Además, las medidas se han aplicado sobre una situación de las universidades que ya era precaria antes de la pandemia, resultado de años de políticas neoliberales y recortes en la educación. Y mientras se van a destinar cientos de miles de millones de euros de gasto público y de fondos europeos a “rescatar” a las grandes multinacionales del IBEX35; la educación sigue sin recibir la inversión necesaria en infraestructuras, profesorado y personal no docente para garantizar los medios virtuales y presenciales para una enseñanza digna y segura, pero sí que se aseguran de cobrarnos la totalidad de las matrículas.
Una situación que se ha puesto de nuevo de manifiesto durante la época de exámenes y el repunte generalizado de casos de contagio, donde la mayor preocupación de las universidades ha sido sacar las evaluaciones adelante, lo mismo que el curso anterior. El plan de exámenes presenciales se mantuvo sin ofrecer alternativas online, generándose aglomeraciones en los pasillos de las facultades y en el transporte público. Pero según parece el Covid sólo se contagia en las manifestaciones de la izquierda que el Gobierno “progresista” viene ilegalizando.
Mientras tanto el desempleo y la pobreza se extienden entre la clase trabajadora y otros sectores populares como una pandemia paralela del propio capitalismo. En esta situación todavía se hace más difícil si no imposible estudiar en la universidad, porque muchas estudiantes no podemos pagar cientos y miles de euros de tasas. Sobre todo, de los másteres que, por si fuera poco, suelen ser imprescindibles para profesionalizarse y cada vez son más privativos. A lo que hay que añadir los gastos en materiales y recursos de cada asignatura, así como la manutención. Al tiempo que nuestras familias cada vez tienen menos recursos y nos golpea el desempleo y la precariedad laboral.
La universidad ya debería haber sido gratuita desde hace décadas y ahora el problema se hace mayor. Cuando además ya es gratuita o con tasas ínfimas en algunos países europeos o en territorios como Andalucía. Así que, si no tenemos una universidad totalmente gratuita, y esto incluye también a las personas migrantes a las que la universidad todavía les impone tasas mayores, es por falta de voluntad política. Tanto por parte de las jerarquías académicas, como por parte de los distintos gobiernos que sirven a los intereses del IBEX35.
Y esto incluye a los gobiernos que se denominan “progresistas”, como el estatal del PSOE y Unidas Podemos y su desastroso Ministro de Universidades, Manuel Castells, como a los gobiernos autonómicos que de hecho son los que más financian las universidades e imponen las tasas. En Aragón, donde también gobierna el PSOE y Podemos, la secretaria de universidades Maru Díaz, hablaba recientemente en una entrevista que ella es partidaria de la gratuidad, pero “a largo plazo”, como objetivo para 2030. Cuando de lo que se trata es de garantizar ya la gratuidad total para todo el mundo y las becas que sean necesarias para las estudiantes con menos recursos.
En definitiva, es necesario aumentar la financiación de la educación, dándole prioridad frente a los miles de millones que se dilapidan en cuerpos policiales y militares o en el pago de la deuda. Pero también con fuertes impuestos a las grandes empresas y fortunas millonarias que siguen enriqueciéndose en plena pandemia y que encima se sirven de la universidad y sus investigaciones, así como de otras financiaciones públicas, para desarrollar patentes privadas. Están incluso haciendo negocio con las vacunas contra el Covid, vendiéndolas al mejor postor y dejando sin acceso a los países más pobres.
Ahora bien, para revertir el actual modelo de educación neoliberal no podemos confiar en los gobiernos de turno ni en las promesas de partidos “progresistas”. El propio Gobierno “progresista” de Aragón apoyaba hace unas semanas el proyecto de establecer una nueva base logística militar de más de 300 millones de coste y que muchos partidos justificaban diciendo que generaría empleo, cuando deberían estar contratando personal docente y no docente en institutos y universidades, así como personal sanitario y de asistencia social.
Por eso las compañeras y compañeros que militamos en Contracorriente defendemos la autoorganización de las estudiantes, junto al resto de trabajadoras y trabajadores que también sufren la precariedad en los centros, para dar la pelea por una universidad totalmente pública, laica, gratuita y libre de precariedad laboral. Queremos arrancarles la gestión universitaria a la “casta” académica que desde sus cátedras e instituciones cobran cuatro, cinco o seis mil euros mensuales y no van a mover un dedo; como a los gobiernos de turno que anteponen los intereses de las grandes empresas y el pago de la deuda a la banca, antes que la educación o la sanidad.
Nos dejan sin estudiar, sin trabajar, sin posibilidades de independizarnos y encima nos criminalizan como responsables de los contagios o por luchar en las calles contra los ataques a la libertad de expresión y el encarcelamiento de raperos que cuestionan a una Monarquía corrupta. En definitiva, no dejan sin futuro, sumidos en la ansiedad y las depresiones. Por ello es necesario convertir la tristeza y la rabia en organización. |
