El ex uniformado, Claudio Crespo, quien se encuentra formalizado y en prisión preventiva por disparar y cegar a Gustavo Gatica en pleno estallido social, sumó este jueves una querella por hechos ocurridos durante las protestas del Día del Joven Combatiente en 2018, en la comuna de Huechuraba. El Consejo de Defensa del Estado lo acusa de los delitos de apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y detención ilegal.
En aquella fecha, Crespo habría disparado directamente al rostro con su escopeta antimotines al joven de iniciales E.G.A., una práctica que vimos de forma sistemática durante todo el estallido social comenzado en octubre de 2019 y que dejó a más de 400 personas con trauma ocular. Según antecedentes del Ministerio Público, el entonces uniformado se encontraba a escasos metros de distancia del joven pues éste ya se encontraba rodeado por efectivos policiales al momento de dispararle.
No es un solo uniformado: la institución completa y el estado son responsables
No son hechos aislados. La actual querella a Crespo se suma a la larga e histórica lista de violaciones a los DDHH que sistemáticamente la institución de Carabineros ha ejercido. Especialmente los más de 400 casos de trauma ocular por perdigones, tortura, detenciones ilegales, muertes, violencia sexual, etc., cometidas en pleno estallido social, bajo el mando de el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, y con la atenta mirada del presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior del momento, Andrés Chadwick y luego Gonzalo Blumel.
Tanto las institución de Carabineros como el gobierno de Piñera son responsables de la brutal represión contra quien se moviliza por exigir sus derechos, cómo lo hace por ejemplo el pueblo mapuche. Tienen las manos manchadas con sangre de el pueblo pobre y trabajador y por lo tanto, como gobierno también deben hacerse responsables por estos crímenes.
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