identifican el riesgo real que significa para esa persona", afirmó.
Mientras las funcionarias feministas -que llegaron a los ministerios asegurando que una vez en el Estado podrían cambiar "desde adentro" las políticas públicas- siguen sembrando confianza en el camino oficial, alejado del reclamo de medidas elementales, lo que crece junto a los femicidio que se suceden cada 23 horas, es la bronca.
En todo el país, para imponer que haya Ni Una Menos y que se garanticen las medidas más elementales, como el trabajo, la vivienda, los refugios, las licencias, la atención y el acompañamiento a las víctimas de violencia y a sus familias, el próximo 8 de marzo tenemos que ser miles. Organizadas desde cada lugar de estudio y de trabajo, exigiendo a las conducciones sindicales y a los centros de estudiantes que se pongan a la cabeza, hay que salir a la calle y decir con claridad: ¡Basta de violencia contra las mujeres! ¡Justicia para Ursula, para Guadalupe y para todas! ¡Los gobiernos y el Estado son responsables! |
